Empresa y paz

Uno de los aspectos que han sido menos notados en el inicio de estas nuevas negociaciones de paz es la presencia y participación sustancial de personas de extracción o afinidad empresarial en el equipo negociador del gobierno.

Frank Pearl fue en su momento nombrado Alto Consejero para la Reintegración (ahora Agencia Colombiana para la Reintegración) por su pasado en el mundo empresarial y por la expectativa de que, con él al frente de la tarea, se ganaría en gestión y en la capacidad de atraer el sector privado a la financiación y el apalancamiento de la enorme tarea de la reintegración.

De igual manera, Alejandro Éder, Alto Consejero para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Armados, tiene un pasado empresarial: Ha sido analista financiero y es miembro de la familia vallecaucana al frente de Manuelita S.A.

Sergio Jaramillo, hoy Alto Asesor Presidencial para la Seguridad Nacional, lideró antes la Fundación Ideas para la Paz, el centro de pensamiento que fue fundado a la luz del proceso del Caguán por los grandes empresarios colombianos para identificar y analizar los retos del postconflicto.

Finalmente, Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) hace más de quince años, es considerado uno de los líderes gremiales con mayor trayectoria y peso en la toma de decisiones económicas.
La presencia de estas personas en el equipo negociador es, en general, una buena señal. No porque lleven necesariamente la vocería de todo el sector privado; al fin y al cabo fueron nombrados para negociar a nombre del Estado colombiano, no a partir de un interés particular. Pero su sensibilidad hacia—y comunicación con—el sector del cual dependerá en buena parte la legitimidad de las negociaciones y, sobre todo, la implementación de los acuerdos auguran bien para las conversaciones que se inician.

La experiencia de decenas de otros procesos de paz en todo el mundo enseña que los empresarios juegan y deben jugar un papel fundamental tanto en las negociaciones como en la implementación de los acuerdos. Los empresarios controlan y generan una buena parte de los recursos necesarios para el desarrollo de un pacto de paz, no sólo por medio de la producción sino también de la tributación. Decisiones empresariales—como invertir, producir y emplear—limitan y condicionan la agenda y los alcances de una negociación. Los empresarios tienen la capacidad de atraer las nuevas inversiones y los recursos clave para apalancar las bases materiales de la reconciliación futura. Además, los empresarios tienen una capacidad de veto que define el alcance y la estabilidad de las políticas acordadas. En países en los que los empresarios han estado opuestos a los acuerdos, éstos han tenido dificultades en términos de implementación. En breve, cuando los empresarios deciden actuar en pro de la construcción de la paz sus acciones pesan más que la de muchos otros actores sociales.

Al mismo tiempo, el empresariado no es una categoría homogénea: no quiere ni puede lo mismo ante coyunturas políticas como una negociación de paz. Las divisiones internas—relacionadas en Colombia con las diferentes experiencias regionales con el conflicto armado así como con la pertenencia sectorial y con la nacionalidad de los capitales—determinan la forma que toma la participación y el interés en el proyecto de la paz. Esto es importante para quienes temen que la presencia empresarial en el equipo negociador represente algo así como una alianza de los ricos contra el pueblo. En la práctica, la capacidad empresarial no es ilimitada ni generalizable, y, por tanto, existe un amplio margen de maniobra para los negociadores y otros actores de la sociedad civil. Pero sin los empresarios a bordo el proyecto de paz en Colombia será mucho más difícil de alcanzar.

En primer lugar, es poco probable que prospere un proyecto de negociación de paz sin el aval de una masa crítica empresarial.
Con o sin proceso de paz, la acción de los empresarios, propónganselo o no, tiene efectos importantes en la sociedad y en la posibilidad de que se supere la crisis colombiana. Invertir, producir y emplear son decisiones que, si bien pueden tomarse en un vacío político, no son política ni socialmente neutras.

Para que el costo del conflicto se traduzca en acciones tendientes a superar la crisis se requiere más que la conciencia de que las cosas van mal. Se requiere que las estrategias alternativas, como irse del país o contratar una barricada de vigilancia privada, sean demasiado costosas, demuestren ser inefectivas o resulten inviables.

* Angelika Rettberg Directora y profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes