El Estado es proclive a las ideas complicadas que, por su misma naturaleza, suelen extraviarse en un laberinto kafkiano a la hora de la ejecución y terminar beneficiando a muy pocos. Mucho se ha repetido una paradoja cruel que afecta a Colombia y es que por el efecto combinado de los impuestos y el gasto público la desigualdad se agrava, en vez de atenuarse. Esto implica que los ricos se apropian de una tajada demasiado grande de lo que ellos mismos o sus compañías pagan y, paradoja cruel, incluso de una parte de lo que pagan los pobres.
Las buenas intenciones abundan tanto como los malos resultados. Una buena intención puede ser, por ejemplo, ayudar a los más pobres, ya sea por altruismo o por razones políticas, como evitar las explosiones sociales, mejorar la distribución de la riqueza para acceder a la OCDE o fortalecer la democracia. La lista es larga y va llena de recriminaciones implícitas. Quienes con más acritud critican estas (¿malas?) intenciones detrás de las buenas no suelen tener, ellos tampoco, la fórmula mágica.
Leía yo con algo de envidia no hace mucho que un par de países ricos estaban adelantando planes piloto para otorgar a sus ciudadanos una renta básica universal. Ojo, no es solo para los pobres, sino para todo el mundo. La versión que está probando Finlandia consiste en dar 560 euros al mes a 2.000 ciudadanos seleccionados al azar entre los desempleados. Nada por el estilo está al alcance de Colombia, pues si apenas fueran 100 dólares, el programa costaría más de 40 mil millones de dólares al año, una cifra demencial.
Cuál no sería mi sorpresa cuando leí un artículo de Shamika Ravi en la edición de abril de Foreign Affairs, según el cual la India, un país de 1.300 millones de habitantes, quería intentar algo parecido. Me froté los ojos: ¿se había nacionalizado indio el rey Midas? No, el misterio está en el monto. Cito: “el Ministerio de Finanzas estimó que una suma modesta de cuatro dólares por persona al mes podría reducir el nivel de pobreza de India del 22 % al 7 %. El costo sería apenas del 2 % del PIB”. Claro, como corolario indispensable se deben desmontar otros programas de asistencia social para poder financiar este. Ya hablando de Colombia, la idea a mano alzada sería dar seis dólares al mes por persona, en el entendido de que las inscripciones podrían rondar los 30 millones de habitantes.
Dicha cantidad no tiene por qué afectar negativamente el empleo, pues no alcanza para vivir. Uno sospecha que, dado el monto ofrecido, quienes se inscribirían serían sobre todo las familias de estratos 1, 2 y parte del 3. Al ser universal, la renta básica no se presta para manipulaciones políticas, como sucedería si hay que demostrar un determinado nivel de pobreza. Los bancos, así deba ser ínfimo el porcentaje que cobren por los desembolsos, estarían felices dada la bancarización acelerada que se deriva del programa. Tal vez los burócratas que medran alrededor de las buenas intenciones serían los únicos opuestos a intentar algo semejante.
¿La única condición para el pago? Tener cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad y abrir la más básica de las cuentas bancarias. Obviamente que todo beneficiario tendría que registrarse. Al final, el país contaría con un termómetro potente para medir su salud financiera: a mayor bienestar, menor cobro de la renta básica, y viceversa. El pago, con el tiempo, podría subir en forma modesta, nunca bajar.
andreshoyos@elmalpensante.com, @andrewholes
El Estado es proclive a las ideas complicadas que, por su misma naturaleza, suelen extraviarse en un laberinto kafkiano a la hora de la ejecución y terminar beneficiando a muy pocos. Mucho se ha repetido una paradoja cruel que afecta a Colombia y es que por el efecto combinado de los impuestos y el gasto público la desigualdad se agrava, en vez de atenuarse. Esto implica que los ricos se apropian de una tajada demasiado grande de lo que ellos mismos o sus compañías pagan y, paradoja cruel, incluso de una parte de lo que pagan los pobres.
Las buenas intenciones abundan tanto como los malos resultados. Una buena intención puede ser, por ejemplo, ayudar a los más pobres, ya sea por altruismo o por razones políticas, como evitar las explosiones sociales, mejorar la distribución de la riqueza para acceder a la OCDE o fortalecer la democracia. La lista es larga y va llena de recriminaciones implícitas. Quienes con más acritud critican estas (¿malas?) intenciones detrás de las buenas no suelen tener, ellos tampoco, la fórmula mágica.
Leía yo con algo de envidia no hace mucho que un par de países ricos estaban adelantando planes piloto para otorgar a sus ciudadanos una renta básica universal. Ojo, no es solo para los pobres, sino para todo el mundo. La versión que está probando Finlandia consiste en dar 560 euros al mes a 2.000 ciudadanos seleccionados al azar entre los desempleados. Nada por el estilo está al alcance de Colombia, pues si apenas fueran 100 dólares, el programa costaría más de 40 mil millones de dólares al año, una cifra demencial.
Cuál no sería mi sorpresa cuando leí un artículo de Shamika Ravi en la edición de abril de Foreign Affairs, según el cual la India, un país de 1.300 millones de habitantes, quería intentar algo parecido. Me froté los ojos: ¿se había nacionalizado indio el rey Midas? No, el misterio está en el monto. Cito: “el Ministerio de Finanzas estimó que una suma modesta de cuatro dólares por persona al mes podría reducir el nivel de pobreza de India del 22 % al 7 %. El costo sería apenas del 2 % del PIB”. Claro, como corolario indispensable se deben desmontar otros programas de asistencia social para poder financiar este. Ya hablando de Colombia, la idea a mano alzada sería dar seis dólares al mes por persona, en el entendido de que las inscripciones podrían rondar los 30 millones de habitantes.
Dicha cantidad no tiene por qué afectar negativamente el empleo, pues no alcanza para vivir. Uno sospecha que, dado el monto ofrecido, quienes se inscribirían serían sobre todo las familias de estratos 1, 2 y parte del 3. Al ser universal, la renta básica no se presta para manipulaciones políticas, como sucedería si hay que demostrar un determinado nivel de pobreza. Los bancos, así deba ser ínfimo el porcentaje que cobren por los desembolsos, estarían felices dada la bancarización acelerada que se deriva del programa. Tal vez los burócratas que medran alrededor de las buenas intenciones serían los únicos opuestos a intentar algo semejante.
¿La única condición para el pago? Tener cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad y abrir la más básica de las cuentas bancarias. Obviamente que todo beneficiario tendría que registrarse. Al final, el país contaría con un termómetro potente para medir su salud financiera: a mayor bienestar, menor cobro de la renta básica, y viceversa. El pago, con el tiempo, podría subir en forma modesta, nunca bajar.
andreshoyos@elmalpensante.com, @andrewholes