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El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, precandidato presidencial conservador para 2022, acaba de revelar unos cuadros aterradores. Los dos datos cruciales que figuran en ellos son: 1) en 2020 el tráfico de cocaína ingresó al país aproximadamente 10.000 millones de dólares, es decir, más que el petróleo y el carbón combinados; 2) el 74 % del tráfico de cocaína sale por el Pacífico —Tumaco, Buenaventura y los cientos de puertos improvisados que hay en el litoral—. Esto último habla muy mal de los sistemas de patrullaje en ese océano, pues por una vez los narcotraficantes van expuestos en sus embarcaciones o en los sumergibles detectables que utilizan. Las cifras son más o menos comparables a las de la época de Pablo Escobar y uno prefiere ni pensar en las de México.
Lo anterior ratifica que la guerra contra las drogas es el mayor fracaso sufrido por Colombia en sus 200+ años de historia. Así de sencillo. Nada se compara en monto, daño causado y consecuencias sociales, políticas y económicas, todas dañinas.
La cifra también explica varias cosas. La zona del Pacífico es la más pobre del país y eso pone a disposición del narco ejércitos de trabajadores necesitados. No por otra razón ha sido el Pacífico, incluida Cali, donde más dramático y violento fue el paro nacional reciente. Vaya que en el caos prosperan los narcopescadores de río revuelto. El Gobierno, que ya no sabe qué más pendejadas decir, insiste en que bajaron las hectáreas de hoja de coca cultivadas. ¿Y? Subió la productividad, así que problema resuelto. Lo otro que se ha sofisticado a morir es el mercadeo aplicado a la cocaína y a las drogas ilícitas, así como el modelo de negocios, por llamarlo de algún modo. ¿Ergo? Crece el mercado, pese a las ilusiones ilusas (sic) que algunos nos hacíamos de que el tal perico fuese desplazado por las drogas de diseño.
En fin, los 10.000 millones de dólares van a seguir desbaratando a Colombia y enriqueciendo a los malos. Aumentará la violencia contra líderes sociales, se seguirán corrompiendo la política y las elecciones, habrá nuevos burgueses garosos reclutados por la mafia. El monto, pese a su tamaño, no es ningún beneficio para el país pues causa daños y deterioros aún mayores que su presunto aporte financiero.
O sea que no hay otra salida a este laberinto que la legalización controlada y con impuestos. Porque lo otro que demuestran las cifras es que la gente quiere meterse sus pases de coca. No es asunto de los Estados prohibírselos, sino crear campañas sofisticadas de desestímulo al consumo y usar parte de lo recaudado en impuestos para el tratamiento de quienes abusan, ayudando a salvarse a quienes no saben cómo hacerlo. Pasó con el tabaco.
Aclaremos que las mafias creadas por la cocaína, en particular los carteles mexicanos —hoy dueños de ese negocio—, no van a desaparecer con la legalización; los que sí desaparecen son los 10.000 millones de dólares anuales en manos criminales. La minería ilegal, para mencionar apenas una alternativa, no genera ni una décima parte de las ganancias de la cocaína.
Los remedios para este mal son otro tema ineludible en la presente campaña política. Lástima, el propio Echeverry habla de la legalización posterior, cuando se pueda. Mientras, propone seguir en las mismas, o sea, nadando como mariscos podridos en una olla fétida. Fue lo que a su manera hicieron César Gaviria y Juan Manuel Santos, volverse legalizadores cuando ya pa qué.