He sido un decidido partidario del proceso de paz desde que el presidente Santos lo anunció en 2012. Acepté y defendí las concesiones razonables que hubo que hacer durante la negociación por entender que partíamos de un desbalance militar en favor del Estado, no de una derrota definitiva de las Farc. En cuanto a estas, las rechazo como la gran mayoría de los colombianos y no creo que se hayan vuelto mansas palomas. Ya se logró, en todo caso, lo más esencial —y en estos procesos suele haber varios esenciales—: las Farc se desarmaron en forma creíble y ahora deberán cumplir con sus obligaciones para poder acceder al beneficio de un castigo disminuido e intervenir en política.
Sin embargo, en el proceso de implementación han ido surgiendo peligros que podrían crear fuertes perturbaciones tanto en la campaña electoral de 2018, que ya empezó, como más adelante. El primer peligro reside en las actividades de la Csivi, fea sigla que resume el título pomposo de la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final”. Es un organismo paritario Gobierno-Farc que se ha dado a la tarea de trufar los proyectos presentados al Congreso con una cháchara absurda e innecesaria, la cual, según entiendo, podría tener considerables implicaciones legales posteriores.
Me parece razonable agregar un aparte A al artículo 22 de la Constitución para prohibir el paramilitarismo, así eche en falta en el texto la prohibición explícita de formar guerrillas. Otro cantar es que el artículo vaya acompañado de unas “Consideraciones generales” —¡de más 13.000 palabras!— que pretenden sintetizar la historia del paramilitarismo en Colombia. Aunque el texto incluye verdades, se vuelve falso por ser en extremo incompleto. Un ejemplo basta: en Urabá surgieron grupos paramilitares con el apoyo de la Fuerza Pública, pero no es menos cierto que al desmovilizarse el Epl las Farc diezmaron y masacraron a sus militantes, de modo que muchos pasaron de exguerrilleros a paramilitares. De otro lado, ¿cuánto paramilitarismo engendraron los más de 15.000 secuestros realizados por las Farc? Muchísimo. En fin, para dar una versión equilibrada del fenómeno, la dichosa reforma constitucional tendría que ir acompañada de un libro de 500 páginas.
El segundo peligro surge con los bienes que las Farc deben entregar para resarcir a sus víctimas. Uno entiende que el grupo tenía costos altos y que no todo el botín que nos exprimieron a las malas durante décadas sea hoy un patrimonio vigente. Pero de ahí a entregar una lista llena de bienes imposibles de identificar o de vender media un largo trecho. Además, se sospecha con fundamentos que las Farc intentan guardar un importante patrimonio para inclinar la balanza política en su favor en el futuro. Así, mientras las víctimas no han recibido todavía ni un centavo derivado del enrevesado proceso de reparación, las Farc se gastan un dineral en un concierto convocado para este viernes 1º de septiembre en la Plaza de Bolívar de Bogotá. En esta materia hay que respaldar con total claridad al fiscal Martínez. Si mañana aparecen grandes sumas de dinero en manos de las Farc, de inmediato se debe iniciar una investigación penal ordinaria por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En fin, si los señores de las Farc no entendieron que se sometían al Estado de derecho, de repente se llevan un gran susto uno de estos días.
andreshoyos@elmalpensante.com, @andrewholes
He sido un decidido partidario del proceso de paz desde que el presidente Santos lo anunció en 2012. Acepté y defendí las concesiones razonables que hubo que hacer durante la negociación por entender que partíamos de un desbalance militar en favor del Estado, no de una derrota definitiva de las Farc. En cuanto a estas, las rechazo como la gran mayoría de los colombianos y no creo que se hayan vuelto mansas palomas. Ya se logró, en todo caso, lo más esencial —y en estos procesos suele haber varios esenciales—: las Farc se desarmaron en forma creíble y ahora deberán cumplir con sus obligaciones para poder acceder al beneficio de un castigo disminuido e intervenir en política.
Sin embargo, en el proceso de implementación han ido surgiendo peligros que podrían crear fuertes perturbaciones tanto en la campaña electoral de 2018, que ya empezó, como más adelante. El primer peligro reside en las actividades de la Csivi, fea sigla que resume el título pomposo de la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final”. Es un organismo paritario Gobierno-Farc que se ha dado a la tarea de trufar los proyectos presentados al Congreso con una cháchara absurda e innecesaria, la cual, según entiendo, podría tener considerables implicaciones legales posteriores.
Me parece razonable agregar un aparte A al artículo 22 de la Constitución para prohibir el paramilitarismo, así eche en falta en el texto la prohibición explícita de formar guerrillas. Otro cantar es que el artículo vaya acompañado de unas “Consideraciones generales” —¡de más 13.000 palabras!— que pretenden sintetizar la historia del paramilitarismo en Colombia. Aunque el texto incluye verdades, se vuelve falso por ser en extremo incompleto. Un ejemplo basta: en Urabá surgieron grupos paramilitares con el apoyo de la Fuerza Pública, pero no es menos cierto que al desmovilizarse el Epl las Farc diezmaron y masacraron a sus militantes, de modo que muchos pasaron de exguerrilleros a paramilitares. De otro lado, ¿cuánto paramilitarismo engendraron los más de 15.000 secuestros realizados por las Farc? Muchísimo. En fin, para dar una versión equilibrada del fenómeno, la dichosa reforma constitucional tendría que ir acompañada de un libro de 500 páginas.
El segundo peligro surge con los bienes que las Farc deben entregar para resarcir a sus víctimas. Uno entiende que el grupo tenía costos altos y que no todo el botín que nos exprimieron a las malas durante décadas sea hoy un patrimonio vigente. Pero de ahí a entregar una lista llena de bienes imposibles de identificar o de vender media un largo trecho. Además, se sospecha con fundamentos que las Farc intentan guardar un importante patrimonio para inclinar la balanza política en su favor en el futuro. Así, mientras las víctimas no han recibido todavía ni un centavo derivado del enrevesado proceso de reparación, las Farc se gastan un dineral en un concierto convocado para este viernes 1º de septiembre en la Plaza de Bolívar de Bogotá. En esta materia hay que respaldar con total claridad al fiscal Martínez. Si mañana aparecen grandes sumas de dinero en manos de las Farc, de inmediato se debe iniciar una investigación penal ordinaria por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En fin, si los señores de las Farc no entendieron que se sometían al Estado de derecho, de repente se llevan un gran susto uno de estos días.
andreshoyos@elmalpensante.com, @andrewholes