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Uno abre los periódicos del país y lo primero que se ve son muertos, asesinados, atentados, desorden público. De tarde en tarde se oyen por la ventana los que parecen disparos, lo sean o no. ¿Realidad, paranoia? Ambas cosas. Las estadísticas de inseguridad en Colombia no son las peores, pero asimismo distan mucho de ser aceptables, para no hablar de buenas. Obviamente las noticias, en las que lo corriente es tomar la parte por el todo y considerar que cualquier episodio le podría pasar a uno también, traen constantes ejemplos de crueldad y daño gratuito.
Colombia no ha llegado a una crisis como la vivida con las maras hace unos años en El Salvador, de suerte que no existe la pulsión de buscar un Bukele, si bien mucho menos estamos en Suiza o Suecia, donde la gente puede ir con joyas y celulares por la calle sin temer raponazos. En El Salvador el conflicto civil rompió el tejido social y el regreso de los delincuentes formados sobre todo en California familiarizó a miles de jóvenes con las armas y las drogas. Tan despistados estaban estos malandros que llenaron sus cuerpos de tatuajes, de suerte que las autoridades lo único que tenían que hacer era exigirles que se quitaran la camisa para detectar a los miembros activos de una mara. Claro que no todos los tatuados eran criminales, pero vaya y dígale eso don Nayib.
Pese a que en Colombia ha habido una leve reducción de las denuncias por hurto, no se siente una mejora en la percepción de seguridad. El hurto de celulares, con frecuencia por raponazo, suma en Bogotá varias decenas de miles de casos por año. En efecto, las modalidades más comunes son esta y el asedio de atacantes armados que van en dúos en motocicletas. Buena parte de los delitos no termina en una verdadera judicialización. Es cierto que las cárceles están muy llenas, aunque vaya que la calle es un lugar mucho peor para alojar delincuentes.
Las agresiones interpersonales y la violencia intrafamiliar son demasiado comunes y están en aumento, con las consecuentes lesiones, lo que ciertamente habla mal de nuestro sistema educativo. Rara que es la vida, los índices empeoran en los días festivos. Hay muchas personas que no saben festejar y manejar el alcohol, a pesar de que casi toda agresión de un borracho tiene antecedentes dolorosos. Sumemos a lo anterior el fortalecimiento del crimen organizado, la expansión de las economías ilegales y una mayor presencia de grupos armados, así como la ausencia de una política nacional de seguridad urbana articulada. La inmensa proliferación de motos se ha convertido en un elemento central en la inseguridad. La facilidad con que se bloquean las vías en el país es otro signo de dañina connivencia con los violentos.
Es obvio que el principal responsable de la inseguridad en el país es el ejecutivo, o sea el presidente de la República. La tal Paz Total ha sido un estruendoso desastre. Ni hablar, por ejemplo, de que la suspensión de las órdenes de captura a 23 cabecillas de las mafias en Medellín es un paso en el sentido equivocado, al igual que tantos otros dados por Petro. En 2018 el Clan del Golfo tenía aprox. 3.500 hombres; hoy son casi el triple, cerca de 9.000.
Se necesitan protocolos de seguridad, individual y colectiva, pues el desorden fomenta la inseguridad. Pase lo que pase, hay que evitar ciertos riesgos o reducirlos. Para bien o para mal, tenemos que esperar a que entre un nuevo gobierno y enfrente con nuevas armas y políticas la grave inseguridad colombiana, un determinante económico de primer orden.
andreshoyos@elmalpensante.com
