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9 Sep 2021 - 5:30 a. m.

La violencia electoral en Colombia

Ariel Ávila

Ariel Ávila

Conflicto, territorio

A ocho meses de que se lleven a cabo las elecciones al Congreso de la República, ya se registran 36 víctimas de violencia electoral y 29 hechos asociados. Entre el 13 de marzo de 2021 (día que marcó el inicio del calendario electoral) y el pasado 23 de agosto, excluyendo los hechos perpetrados contra personas líderes y defensoras de derechos humanos, en el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES) cada cuatro días se contabilizó una víctima de violencia político-electoral en Colombia[1]. Dentro de los hechos se registraron seis homicidios y 23 amenazas.

El informe de la Fundación Paz y Reconciliación recuerda que en 2019, previo a que se llevaran a cabo las elecciones para escoger alcaldes, concejales, diputados, gobernadores y ediles, Pares realizó cuatro informes de violencia electoral en los que reveló cómo, durante el calendario electoral, algunas de las personas aspirantes a los distintos cargos, funcionarios públicos, integrantes de partidos políticos, autoridades indígenas, periodistas y denunciantes de corrupción electoral fueron víctimas de diferentes hechos de violencia en la mayor parte del territorio nacional.

Este escenario tiende a empeorar en el contexto nacional debido al fortalecimiento de fuerzas políticas alternativas frente a las clases políticas tradicionales. De acuerdo con los resultados que arrojaron las investigaciones de Pares realizadas en 2019, la violencia electoral dejó 230 víctimas en 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios. Tres de cada 10 víctimas de este tipo de violencia formaban parte de sectores de oposición al Gobierno Nacional.

El pasado 12 de marzo de 2021, a través de la Resolución 2098, la Registraduría Nacional del Estado Civil publicó el calendario electoral de cara a los comicios que se realizarán el 13 de marzo de 2022 para escoger a las personas que ocuparán una curul en el Congreso. De acuerdo con el documento, el 13 de marzo inició el proceso electoral[2].

Según ese mismo calendario, el cierre de inscripción de quienes quieran lanzarse por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales será el 13 de noviembre de 2021. Asimismo, el cierre de inscripción de candidaturas será el 13 de diciembre y desde esa fecha se iniciará la propaganda publicitaria haciendo uso del espacio público.

Durante los primeros cinco meses del calendario electoral (13 de marzo - 23 de agosto del 2021), Pares registró 29 hechos violentos que han dejado un saldo de 36 víctimas:

La violencia electoral en Colombia
Foto: Pares

Estos hechos ocurrieron en 15 departamentos del territorio nacional. El 66,7% del total de las víctimas se concentraron en Antioquia (5), Magdalena (5), Bogotá (4), Valle del Cauca (4), Atlántico (3) y Tolima (3).

En menor proporción, los siguientes departamentos registraron víctimas de hechos violentos: Córdoba (2), Cesar (2), Putumayo (2), Bolívar (1), Caquetá (1), La Guajira (1), Meta (1), Santander (1) y Sucre (1). Frente a este escenario, llama la atención que, en comparación con las víctimas registradas en los primeros informes del 2019, vuelven a aparecer Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá y Tolima entre los lugares de mayor riesgo.

Las víctimas

Cabe resaltar que del total de los hechos registrados (29), 23 han sido amenazas y seis han sido homicidios:

Sobre esto, es necesario mencionar que los perfiles más victimizados han sido funcionarios públicos de elección popular (47,22%). Dentro de este segmento, los concejales han sido los más afectados con seis (6) casos (todos correspondientes a amenazas); les siguen seis (6) alcaldes, dos (2) ediles, dos (2) diputados y una (1) representante a la Cámara. El siguiente perfil más victimizado es el de miembros de partidos políticos, con cinco (5) casos, y en tercer lugar se encuentran periodistas con cuatro (4) casos:

En esta etapa preelectoral, los sectores más victimizados han sido aquellos que, a nivel local, según el Estatuto de Oposición, hacen parte de las coaliciones de gobierno. Esto significa que los partidos que se declararon en gobierno a nivel local son los que han tenido mayor tendencia a ser sujetos de hechos victimizantes. Esto coincide con partidos alternativos que, luego del cambio político en muchos municipios donde llegaron a gobernar, empiezan a ser amenazados por la violencia:

Llama la atención que existe también una violencia significativa contra aquellas personas que son servidoras públicas o denunciantes de corrupción:

1. Contra los partidos de gobierno se registraron 15 hechos (42%).

2. Contra partidos de oposición se registraron 10 hechos (28%).

3. Contra partidos independientes se registraron cuatro hechos (11%).

4. Finalmente, debido a que en el seguimiento se registran funcionarios públicos y periodistas, no es posible asignarles una coalición oficial, por lo que en el 19% de los registros (siete hechos) no fue posible identificar una alineación partidista.

A nivel de partidos, la cifra de víctimas está concentrada en partidos alternativos emergentes, a excepción del Partido Liberal (17%), siendo los miembros del Partido Alianza Verde (29%), MAIS (13%) y Colombia Humana UP (13%) los más victimizados.

Notas

[1] El presente informe registra hechos victimizantes en contra de funcionarios públicos, personas precandidatas y candidatas, militantes políticos, autoridades indígenas y denunciantes de corrupción. Se excluyen de este reporte los casos de violencia en contra de personas líderes y defensoras de derechos humanos debido a que Pares realiza un especial periódico dedicado exclusivamente a la situación de esta población.

[2] Registraduría, Resolución 2098 de 2021.

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