Colombia viene siendo víctima de una conspiración de las ías, nombre colectivo que aquí se les da a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, con extensión a otros organismos del Estado donde abundan los altos funcionarios y magistrados cuasi intocables.
Una razón de base para dicha conspiración es que a estos organismos no los controla nadie, así en el papel sus miembros deban responder ante la Comisión de Acusaciones (Absoluciones) de la Cámara de Representantes. Súmense a ello las ambiciones políticas de los jefes temporales de estas ías, casi todas infundadas y de imposible cumplimiento. ¿O acaso los lectores vieron en su momento o ven ahora presidenciables a Carrillo, a Néstor Humberto Martínez, a Montealegre, a Viviane Morales, a Sandra Morelli? Los pongo por orden alfabético para no tener que explayarme sobre cada persona.
A pesar de que no ha sido posible reformar en su fondo a la administración de justicia desde que fue promulgada la actual Constitución en 1991, hubo al menos un intento serio con el Acto Legislativo #2 de 2015, durante la segunda presidencia de Juan Manuel Santos. Sin embargo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible con base en la teoría de la sustitución de la Constitución (yo la llamé “sustitucionalismo”), espuria si las hay. Esta reforma incluía la convocatoria del necesario tribunal de aforados, que hubiera metido en cintura a las ías y sus abusos. Pero no, los magistrados fallaron en beneficio propio, pese a que algunos de sus antecesores estaban acusados de crímenes graves.
Entre varios ejemplos, bastaría pasearse por los absurdos “casos” que la actual Fiscalía les ha montado o ha revivido a Sergio Fajardo y a Aníbal Gaviria, ambos personas honorables, por lo que yo sé. No me voy a sumergir en las turbias aguas de las argumentaciones. Baste con decir que casi la totalidad del Estado colombiano vio subir en pesos el costo de sus deudas suscritas en dólares por cuenta de la devaluación, como sucede en la mitad del mundo. Según eso, tendría que haber centenares, si no miles de procesos abiertos análogos al que hoy afecta a Sergio Fajardo. En cuanto a Aníbal Gaviria, su acusación penal se deriva de las necesarias adiciones hechas a una carretera que hoy les sirve muchísimo a los antioqueños: la Troncal de la Paz en el Bajo Cauca, en particular el contrato que implicaba la construcción del puente sobre el río Nechí, sin el cual la carretera quedaba incompleta.
¿Dolo? Por ninguna parte asoma la cabeza en los dos casos citados. Porque vaya que sí hay ladrones al erario, aunque son otros y están en otra parte. ¿No circula por ahí una lista de elefantes blancos, es decir, de proyectos inconclusos que no sirven para ningún propósito? Casi todos esos casos deberían de ser objeto de investigación administrativa o penal. Es preciso concentrarse en el obvio despilfarro, pero no, a la Fiscalía lo que le arde es el bello puente sobre el río Nechí, que funciona de maravillas.
En apretada síntesis, las ías en Colombia desempeñan un papel contrario al de su diseño institucional y su supuesta utilidad. Es decir que no solo no combaten la corrupción con eficacia, sino que muchas veces enredan a funcionarios honestos, mientras los torcidos siguen su camino. Sí, aquí y allá han condenado a tal cual malandro, como sucedió con los hermanos Moreno Rojas, pero en los casos arriba citados el efecto de las ías es estrictamente contrario al propósito original.
Colombia viene siendo víctima de una conspiración de las ías, nombre colectivo que aquí se les da a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, con extensión a otros organismos del Estado donde abundan los altos funcionarios y magistrados cuasi intocables.
Una razón de base para dicha conspiración es que a estos organismos no los controla nadie, así en el papel sus miembros deban responder ante la Comisión de Acusaciones (Absoluciones) de la Cámara de Representantes. Súmense a ello las ambiciones políticas de los jefes temporales de estas ías, casi todas infundadas y de imposible cumplimiento. ¿O acaso los lectores vieron en su momento o ven ahora presidenciables a Carrillo, a Néstor Humberto Martínez, a Montealegre, a Viviane Morales, a Sandra Morelli? Los pongo por orden alfabético para no tener que explayarme sobre cada persona.
A pesar de que no ha sido posible reformar en su fondo a la administración de justicia desde que fue promulgada la actual Constitución en 1991, hubo al menos un intento serio con el Acto Legislativo #2 de 2015, durante la segunda presidencia de Juan Manuel Santos. Sin embargo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible con base en la teoría de la sustitución de la Constitución (yo la llamé “sustitucionalismo”), espuria si las hay. Esta reforma incluía la convocatoria del necesario tribunal de aforados, que hubiera metido en cintura a las ías y sus abusos. Pero no, los magistrados fallaron en beneficio propio, pese a que algunos de sus antecesores estaban acusados de crímenes graves.
Entre varios ejemplos, bastaría pasearse por los absurdos “casos” que la actual Fiscalía les ha montado o ha revivido a Sergio Fajardo y a Aníbal Gaviria, ambos personas honorables, por lo que yo sé. No me voy a sumergir en las turbias aguas de las argumentaciones. Baste con decir que casi la totalidad del Estado colombiano vio subir en pesos el costo de sus deudas suscritas en dólares por cuenta de la devaluación, como sucede en la mitad del mundo. Según eso, tendría que haber centenares, si no miles de procesos abiertos análogos al que hoy afecta a Sergio Fajardo. En cuanto a Aníbal Gaviria, su acusación penal se deriva de las necesarias adiciones hechas a una carretera que hoy les sirve muchísimo a los antioqueños: la Troncal de la Paz en el Bajo Cauca, en particular el contrato que implicaba la construcción del puente sobre el río Nechí, sin el cual la carretera quedaba incompleta.
¿Dolo? Por ninguna parte asoma la cabeza en los dos casos citados. Porque vaya que sí hay ladrones al erario, aunque son otros y están en otra parte. ¿No circula por ahí una lista de elefantes blancos, es decir, de proyectos inconclusos que no sirven para ningún propósito? Casi todos esos casos deberían de ser objeto de investigación administrativa o penal. Es preciso concentrarse en el obvio despilfarro, pero no, a la Fiscalía lo que le arde es el bello puente sobre el río Nechí, que funciona de maravillas.
En apretada síntesis, las ías en Colombia desempeñan un papel contrario al de su diseño institucional y su supuesta utilidad. Es decir que no solo no combaten la corrupción con eficacia, sino que muchas veces enredan a funcionarios honestos, mientras los torcidos siguen su camino. Sí, aquí y allá han condenado a tal cual malandro, como sucedió con los hermanos Moreno Rojas, pero en los casos arriba citados el efecto de las ías es estrictamente contrario al propósito original.