Uno de los temas álgidos en la agenda de La Habana será el relacionado con las penas y castigos que muchos claman se impongan a los guerrilleros desmovilizados, si eventualmente acceden a la desmovilización y el desarme.
En cualquier proceso de paz este tema de cárcel, cuándo, cuánto y quiénes puede ser determinante del éxito o fracaso. En efecto, más allá de los temas políticos de la agenda que atañen el desarrollo de la sociedad, está en juego la suerte de miles de combatientes individuales con récords más o menos sombríos de violaciones de Derechos Humanos a cuestas. Pocas veces hecho explícito, el cálculo de cada individuo respecto a sus responsabilidades en los abusos cometidos en el contexto de un enfrentamiento armado, así como las expectativas de favorabilidad en el caso de una transición puede determinar las posiciones y concesiones en la mesa de negociaciones. Dentro de las organizaciones armadas, la inminencia de la discusión sobre el futuro judicial de sus integrantes ha desatado ciclos de delaciones y difusión de responsabilidades.
Una encuesta realizada por la Fundación Social, la OIM, la Universidad de los Andes, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas en enero de este año sugiere algunas opiniones de los colombianos respecto a estos temas. En primer lugar, un 48 por ciento de la población opina que quienes se han desmovilizado voluntariamente deberían ir a la cárcel, un 39 por ciento que deberían recibir rebajas de penas con la condición de que digan la verdad y reparen a sus víctimas y un 12 por ciento que queden libres con la condición de que digan la verdad y reparen a sus víctimas. Por otro lado, un 51 por ciento opina que para el país es mejor darles los mismos beneficios legales a los guerrilleros desmovilizados que a los exparamilitares, con tal de que se desmovilicen y disminuya el conflicto, mientras que un 49 por ciento opina que para el país sería mejor no darles beneficios legales a los guerrilleros y que paguen penas más severas. Inherente en estas respuestas está la preferencia por el castigo, aunque hay una clara división entre quienes prefieren un tratamiento favorable y un castigo severo.
En relación con si las distinciones de rango dentro de la organización deberían afectar el tratamiento judicial recibido, el 56 por ciento, una mayoría clara, opina que el Estado tiene la obligación de tratar de castigarlos a todos porque de lo contrario se vulneran los derechos de las víctimas. Sin embargo, 11 por ciento prefiere que se castigue solamente a los líderes, 18 por ciento que se castigue solamente a quienes hayan cometido atrocidades y 11 por ciento que se empiece por castigar a los guerrilleros de base y después, cuando el proceso haya avanzado, a los líderes.
Preguntas y respuestas puntuales como estas son pistas ineludibles para quienes enfrentan el reto de ampliar o reestructurar los mecanismos de justicia transicional a la luz de los diálogos en marcha. No porque la opinión pública que captan estas encuestas deba ser una camisa de fuerza para los tomadores de decisiones: En general, pero sobre todo en situaciones de transición, los gobiernos pueden no hacer lo que las mayorías prefieren. Sin embargo, en la medida en que conozcan las opiniones de la población, podrán más fácilmente establecer tanto aquello que es más conducente para lograr la efectiva desmovilización de los grupos e individuos alzados en armas, como aquello que es política y legalmente viable en Colombia y a nivel internacional.
* Angelika Rettberg, Directora y profesora asociada Departamento de Ciencia Política Universidad de Los Andes
Uno de los temas álgidos en la agenda de La Habana será el relacionado con las penas y castigos que muchos claman se impongan a los guerrilleros desmovilizados, si eventualmente acceden a la desmovilización y el desarme.
En cualquier proceso de paz este tema de cárcel, cuándo, cuánto y quiénes puede ser determinante del éxito o fracaso. En efecto, más allá de los temas políticos de la agenda que atañen el desarrollo de la sociedad, está en juego la suerte de miles de combatientes individuales con récords más o menos sombríos de violaciones de Derechos Humanos a cuestas. Pocas veces hecho explícito, el cálculo de cada individuo respecto a sus responsabilidades en los abusos cometidos en el contexto de un enfrentamiento armado, así como las expectativas de favorabilidad en el caso de una transición puede determinar las posiciones y concesiones en la mesa de negociaciones. Dentro de las organizaciones armadas, la inminencia de la discusión sobre el futuro judicial de sus integrantes ha desatado ciclos de delaciones y difusión de responsabilidades.
Una encuesta realizada por la Fundación Social, la OIM, la Universidad de los Andes, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas en enero de este año sugiere algunas opiniones de los colombianos respecto a estos temas. En primer lugar, un 48 por ciento de la población opina que quienes se han desmovilizado voluntariamente deberían ir a la cárcel, un 39 por ciento que deberían recibir rebajas de penas con la condición de que digan la verdad y reparen a sus víctimas y un 12 por ciento que queden libres con la condición de que digan la verdad y reparen a sus víctimas. Por otro lado, un 51 por ciento opina que para el país es mejor darles los mismos beneficios legales a los guerrilleros desmovilizados que a los exparamilitares, con tal de que se desmovilicen y disminuya el conflicto, mientras que un 49 por ciento opina que para el país sería mejor no darles beneficios legales a los guerrilleros y que paguen penas más severas. Inherente en estas respuestas está la preferencia por el castigo, aunque hay una clara división entre quienes prefieren un tratamiento favorable y un castigo severo.
En relación con si las distinciones de rango dentro de la organización deberían afectar el tratamiento judicial recibido, el 56 por ciento, una mayoría clara, opina que el Estado tiene la obligación de tratar de castigarlos a todos porque de lo contrario se vulneran los derechos de las víctimas. Sin embargo, 11 por ciento prefiere que se castigue solamente a los líderes, 18 por ciento que se castigue solamente a quienes hayan cometido atrocidades y 11 por ciento que se empiece por castigar a los guerrilleros de base y después, cuando el proceso haya avanzado, a los líderes.
Preguntas y respuestas puntuales como estas son pistas ineludibles para quienes enfrentan el reto de ampliar o reestructurar los mecanismos de justicia transicional a la luz de los diálogos en marcha. No porque la opinión pública que captan estas encuestas deba ser una camisa de fuerza para los tomadores de decisiones: En general, pero sobre todo en situaciones de transición, los gobiernos pueden no hacer lo que las mayorías prefieren. Sin embargo, en la medida en que conozcan las opiniones de la población, podrán más fácilmente establecer tanto aquello que es más conducente para lograr la efectiva desmovilización de los grupos e individuos alzados en armas, como aquello que es política y legalmente viable en Colombia y a nivel internacional.
* Angelika Rettberg, Directora y profesora asociada Departamento de Ciencia Política Universidad de Los Andes