Experto en Derecho Penal Internacional y Justicia Transicional.
Ayer las instituciones pertenecientes al Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, entre otras organizaciones, se dieron cita en un hotel al norte de Bogotá; para hacer su balance de la Ley de Justicia y Paz que el pasado domingo cumplió sus primeros cinco años de existencia.
Como era de esperarse, las instituciones hablaron de los grandes logros de la Ley y el Proceso Especial de Justicia y Paz, como lo son las altas cifras de desmovilización, delitos imputados y restos mortales de víctimas encontrados en el proceso, que por estos días han sido bastante mencionadas por distintos funcionarios involucrados en el tema.
Sin embargo el gran acierto del evento no estuvo en la típica rendición de cuentas que caracteriza a los eventos institucionales sino en el esfuerzo de algunos de los miembros del panel por esbozar los retos que a futuro debe encarar el proceso, tras cinco años en la búsqueda de la Verdad, La Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición para las víctimas del conflicto armado en el país.
Tal es el caso de Maria Eugenia Pinto, Asesora de la Alta Consejería para la Reintegración quien, después de intervenciones un tanto confusas y sin un aporte significativo a la discusión como lo fueron las del Ministerio Público y la Fundación Antonio Restrepo Barco; logró despertar al público asistente con su tesis de que en Colombia no hay garantías de no repetición, dado que el conflicto persiste.
En su argumentación la señora Pinto puso sobre la mesa una gran realidad y es que no sirve de nada desmovilizar combatientes todos los días cuando también a diario miles de colombianos siguen reclutándose en las filas de los grupos armados al margen de la ley, lo que en sí mismo es un gran reto a futuro para el proceso de Justicia y Paz.
Pero la panelista fue incluso un poco más allá y antes de utilizar los ocho minutos de tiempo que tenía para hablar de las cifras y logros de la institución que representaba en dicho panel; hizo un llamado a pensar en la importancia que tiene para el país establecer una estrategia que desde la inversión social, evite la reincidencia y prevenga el reclutamiento de colombianos en las filas del conflicto. Muy bien por la señora Pinto, quien culminó su corta pero interesante intervención recalcando que es necesario crear mecanismos para lograr una desmovilización colectiva por parte de la subversión y el reorientar los esfuerzos hacia las causas sociales puede ser el camino.
En la misma línea estuvo León Valencia de la Corporación Nuevo Arco Iris, quien resaltó que para que el cuarto pilar de justicia y paz sea una realidad y las víctimas efectivamente puedan tener la tranquilidad de que los daños perpetrados no se repetirán, se debe enfocar el proceso en generar una política de inversión social que permita la prevención del crimen en todas las zonas del país, y no en ganar la guerra como ha sucedido durante los últimos ocho años de Seguridad Democrática.
Las intervenciones de los señores Pinto y Valencia, me hicieron reflexionar en una nueva política, digna de ser tenida en cuenta por el gobierno entrante y que yo me atrevería a bautizar como Seguridad Democrática Fase Dos o Seguridad Democrática Social; pues si bien es importante mantener los avances en términos de seguridad logrados, es también prioritario atender otros frentes como la inversión social.
Como bien lo enunciaron y argumentaron los dos panelistas que menciono en esta columna el mejoramiento de las condiciones sociales puede marcar el camino hacia la reconciliación y la igualdad en Colombia.
