La confirmación de la condena contra Leonidas Bustos como cerebro del Cartel de la Toga culmina un proceso en el que la Corte Suprema ha querido —con bastante demora— expiar sus culpas y lavar la purulenta mancha de corrupción que varios de sus miembros dejaron en la justicia colombiana. ¿Lo logró? Está por verse.
Entre el inicio de la magistratura de Bustos, el 1 de abril de 2008, y el fallo de segunda instancia, el 14 de octubre de 2026, transcurrieron casi dos décadas. No afirmo que empezara a delinquir al día siguiente de posesionarse, aunque cabe preguntarse si esa capacidad de torcer las normas se manifestó también en otros cargos que ocupó en la Rama.
A mi juicio, el Cartel de la Toga no empezó con Bustos ni termina con él, ni se limitó a la Corte Suprema. Tuvo antecedentes en aquella Sala Penal, objeto de convites de anfitriones polémicos como Ascencio Reyes y Giorgio Sale: las fiestas-homenaje en Huila que Reyes ofrecía a Yesid Ramírez, las comilonas en L’Enoteca y los “botines divinos” que recibía José Alfredo Escobar, entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.
No se olvide que ese Consejo elabora las listas de candidatos a la Suprema, cuyos miembros se eligen mediante cooptación mixta. Históricamente, los magistrados auxiliares suelen reemplazar a sus titulares. Conocer la corporación por dentro puede ser una ventaja; el problema aparece cuando el auxiliar replica el modelo delictivo de un titular que, además, fue su mentor.
Aquella Sala Penal llevó los procesos de la parapolítica. Su magistrado auxiliar “estrella” fue Iván Velásquez. Nadie niega la penetración paramilitar en el Congreso ni la frase de Mancuso según la cual “el 35 % del Congreso fue elegido en zonas de influencia de las AUC”. Pero, en su afán de sentar precedentes y enviar un mensaje ejemplarizante, la Corte también cometió —a mi juicio— excesos.
Ejemplos. Procesos tramitados en su totalidad ante jueces penales, incluso listos para sentencia, fueron remitidos a última hora a la Corte para fallar ella directamente, afectando garantías como la inmediación de la prueba, el juez natural y el debido proceso. Eran, además, decisiones de única instancia, pues aún no existía la doble instancia para aforados.
En el Cesar, la parapolítica borró a casi toda la clase congresional, con una excepción: Ape Cuello. Está el caso de Álvaro Morón Cuello, condenado pese a haber perdido la elección al Congreso que originó su proceso. Si los paramilitares dominaban el departamento, ¿cómo no lograron elegirlo? ¿Motivaciones políticas detrás del fallo?
En archivos de prensa encuentro denuncias según las cuales Ascencio Reyes habría recibido dinero de familiares de políticos investigados. Entre los nombres aparece el senador Julio Manzur, padre del hoy preso senador electo Wadith Manzur. ¿No recuerda ese esquema el que llevó a las condenas de Ricaurte, Malo y Bustos? ¿Era Reyes el “cobrador” de un cartel anterior? Averígüelo, Vargas.
La DEA destapó en 2017 lo que hoy conocemos como Cartel de la Toga, cuando Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, grabó en Estados Unidos a Luis Gustavo Moreno, entonces director anticorrupción de la Fiscalía. Sin esa intervención, quizá nunca habríamos conocido el mayor lunar en la historia de la Corte Suprema.
Pero, como dice una canción vallenata: “Yo no me como ese cuento” del Cartel de la Toga donde los únicos responsables son los ya condenados; “a ese cuento le hace falta un pedazo”. ¡Y bien grande!