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Multiplicación de las vías de reparación: Su éxito depende de la claridad en la aplicación

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Andreas Forer
01 de octubre de 2010 - 08:05 p. m.
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El deber de reparar los daños que han causado las décadas de conflicto armado en Colombia ha hecho que el tema, desde hace unos años y de manera paulatina, se ponga de primero en el orden de prioridades de la comunidad internacional, los movimientos sociales, las organizaciones de Derechos Humanos y algunos partidos políticos, y ahora, en la agenda del nuevo gobierno.

Tal es la gravedad e intensidad del problema que según los anuncios de los medios de comunicación, serán alrededor de 40 billones de pesos los que deben destinarse para la reparación de las víctimas del conflicto en el marco del proyecto de “ley de víctimas” que ha sido presentado recientemente en el Congreso de la República.

Sin embargo, la multiplicación desordenada de las formas como se pretende saldar esa deuda histórica con las víctimas puede llevar a  que no haya soluciones reales y duraderas, sino que, por el contrario, se genere un nuevo ‘vía crucis’ para los ya maltratados millones de colombianos que han sufrido durante años las consecuencias de vivir en medio de la guerra.

Hoy se proyectan al menos cinco sistemas de reparación que no son precisamente complementarios entre sí: la ley penal ordinaria, la Ley de Justicia y Paz, la reparación administrativa prevista en el Decreto 1290 de 2008, el proyecto de ley de restitución de tierras y el proyecto de ley de víctimas (y hasta la jurisdicción contecionso-administrativa cuando se trate de acciones u omisiones de servidores públicos). Cada uno de ellos, contempla un sistema de registro de víctimas, unas fórmulas propias para reparar –y como consecuencia- estándares probatorios diferentes para conceder el derecho y una institucionalidad particular a la cual debe acudir el reclamante.

En síntesis, para representar la situación con un ejemplo en el cual pueden sentirse identificados millones de colombianos, hoy hay víctimas, digamos de desplazamiento forzado, cuyo daño fue causado por miembros de algún grupo armado organizado al margen de la ley que hoy se encuentran desmovilizados en hechos sucedidos hacia el año 2005 o antes, y que, con el fin de exigir su legítimo derecho a la reparación, han recorrido tres caminos: han denunciado el hecho ante la Fiscalía, se han acreditado en el proceso de justicia y paz, y se han dirigido a Acción Social  para reclamar la indemnización administrativa.

Para ellos, tal vez el camino no ha terminado pues, de aprobarse los proyectos de ley de víctimas y de restitución que se encuentran en el Congreso, se abrirían un par de nuevas ‘opciones’, pero  ¿cómo decidir cuál de ellas es la mejor? ¿Será que una víctima desplazada en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza alcanzará los medios de discernimiento suficientes para saber y hacer seguimiento a las múltiples solicitudes de reparación que posiblemente ha presentado ante las múltiples instituciones dispuestas para ello? ¿Será posible hacer cálculos en términos de un proyecto de vida digno estando al mismo tiempo inscrito en múltiples registros de víctimas todos con diferentes exigencias, términos y formas de satisfacer el derecho?

Tengo serias dudas acerca de que la multiplicación de las formas de reparación, aunque tengan el noble propósito de cumplir una tarea pendiente del Estado, sean el medio más eficaz para superar la situación de las víctimas que demandan la satisfacción de su derecho. Por el contrario, creo que puede contemplarse con preocupación, la posibilidad de que este fenómeno se constituya en un nuevo medio de victimización que no arroje los resultados esperados, y que en su lugar, genere confusión y aumente expectativas que con seguridad no serán satisfechas, agravando un problema de sufrimiento e inconformidad generalizados con trágicas consecuencias para el país.   

En este sentido personalmente pienso que se va en un buen camino, en tanto se esta abriendo el debate sobre las formas mediante las cuales se va a reparar a las víctimas; sin embargo es prioritario hacer claridad en torno a la relación entre todas las formas de reparación y el modo particular como cada uno de estos mecanismos beneficiará a quienes lo necesitan.

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