Transporte para la inversión social

Creo que para todos son claros los impactos positivos que trae la Ley de Inversión Social que sancionó el presidente Iván Duque el pasado martes. Gracias a ella, se recaudarán más de 15 billones de pesos que le permitirán al Gobierno seguir ejecutando la ambiciosa agenda social que se puso en marcha para atender la pandemia.

Las buenas noticias son para todos. Para el transporte del país, por ejemplo, la ley plantea varias herramientas y ayudas para diferentes actores del sector. Uno de ellos son los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (Sitm), que fueron fundamentales para movilizar a los ciudadanos durante los momentos más duros del aislamiento, y que sufrieron grandes disminuciones en sus ingresos a raíz de las medidas de restricción del nivel de ocupación que debieron aplicarse para controlar la propagación del virus.

Conscientes de este impacto, la nueva ley habilita al Gobierno a financiar hasta el 50 % del déficit que haya causado la pandemia a los Sitm que están en operación en el país. En el Ministerio de Transporte estamos trabajando en la reglamentación de la metodología que permitirá calcular ese déficit, para que los Entes Gestores de los sistemas puedan certificar el impacto de estas medidas en sus finanzas.

Como se busca que sea una ayuda frente a las consecuencias asumidas por los sistemas al mantener su operación durante la pandemia, el financiamiento cubrirá el déficit generado desde que se decretó la Emergencia Sanitaria, el 12 de marzo del año pasado, y hasta que esta sea levantada.

En la Ley de Inversión Social también se incluyó que los proyectos que sean declarados de importancia nacional, que resulten estratégicos para la reactivación económica del país y tengan aprobación previa del Ministerio de Hacienda, puedan ser objeto del mecanismo de Obras por Impuestos. Esto abre la puerta a que más obras de infraestructura vial sean elegibles para este mecanismo, que permite a las empresas pagar un porcentaje de hasta el 50 % de su impuesto sobre la renta con proyectos de inversión que beneficien territorios. Vale la pena mencionar que gracias a Obras por Impuestos, el Invías ha supervisado y recibido varios tramos de vías terciarias en diferentes zonas del país.

Otra medida que favorecerá a los colombianos en su relación con el transporte es el alivio definido para quienes deban multas de tránsito que se hayan hecho efectivas antes del 30 de junio de 2021. Para facilitar su cancelación, la ley definió dos opciones especiales, en el caso de los vehículos: pagar el 50 % del valor total, sin intereses, durante los primeros ocho meses después de entrada en vigencia la ley; o pagar un 80 % del capital de la deuda, sin intereses de mora, al cancelar entre los ocho y 12 meses tras la entrada en vigor de la ley. Es importante aclarar que estas condiciones especiales de pago no se aplicarán para las multas que hayan sido impuestas a ciudadanos por manejar en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

Para las motocicletas, las opciones de pago serán cancelar el 20 % de la multa dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, el 40 % si lo hacen entre los seis y ocho meses siguientes, o el 60 % si el pago se hace entre los ocho y los doce meses siguientes. En los tres casos estarían exonerados de pagar los intereses.

Con esta Ley, que ayudará a más de 29 millones de colombianos, el Gobierno Nacional le apostó a una verdadera transformación social, involucrando medidas desde todos los sectores. Su sanción es una muestra del consenso logrado entre los diferentes estamentos del país. El reto ahora es poner en marcha las medidas definidas, para seguir reactivando el país.

* Ministra de Transporte