Aguafiestas

Colombia amanece hoy como nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Ha prevalecido la idea de que es un “honor” estar allí, y medios y políticos han celebrado la noticia como si con ella se garantizara un salto cualitativo en las relaciones externas del país. Sin embargo, poca ha sido la discusión sobre los costos de estar metido en los temas de alta política internacional, sin objetivos nacionales claros frente a ellos ni suficiente ‘peso en la cola’ para formular posiciones propias ni aguantar las presiones de los grandes.

Vale la pena recordar que la aspiración colombiana al Consejo se originó en el gobierno Uribe. Aunque nunca se reconociera públicamente, lo más probable es que ésta obedeció a una estrategia por llevar el conflicto con Venezuela a los más altos foros multilaterales. Otra tesis es que Colombia quería evitar que el tema de niños en los conflictos armados —que lo concierne directamente—, llegara a discutirse a ese nivel. A pesar de la falta de motivos claros y teniendo en cuenta el acercamiento entre Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, el hecho de que Colombia ya había presentado su candidatura, y conseguido y canjeado votos, hacía difícil que el nuevo gobierno se echara para atrás, con lo cual la aspiración se convirtió en un asunto de orgullo nacional.

Las dos actuaciones previas del país en el Consejo de Seguridad —que tampoco obedecieron a intereses explícitos— variaron de decorosa a vergonzosa. Como presidente rotativo en diciembre de 1989, y luego de liderar el esfuerzo dentro de la OEA por impedir la intervención estadounidense a Panamá, Colombia presentó un proyecto de resolución que fue vetada por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, en el cual se condenaba la acción militar y se exigía el retiro inmediato de las tropas.

Frente a la invasión de Irak a Kuwait y la decisión de autorizar el uso de la fuerza, su posición fue igualmente de apoyo irrestricto al derecho internacional. En contraste, y también como presidente, en diciembre de 2002 Colombia entregó un reporte de los inspectores en Irak a Estados Unidos antes de que los otros miembros tuvieran copia, violando los protocolos e incurriendo en incalculables costos diplomáticos, todo por complacer al ‘amigo’ Bush.

Recientemente, la canciller María Ángela Holguín afirmó que estar en el Consejo de Seguridad servirá para promover un debate global sobre las drogas ilícitas que podría incluso abarcar el tema de la despenalización. Si bien no hay duda de que Colombia debe ser uno de los protagonistas de esa urgente discusión, el escenario idóneo para hacerlo no es el Consejo. No es conveniente reforzar el vínculo entre seguridad internacional y drogas, y además, el genuino debate exige un espacio participativo y con más países.

En toda celebración hay un aguafiestas. En el caso del Consejo de Seguridad —y aunque a deshora— vale la pena discutir por qué Colombia quiere estar allí y más aún, cuál va a ser su estrategia frente a problemas como el conflicto, Derechos Humanos, drogas y desarme. Sobre este último, por ejemplo, viene a la mente el espinoso tema de Irán, ya que de ésta dependerá un sinnúmero de intereses propios. Todavía no es claro.