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Los futbolistas se sentaron en el piso durante treinta segundos, antes del comienzo de cada juego. Algunos, como los de Millonarios, exhibieron pañuelos blancos que decían “No al veto, ley concertada con los futbolistas”.
A Acolfutpro, la agremiación de jugadores no reconocida por la Federación, se le ha subestimado. Se ha dicho que sus protestas son cosa de dos o tres exjugadores tinterillos que les sacan dinero a los futbolistas para hacer su negocio. La protesta del fin de semana demuestra que no: los jugadores están realmente unidos.
¿Y el Gobierno? Bien, gracias. A Coldeportes parece interesarle sacar pecho por las medallas y demás triunfos de los deportistas colombianos. Pero no ejerce, como corresponde, su rol de ente supervisor de las reglas establecidas por el Estado. Por su parte, el Ministerio de Trabajo se reunió con los dirigentes para diseñar una ley que regule la profesión de futbolista, olvidando un pequeño detalle: los futbolistas no están en dicha mesa.
Hasta ahora, los jugadores han tenido que reclamar a punta de tutelas y demandas ante los evidentes abusos e incumplimientos de parte de sus patrones. Como consecuencia, son muchos los casos en los que los jugadores que han acudido a la justicia han sido vetados por los demás clubes, quedándose sin trabajo o teniendo que buscarlo en otras actividades o fuera del país, en lo que constituye un claro atentado contra el derecho fundamental al trabajo.
Lo más triste es que la solución está al alcance de la mano. La FIFA ordena la constitución de la cámara de resolución de disputas y la ley colombiana permite la creación de un pacto colectivo de trabajadores que puede regir las normas relativas a su actividad. A hoy, no hay pacto colectivo y la cámara no cuenta con representantes de los futbolistas.
En la página de internet de la FIFA se puede leer claramente que esta cámara debe estar integrada por igual número de miembros de representantes de futbolistas como de clubes, y uno más, elegido de común acuerdo. La Federación y la Dimayor pretenden que esta cámara esté conformada por tres miembros de la dirigencia y dos de los jugadores, de ahí no se mueven. Sólo les interesa proteger a quienes tanto mal le hacen al fútbol colombiano. La principal razón: los votos de los clubes son los que ponen y quitan al presidente de la Dimayor y todo el dinero que ello significa. En cambio, al gobierno del “amiguismo” tampoco parece interesarle velar por el bien de la mayoría, en este caso el de los cerca de 1.300 futbolistas que operan en nuestro país. Invertir en el bienestar de la materia prima, los jugadores, no es la consigna.
