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Peló el cobre. El alcalde Federico Gutiérrez, o ‘Fico’, así conocido en todos los mundos, altos y bajos, reiteró por estos días su catadura de negacionista, y lo hizo con el más doloroso hecho de la historia reciente de Medellín. Porque la denominada Operación Orión, adelantada en octubre del 2002 por su jefe, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, dejó 88 muertos, 95 desaparecidos, 370 detenidos y una Escombrera en donde hoy la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas escarban y desentierran sus víctimas.
Colectivos de jóvenes grafiteros, junto con las denominadas madres y mujeres buscadoras de sus familiares desaparecidos, quisieron artísticamente reivindicar sus voces que, por más de 20 años, denunciaron valientemente los horrores de la operación militar de marras que contó con el apoyo de grupos paramilitares, e insistieron en que en La Escombrera estaban los cuerpos de sus seres queridos. “Las cuchas tienen razón” fue el grito dibujado en las paredes, al lado de la figura de Álvaro Uribe con su conocido grito “Yo di la orden”, que quiso ser silenciado con la decisión negacionista del alcalde Federico Gutiérrez al borrar la obra y el mensaje de artistas y víctimas. El negacionismo que Fico ya había practicado en su primera alcaldía, esta vez lo precedió Polo Polo en el Congreso de la República en un grotesco acto contra las Madres de Soacha, junto a una reiterada narrativa de la derecha.
Políticamente, en el campo de la memoria y los derechos humanos, el negacionismo surgió como un dispositivo para negar hechos históricos de horror y violencia como el Holocausto Nazi, que se extendió al ocultamiento de otros genocidios como los ocurridos en las dictaduras de Franco en España o en los regímenes militares en América Latina. El término “negacionismo” surge en el contexto político y académico francés, en cabeza del historiador Henry Rousso (1987), quien sustituyó el término “revisionismo” que hasta entonces dominó el debate sobre la memoria y la verdad del Holocausto. Hay negacionismo literal y explícito como la burda negación de los hechos y sus comprobaciones científicas, o unos más sutiles, como la pregunta perversa por la magnitud de los crímenes, el número de las víctimas o la legitimidad de sus denunciantes. El relato negacionista busca evitar las consecuencias políticas y penales del horror.
La Europa democrática de la postguerra ha enfrentado el negacionismo con su sanción penal, tipificando como delito la negación de crímenes de lesa humanidad, la incitación al odio, las conductas degradantes o de hostilidad hacia las víctimas o las minorías. La mayoría de Estados de Europa han adoptado leyes de memoria que penalizan el negacionismo, en cumplimiento de la Decisión Marco 2008 de la Unión Europea, que obligó a todos sus Estados miembros a adoptar las medidas necesarias en sus legislaciones para castigar aquellas conductas intencionadas que negasen o trivialicen crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. En nuestro vecindario latinoamericano, países como Chile y Argentina han replicado este tipo de legislación, reforzadas por el pronunciamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que acordó a comienzos del 2022 una resolución para combatir el negacionismo. Y en Colombia, la Ley 1448 del 2011 o Ley de Víctimas, establece obligaciones para los servidores públicos en la garantía y protección de todos los derechos de las víctimas del conflicto armado interno.
‘Fico’ el negacionista ofende a las “Cuchas” y sus derechos a la memoria y la verdad, desacata acuerdos internacionales que comprometen a Colombia ante el mundo y viola la ley. Su conducta merece ser castigada penal y disciplinariamente de inmediato, para que no siga pelando el cobre, y se le dé un “tatequieto” a los negacionistas de todos los pelambres.
Por Antonio Sanguino
