¡Justicia!

En esta columna advertimos la semana anterior que la Dimayor estaba exigiendo a los jugadores, para ser inscritos en la Liga Postobón que comenzó el fin de semana, la firma de un documento en el cual renunciaban a acudir a la justicia ordinaria cuando se viole un derecho fundamental, como puede ser el derecho al trabajo (se acabarían casos como los que en su momento pusieron en la picota el accionar de algunos directivos, como los de Yhony Ramírez, Julián Viáfara, Edwin Valencia y muchos más, y los jugadores quedarían indefensos ante ciertos atropellos).

De esta manera buscaba la dirigencia que los jugadores no volvieran a poner tutelas y así hacer lo que se les viniera en gana cuando de vetar a alguien por “cometer el pecado” de exigir sus derechos se tratara.

Varios equipos presionaron a sus jugadores hasta que ellos finalmente firmaron. Otros, como los de Millonarios, se negaron a hacerlo y algunos jugadores, como el arquero del Tolima, Anthony Silva, se negaron a jugar si a cambio de ser inscritos tenían que firmar ese documento.

Asimismo, algunos pocos periodistas denunciamos y repudiamos el hecho, pues consideramos que lo mínimo necesario para que nuestro fútbol se fortalezca es que los jugadores dejen de ser tratados como mercancía, como sucede en varios clubes, y empiecen a ser vistos como humanos. Total, los futbolistas son el activo más importante de este negocio. Invertir en su bienestar, en su formación, no sólo futbolística, sino personal y profesional, debería ser un principio para que cada día sea mejor. Ganarían todos, empezando por los mismos directivos, quienes seguro venderían más y mejor.

Acolfutpro, la asociación que defiende los derechos de los futbolistas y cuyo director ejecutivo y árbitro de la Cámara de Resolución de Disputas de la Fifa, Carlos González Puche, no es reconocido ni aceptado por el oficialismo del fútbol en el país, tomó cartas en el asunto y logró que el Ministerio de Trabajo le enviara una carta al presidente de la Dimayor indicándole que el documento en cuestión es ilegal y anticonstitucional.

En consecuencia, se reunirán Acolfutpro, Dimayor y la Federación. Todo apunta a que el famoso documento se declare no válido para quienes lo firmaron. Si esto se da, se habrá hecho justicia y ojalá que los directivos que querían ejecutar este atropello no tomen represalias, por fin reconozcan a la asociación de futbolistas y a partir de ahora lleguen a acuerdos que beneficien a las dos partes. Que entiendan que la mejor manera de hacer que el fútbol colombiano crezca es respetando íntegramente a sus jugadores.