La derecha antipetrista, vía Consejo Nacional Electoral, ha hecho gala de un derroche de torpeza política. El pliego de cargos que acaba de formular contra la campaña presidencial del Pacto Histórico, al incluir inconstitucionalmente al propio presidente de la República, le ha regalado una buena dosis de munición a su narrativa de “un golpe blando”. Según Petro, estaría en marcha una operación para interrumpir su mandato, sacarlo de Palacio y sabotear las reformas promovidas por su gobierno.
Torpeza porque escogió al más desprestigiado de los organismos de nuestro sistema político, que lejos de un tribunal electoral es un refugio de políticos cuestionados y juristas de leve trayectoria. Porque allí encomendaron liderar la investigación a Álvaro Hernán Prada, un uribista purasangre con líos judiciales por soborno de testigos, como para que no quedara duda de los perversos intereses políticos en el proceso. Porque en el pliego de cargos revuelven malévolamente la financiación de la campaña al Congreso de la República con la Presidencial. Y porque convierten en sancionables administrativa y hasta penalmente los aportes de organizaciones sindicales como Fecode y la USO a los partidos que avalaron la candidatura de Petro, desconociendo que estos no son exactamente gastos de campaña.
No existe antecedente en la poco célebre historia del CNE que se haya llegado a esta instancia procesal con campaña electoral alguna y menos que se haya atentado contra el fuero presidencial de ningún presidente en ejercicio. Y ello resulta inverosímil en un sistema político como el nuestro con un problema crónico de violación de topes electorales de las campañas de los candidatos del establecimiento político o de financiación ilegal con dineros del narcotráfico desde los tiempos de Turbay Ayala o de fenómenos de corrupción como el de Odebrecht o de una combinatoria de actividades delictivas como el de la Ñeñepolítica.
Es inocultable la pretensión de que esta investigación contra el presidente Petro trascienda al terreno penal, abriéndole paso a la aplicación del artículo 109 de la Constitución que establece que la violación de los topes electorales “debidamente comprobada, será sancionada con la perdida de investidura”. Y allí es donde el temor del “golpe blando” adquiere justificación, no solo porque se ha aplicado en seis ocasiones en el vecindario latinoamericano con gobernantes de izquierdas, sino porque este nuevo episodio se suma a una sistemática pretensión de bloqueo institucional al gobierno desde el Congreso de la República y otros poderes públicos.
Confío, como varios analistas, en que nuestra tradición democrática no permitirá desafuero de tal tamaño contra Petro y la alternancia política izquierda-derecha en Colombia. Pero como lo advierten documentadamente Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su reciente texto “Dictadura de la minoría”, los sectores políticos enemigos o”desleales” con la democracia abusan de los vacíos legales, hacen un uso excesivo e indebido de la ley o acuden a su aplicación selectiva, para desplegar el “Law fare” o “golpe bando” a cambio de los “pinochetazos” del pasado. Solo que su torpeza no los deja.
Por Antonio Sanguino
