El atentado al presidente Iván Duque, como era de esperarse, causó una ola de solidaridades y de rechazos a los actos violentos. Además, el presidente hizo de ese atentado un hecho para mejorar su imagen; victimizarse y salir a hablar duro en sus pronunciamientos oficiales. Pero, en el fondo, la situación es compleja y el atentado demuestra la profunda crisis de seguridad que atraviesa el país y la mala gestión que ha hecho Iván Duque en esta materia. Los datos son más que increíbles.
Por un lado, cuando llegó el gobierno Duque las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc operaban en 56 municipios de los más de 1.100 que tiene el país. En la actualidad, casi tres años después de su posesión presidencial, las disidencias operan en más de 150 municipios, un crecimiento del 200%. El Eln pasó de operar en 99 municipios a más de 170 en el mismo periodo de tiempo y lo del Clan del Golfo también es increíble. Obviamente, este panorama de crecimiento criminal se traduce en que hay zonas del país donde la presencia de la Fuerza Pública no da abasto y los criminales mandan. El mejor ejemplo es el Pacífico nariñense: allí, una decena de organizaciones criminales se disputan la zona metro a metro y hay territorios que podrían denominarse liberados, donde no entra la institucionalidad.
Son seis las zonas más complejas del país en materia de seguridad: el Pacífico nariñense, el sur del departamento del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, el norte del Cauca, el Catatumbo y la zona metropolitana de Norte de Santander. Con tendencia a complicarse están el Bajo Putumayo, el Guaviare y la zona del norte del Caquetá y sur del departamento del Meta.
Al crecimiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales se le suman el asesinato de líderes sociales, las decapitaciones y los descuartizamientos, así como los carros bomba y el desplazamiento forzado que se incrementa día a día.
Si bien el uribismo y el Gobierno intentan culpar al proceso de paz, al anterior gobierno o a una supuesta conspiración de la izquierda internacional, de lo cual no han mostrado una sola evidencia, la realidad es que la explicación golpea de forma directa a la administración Duque. No hay una política de seguridad, hay problemas de dirección y coordinación, además las estrategias militares en terreno son las mismas de hace varios años. No lograron entender que luego de la firma del proceso de paz la realidad del crimen cambió, es decir, aún se lee la seguridad como cuando existían las Farc, donde había estructuras jerarquizadas, con mandos claros e identificables. Pero todo eso cambió y la Fuerza Pública no ha logrado cambiar la estrategia.
Todo indica que en lo que queda de administración Duque la situación irá empeorando; además, por ser año preelectoral, la situación al menos hasta junio de 2022 no va a mejorar. Hay dos preguntas en este punto: la primera es por qué sucede esto con un Gobierno que supuestamente era bueno en seguridad y ganó las elecciones del 2018 con ese discurso. La segunda pregunta es por la estrategia electoral del Centro Democrático: ahora vender miedo no les será tan rentable, o tal vez sí pero, producto de lo mal que lo hicieron, quizás no sean la primera opción en materia de seguridad.