28 Jan 2021 - 3:00 a. m.

Un acuerdo para la corrupción

Ariel Ávila

Ariel Ávila

Columnista

La Fundación Paz y Reconciliación ha realizado una investigación en torno al manejo de los recursos públicos para atender la pandemia de COVID-19. El último informe publicado da cuenta, al menos, de dos cosas:

1. Duplicidad de funciones

Mediante el Decreto 444 de marzo de 2020, se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), a cargo del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de atender la pandemia, el cual se rige por el derecho privado (artículo 6). Un “mico” sobre el cual nadie prestó atención en su momento.

Luego, salió el Decreto 559 de abril de 2020, mediante el cual se creó la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID-19, en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad a su vez adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en cabeza de Diego Molano; también con el objetivo de atender la pandemia y contratar en el régimen privado (artículo 4).

Incluso, el manual de contratación de la Subcuenta COVID-19, emitido por la UNGRD por medio de la resolución 0296 de mayo de 2020, estableció que el marco legal y régimen aplicable debía someterse a las normas de derecho privado.

Aunque pareciera una leve coincidencia, se trata de una duplicidad de funciones en fondos controlados por el Ministerio de Hacienda y la UNGRD, respectivamente, para la atención de la pandemia. Un hecho que le pasa factura al país en 2021 por haber permitido que se socavara la transparencia mediante la contratación privada que rigen al FOME y la Subcuenta Covid-19 del FNGRD en la compra de las vacunas también.

2. Ocultamiento de información

Se ha dicho en los últimos días que los contratos de las vacunas no se revelan debido a acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, la Fundación Paz y Reconciliación encontró que, desde mayo de 2020, el Gobierno Nacional decidió trasladar toda la responsabilidad de la contratación del Ministerio de Salud y de la asistencia humanitaria a la UNGRD, entidad encargada del FNGRD y la Subcuenta COVID-19. Esto se perfeccionó mediante acuerdos de entendimiento y colaboración entre el Ministerio de Salud y la UNGRD, los cuales incluyen como responsabilidad del primero (Minsalud) la elaboración de los contratos, mientras que el segundo (UNGRD) se encarga de su convocatoria y ejecución.

Sin embargo, llama la atención que, además de que el régimen de contratación de la Subcuenta Covid-19 administrada por la UNGRD es privado y que trasladaron competencias del Minsalud a la UNGRD artificiosamente, el acuerdo firmado desde el 11 de mayo de 2020 incluye una cláusula de “DIFUSIÓN, RECIPROCIDAD Y CONFIDENCIALIDAD”, en la cual se obliga a ambas entidades a “no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación reservada toda la información referente a la ejecución del presente convenio”, como consta en el artículo sexto.

Dicha cláusula, que se viene aplicando desde mayo de 2020 había estado oculta a la ciudadanía, y fue prorrogada y modificada hasta julio de 2020, como registra el último documento publicado por la UNGRD.

Qué ocultan, a quién se lo ocultan, por qué violan el principio de publicidad que es normal en cualquier democracia. En fin, Iván Duque ha hecho una de las peores gestiones en el mundo de la pandemia. Ahora, descubrimos que oculta información.

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