Peligroso debate

La Constitución no debe ser un texto escrito en piedra, pero hay cambios que no es aconsejable introducirle a la Carta Política.

Me refiero al proyecto de acto legislativo que ampliaría la lista de objetivos del Banco de la República, consignada en el artículo 371, para que el Emisor propenda también por el pleno empleo y el crecimiento del sector productivo del país. El principal argumento sería que en el pasado reciente nuestro Banco Central ha hundido a diversos sectores productivos por estar demasiado enfocado en el control de la inflación.

La pregunta de fondo es si concentrarse en la inflación implica sacrificar la posibilidad de crecer y generar empleo, y la respuesta es no. El artículo 373 de la Constitución dice que el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda; no dice que lo haga a costa de otros objetivos, como el crecimiento y el empleo. De hecho, lo que implícitamente está consignado en el 373 es que el Banco de la República debe buscar el máximo crecimiento y el máximo empleo consistente con una meta de inflación dada.

Podría decirse, entonces, que si en el Banco Central hay preocupación por el empleo y el crecimiento, ponerlo explícitamente en la Constitución no sería grave. En esencia no lo sería, por lo que se dijo arriba, pero el gran riesgo es abrir la puerta a la discusión constitucional de para qué sirve una entidad como banco central. Habrá voces que pidan nuevamente crédito de fomento para el sector privado o una mayor participación del Gobierno en la Junta Directiva, y ahí sí habremos echado por la borda logros importantes en materia de banca central.

El Banco de la República no es una institución perfecta. Por supuesto que en su nueva encarnación desde la Constitución de 1991 ha cometido errores. Pero el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Otros países de la región están haciéndoles cirugías altamente peligrosas a sus bancos centrales. No nos dejemos contagiar por esa moda.