El panorama para Colombia no podía se peor, se le podría denominar la tormenta perfecta: una crisis económica que deja cerca de un 15 % de desempleo y con un retroceso sustancial en los temas de lucha contra la pobreza. Igualmente, una crisis política profunda que tiene, de fondo, la imagen negativa del presidente Duque; una crisis social que queda demostrada en el descontento social y, lo peor, una fuerte crisis en materia de seguridad.
En materia económica, si bien cuando se aprueben las vacunas y comiencen a llegar al país habrá una ola de optimismo, lo cierto es que el proceso de recuperación será lento y se requerirá una reforma tributaria. En materia política, el presidente Duque vivirá un verdadero viacrucis que le hará inestable la gobernabilidad que logró hace pocos meses en el Congreso. En materia social, si bien hay una incertidumbre sobre el 2021, también se puede decir que varios sectores políticos harán hasta lo imposible para sacar gente a la calle y motivos hay suficientes. Pero lo peor se vive en materia de seguridad.
Los años preelectorales tienden a ser bastante violentos; por ejemplo, en 2019 la violencia política se disparó previo a elecciones, aunque el día D fue bastante pacífico. Para el 2021, cuatro fenómenos hacen prever un año muy violento. El primero es lo que se denomina el “empate técnico negativo” que hay entre grupos criminales y grupos armados ilegales. Luego de la dejación de armas de las Farc se presentó una guerra por el control territorial en varias regiones del país, lo cual era relativamente esperable. Igual pasó cuando se dio la desmovilización paramilitar: la guerra estalló entre 101 grupos. Sin embargo, estas disputas duran dos años o máximo dos años y medio. El problema es que, en la actualidad, esa disputa lleva casi tres años y no se ve a la vista un ganador. Todos los grupos son igual de débiles o fuertes. Ese empate técnico negativo lleva, a su vez, a una degradación de la violencia. Eso, en parte, es lo que explica las cerca de 80 masacres ocurridas en lo que va del año. Todo indicaría que aún falta un año de disputa degradada.
Además, como combustible para la tormenta perfecta hay una bonanza de las economías ilegales: hay zonas del país donde el gramo de pasta base de coca se está pagando casi a 3.000 pesos; hace un tiempo, el precio rondaba los 1.900 pesos. La economía de la trata de personas, debido a la situación venezolana, se ha disparado y en Colombia hay un mercado ilegal creciente en esa materia. Pero lo más delicado se vive en el tema de minería ilegal. En agosto de 2018 la onza de oro costaba 1.200 dólares y actualmente está cerca a los 1.900 dólares. Esto podría llevar a una de las tragedias ambientales más grandes del país: miles de personas irán a la minería ilegal e incluso es posible que los cultivos de coca bajen debido a que muchos campesinos preferirán la economía del oro. Toda esta bonanza ilegal significa más dinero para las organizaciones criminales.
A todo lo anterior se le agrega la ausencia de una política de seguridad por parte de la administración Duque. Hay una mezcla de prejuicios, posiciones ideológicas y mucho desconocimiento. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, manifestó que para reducir las masacres se iban a fumigar cultivos de uso ilícito. Más allá de lo efectivo o no que sea fumigar, el ministro, al parecer, confunde una política de lucha contra las drogas con una política de reducción de indicadores de seguridad.
La tormenta perfecta en materia de crisis de seguridad, en un año preelectoral, tiene una de sus consecuencias más dramáticas no solo en que las masacres continuarán, sino también en la victimización a líderes sociales. Como se sabe, el 2020 será uno de los peores años en esta victimización y el 2021 no pinta muy bien.
