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El atentado contra Miguel Uribe Turbay era lo único que faltaba para que se concretaran las amenazas contra el Estado de derecho, que pueden producir daños permanentes en la institucionalidad colombiana. Por fortuna, Miguel Uribe sigue vivo, aunque muy grave. Vaya uno a saber si algo tan atroz frena a los impresentables e inmorales ministros, Eduardo Montealegre, exmagistrado, y Armando Benedetti, todo un malandro, quienes están gestando un golpe de Estado contra Colombia y los colombianos por evidente orden del presidente Petro. ¿Seguirá este señor alimentando el odio que sin duda tuvo mucho que ver con el atentado contra Uribe Turbay o nos dará por lo menos un respiro? Nian se sabe. Por lo pronto, se dejó de hablar por un rato del infame decretazo de convocatoria por decreto a la Consulta Popular, de obligatoria firma para todos sus ministros con la amenaza de que “ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va”. Dicho de otra manera, Petro exige a todo el gabinete cometer el delito de prevaricato, a sabiendas, o sea, con dolo. Claro, Montealegre no está incluido pues no se ha posesionado. ¡Tan cómodo él!
Ya veremos si siguen con la idea de suplantar a la Corte Constitucional (CC) y al Consejo de Estado (CE) a la hora de determinar si el ejecutivo puede convocar, de por sí y ante sí, la tal Consulta Popular para superar la negativa formal que dio la rama legislativa. En caso de que algo así se concrete, no quedará más que reaccionar de todas las formas posibles, con la única excepción de la violenta, empezando por tomarse las calles contra la arbitrariedad que cocina el gobierno. Repitamos que la decisión no le corresponde tomarla al ejecutivo sino a las cortes. Como ya lo dijo Humberto de la Calle: “Una consulta sin respaldo del Congreso es un golpe de Estado”.
Al señor presidente las instituciones le estorban y por eso quiere saltárselas por manteca. Pues bien, ni hablar de dejarlo. Hay que llenar las instancias respectivas de demandas de varios tenores. Porque el presidente no tiene el poder de decidir que los actos del Congreso son ilegales; esa tiene que ser una decisión jurisdiccional. Puede, sí, demandar los resultados ante los tribunales pertinentes. Reiteremos que quien firme el decreto que convoca a una consulta contraría la voluntad clara del Congreso y comete prevaricato.
Volviendo al atentado, sus autores dejaron varias pistas que les deberían producir dolores de cabeza. Por un lado fue capturado el autor material. Las imágenes que quedaron grabadas dirán si tenía cómplices entre la multitud, como cualquiera sospecha. De más está decir que el sicario corre grave peligro de muerte, pues a sus cómplices les ayudaría muchísimo borrarlo del mapa.
El contraste de todo ello con las acciones del chavismo original es muy claro. Tomemos el paro. En Venezuela fue convocado por los empresarios e ignorado por el gobierno; acá fue convocado por el gobierno e ignorado por los empresarios y la población.
Es más o menos obvio que el decretazo sería demandado de afán ante la CC, la cual casi con seguridad lo declararía inexequible de manera preventiva y en una fecha bastante anterior a la de la convocatoria de la consulta. Ahí, claro, a Petro no solo la quedarían dos vías: agachar la cabeza o lanzarse de lleno a la aventura golpista. Ojalá no haga lo segundo. De todos modos, en el caos presente abundan los grandes desplantes de cinismo.
