Si bien históricamente, tanto el Estado como la guerrilla han sido reacios a aceptar la participación internacional en la búsqueda de soluciones negociadas al conflicto en Colombia, con la “diplomacia para la paz” del gobierno de Andrés Pastrana esta presencia se volvió prioritaria.
Mediante el Acuerdo de los Pozos, las Farc también reconocieron la importancia del acompañamiento externo al invitar a 26 países y delegados de la Unión Europea y la secretaria general de la ONU a participar en un diálogo sobre la evolución del proceso del Caguán.
Pese a la audacia de esta estrategia, la falta de concreción en el tipo de cooperación que se buscaba de cada contraparte, así como en los objetivos a cumplir con ella, repercutieron en su relativa inoperancia. Incluso en el caso de la ONU, cuyo asesor especial para Colombia no pudo actuar como facilitador ni mediador, más por indefinición de las partes del conflicto que por desinterés de ese organismo. Así, sin la asignación de funciones específicas, la comunidad internacional se limitó a un ejercicio cosmético de “buenos oficios”. Tal vez por ello, en la memoria colectiva quedó reducido al show mediático del Caguán, por donde desfilaron distintas personalidades extranjeras, la gira de las Farc por Europa, para que sus líderes “conocieran al mundo”, y las gestiones de última hora del delegado de la ONU, James Lemoyne, para tratar de salvar un proceso que ya era infranqueable.
Algo diferente ocurrió con Estados Unidos, frente al cual la invitación colombiana a intervenir en el conflicto —independientemente de si se considera acertada o equivocada— fue más clara. Luego del asesinato de tres de sus ciudadanos, indigenistas, ese país se distanció del proceso de paz —habiendo adelantado conversaciones previas con las Farc en Costa Rica— y se dedicó a impulsar el Plan Colombia, cuyas directrices se establecieron de común acuerdo: reducir los cultivos ilícitos, sobre todo en las zonas controladas por las Farc, modernizar a las Fuerzas Armadas y, en menor medida, respaldar el fortalecimiento de la justicia, el desarrollo alternativo y la protección de los derechos humanos.
El hecho de que el gobierno Pastrana no definiera con claridad el papel que diversos actores (distintos a Estados Unidos) debían desempeñar, aminoró su impacto positivo en el proceso de paz, sobre todo la capacidad de ejercer presión sobre la guerrilla, que desde el inicio de las negociaciones careció de una voluntad genuina para llegar a un acuerdo. No obstante, no deben desconocerse los efectos significativos que tuvo la “diplomacia para la paz” sobre la visibilización del problema del conflicto armado ante el mundo, así como los niveles de cooperación con Colombia.
A 10 años del fracasado experimento del Caguán, las lecciones en lo que a internacionalización se refiere todavía están por identificarse. He aquí algunas. Primero, la presencia extranjera “indefinida” no constituye garantía ninguna, sino que hay que saber por qué y para qué se invita a participar en un proceso de paz. Segundo, distintos actores se caracterizan por prioridades e interpretaciones variadas, lo cual puede constreñir su participación e, incluso, repercutir en acciones descoordinadas, sobre todo cuando las partes del conflicto no especifican sus papeles. Tercero, la identificación de los actores externos relevantes debe contemplar, entre otros factores, su potencial para desempeñar roles complementarios y no antagónicos.
