La radicalización de los jóvenes se da por oleadas. Recuerdo bien la anterior, que en Colombia tuvo lugar en la primera mitad de los años setenta, porque en ese momento entré a estudiar y la Universidad de los Andes me recibió con un paro. Aquel fervor tuvo un mal destino: bastantes estudiantes radicalizados fueron a parar a los grupos armados, que a su vez destruyeron el movimiento estudiantil y socavaron la protesta social, pues quienes no aceptamos participar en actividades violentas quedamos en el limbo político y a poco andar proseguimos con nuestras vidas. Después, el reclutamiento armado y la proliferación de encapuchados sirvieron durante décadas como vacunas contra el resurgimiento del radicalismo masivo entre los jóvenes.
Eso fue entonces. Ahora la historia es otra y sería un acto de miopía imperdonable no entender que hay una nueva oleada de politización en amplios sectores de la juventud colombiana. Su destino ya no serán los grupos armados, sino tal vez los populismos que tanto daño han hecho a lo largo y ancho de América Latina. Sí, en varios países estos se baten en retirada —Maduro, Cristina Kirchner, Ortega, Lula, están de salida, al tiempo que AMLO es una incógnita—, pero no en Colombia, pues aquí el experimento populista, por así llamarlo, se ha truncado tres veces: con Gaitán, por cuenta del caldero que llevaba en la cabeza Juan Roa Sierra; con Rojas Pinilla, por cuenta del tongo en las elecciones de 1970, y con Petro, porque se pasó de locuaz en la campaña y se lo cobraron. En el interregno ensayamos el populismo de derecha de Álvaro Uribe, al que sobrevivimos bastante maltrechos.
Aunque existen varias vías para canalizar el radicalismo de los jóvenes, ninguna se acerca en eficacia ni por poco a fortalecer el acceso a la educación pública de calidad en todas sus modalidades. Quizá la mayor tragedia de no haber elegido este año a un candidato de centro, como Sergio Fajardo, es el tratamiento de segunda categoría que se anuncia para este tema en el presupuesto. Si Duque, Carrasquilla y María Victoria Angulo creen que el problema tiene hoy la dimensión que tuvo en 2002, se van a llevar tremendo susto. No hablo solo de las marchas y los paros en las universidades públicas, que tienen el bemol para perturbar el desarrollo académico, sino de la tracción que los populismos puedan lograr entre los jóvenes de cara a las elecciones del futuro.
No tiene mucho sentido hacer cuentas de detalle. Queda claro que las universidades públicas acreditadas están muy lejos de dar abasto. Para no volver con los datos de la Nacional, la Universidad de Antioquia acoge apenas al 10% de los aspirantes a ingresar en ella. Es un porcentaje irrisorio. El gasto anual promedio por estudiante que paga el Estado, según leí, fue de $4’785.000, es decir, 1.600 dólares mal contados, y los campus están destrozados. Cualquiera entiende que los recursos son limitados, que hay otras necesidades, pero pordebajear una que puede comprometer el futuro político del país constituiría un error histórico.
Podría hacerse un pacto ya: vender el 20% o el 30% de Ecopetrol, sin que el Estado pierda el control de la empresa, para invertir la gran mayoría de los recursos generados en infraestructura educativa, básica, universitaria y terciaria. Los gastos recurrentes, claro, deben pagarse con impuestos, por ejemplo, con un impuesto al patrimonio. Parece, sin embargo, que al Gobierno se le extraviaron las gafas para ver de lejos.
La radicalización de los jóvenes se da por oleadas. Recuerdo bien la anterior, que en Colombia tuvo lugar en la primera mitad de los años setenta, porque en ese momento entré a estudiar y la Universidad de los Andes me recibió con un paro. Aquel fervor tuvo un mal destino: bastantes estudiantes radicalizados fueron a parar a los grupos armados, que a su vez destruyeron el movimiento estudiantil y socavaron la protesta social, pues quienes no aceptamos participar en actividades violentas quedamos en el limbo político y a poco andar proseguimos con nuestras vidas. Después, el reclutamiento armado y la proliferación de encapuchados sirvieron durante décadas como vacunas contra el resurgimiento del radicalismo masivo entre los jóvenes.
Eso fue entonces. Ahora la historia es otra y sería un acto de miopía imperdonable no entender que hay una nueva oleada de politización en amplios sectores de la juventud colombiana. Su destino ya no serán los grupos armados, sino tal vez los populismos que tanto daño han hecho a lo largo y ancho de América Latina. Sí, en varios países estos se baten en retirada —Maduro, Cristina Kirchner, Ortega, Lula, están de salida, al tiempo que AMLO es una incógnita—, pero no en Colombia, pues aquí el experimento populista, por así llamarlo, se ha truncado tres veces: con Gaitán, por cuenta del caldero que llevaba en la cabeza Juan Roa Sierra; con Rojas Pinilla, por cuenta del tongo en las elecciones de 1970, y con Petro, porque se pasó de locuaz en la campaña y se lo cobraron. En el interregno ensayamos el populismo de derecha de Álvaro Uribe, al que sobrevivimos bastante maltrechos.
Aunque existen varias vías para canalizar el radicalismo de los jóvenes, ninguna se acerca en eficacia ni por poco a fortalecer el acceso a la educación pública de calidad en todas sus modalidades. Quizá la mayor tragedia de no haber elegido este año a un candidato de centro, como Sergio Fajardo, es el tratamiento de segunda categoría que se anuncia para este tema en el presupuesto. Si Duque, Carrasquilla y María Victoria Angulo creen que el problema tiene hoy la dimensión que tuvo en 2002, se van a llevar tremendo susto. No hablo solo de las marchas y los paros en las universidades públicas, que tienen el bemol para perturbar el desarrollo académico, sino de la tracción que los populismos puedan lograr entre los jóvenes de cara a las elecciones del futuro.
No tiene mucho sentido hacer cuentas de detalle. Queda claro que las universidades públicas acreditadas están muy lejos de dar abasto. Para no volver con los datos de la Nacional, la Universidad de Antioquia acoge apenas al 10% de los aspirantes a ingresar en ella. Es un porcentaje irrisorio. El gasto anual promedio por estudiante que paga el Estado, según leí, fue de $4’785.000, es decir, 1.600 dólares mal contados, y los campus están destrozados. Cualquiera entiende que los recursos son limitados, que hay otras necesidades, pero pordebajear una que puede comprometer el futuro político del país constituiría un error histórico.
Podría hacerse un pacto ya: vender el 20% o el 30% de Ecopetrol, sin que el Estado pierda el control de la empresa, para invertir la gran mayoría de los recursos generados en infraestructura educativa, básica, universitaria y terciaria. Los gastos recurrentes, claro, deben pagarse con impuestos, por ejemplo, con un impuesto al patrimonio. Parece, sin embargo, que al Gobierno se le extraviaron las gafas para ver de lejos.