Capotear a Trump

Los golpes tectónicos que ha propinado el segundo gobierno de Donald Trump a la política interna y externa de Estados Unidos exigen (re)pensar la estrategia de Colombia hacia ese país, no solo en lo bilateral, sino desde lo regional y lo multilateral. Si hay un tema internacional que urge ser debatido en medio de la contienda electoral, es este.

Comprender al ocupante de la Casa Blanca tiene que ser el punto de partida de cualquier discusión. Trump es un líder narcisista con mentalidad transaccional, desconocedor del juego democrático y cuya compulsión básica es mostrarse ganador ante toda interacción o disputa, generalmente mediante el matoneo, la amenaza y el uso de la violencia. Su círculo íntimo encarna, además un proyecto nacionalista y autoritario que defiende el patriarcado cristiano blanco, revindica los valores tradicionales, rechaza las políticas de diversidad, igualdad e inclusión basadas en género, raza, identidad sexual o discapacidad, niega la ciencia y tilda de amenaza existencial al espectro completo de la izquierda y a grupos vulnerables como migrantes, personas racializadas y personas LGBTIQ+.

Por más que Estados Unidos sea arquitecto, financiador y beneficiario del multilateralismo, Trump 2.0 se ha dedicado a reventar el orden mundial basado en reglas. Su sentido de propósito divino lo ha llevado incluso a afirmar que el único límite al ejercicio del poder estadounidense es su moralidad propia. Además de retirarse de 66 organismos internacionales, incluyendo 31 de Naciones Unidas dedicados a cambio climático, paz, democracia y género, el desacato abierto de Washington al derecho internacional y la Carta de la ONU ha invitado a que otros Estados hagan lo propio. De la mano de una coalición creciente de extrema derecha, también viene atacando el lenguaje consignado en acuerdos multilaterales existentes, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

La transformación de la visión que orienta el actuar de Estados Unidos en el mundo se evidencia en su Estrategia de Seguridad Nacional, que señala al hemisferio occidental como prioridad vital. En esta, América Latina y el Caribe se considera una esfera de influencia sujeta a más presencia militar y menos tolerancia de actores extrarregionales, como China en la cual crimen organizado, narcotráfico y migración se identifican como amenazas letales a la seguridad estadounidense.

Al mismo tiempo que esta política toma distancia de toda condicionalidad relacionada con democracia y derechos humanos, es agresivamente intervencionista en el “patio trasero” propio. Entre los más de 50 bombardeos de barcos sospechados de portar drogas ilícitas en el Caribe y el Pacífico entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 y sus 163 muertes civiles correspondientes, la invasión a Venezuela y abducción de Maduro, la estrangulación económica de Cuba, el despliegue de fuerzas especiales en Ecuador y la convocatoria de 12 jefes de Estado de derecha para conformar una nueva alianza militar denominada Escudo de las Américas, la doctrina Donroe ha hecho gala de la fuerza bruta como arma predilecta.

En medio de la polarización regional y la falta de mecanismos robustos de concertación, no parece haber margen para las respuestas colectivas. Algunos líderes latinoamericanos han condenado el ataque a Venezuela, criticado los bombardeos y las ejecuciones extrajudiciales y expresado solidaridad ante la crisis humanitaria en Cuba. Sin embargo, no ha materializado como tal ninguna posición común ante la avanzada imperial trumpista, en buena medida porque la táctica de desdoblar a los países mediante la amenaza de aranceles u otros castigos ha resultado efectiva.

De esta manera, el futuro de la relación entre Colombia y Estados Unidos, si no la política exterior colombiana en general, se enmarca en una coyuntura compleja signada por la reconfiguración de las reglas de juego internacionales y regionales, y el avance de un proyecto antidemocrático, antiderechos y antimultilateral encabezado por la Casa Blanca.

En espacios como Naciones Unidas, el gobierno Petro ha podido defender diversas posturas progresistas en relación con paz, medio ambiente, desarrollo sostenible, cooperación Sur-Sur, derechos humanos, justicia social, prohibicionismo, género y diversidad. Colombia es igualmente miembro por primera vez del Consejo de Derechos Humanos y miembro no permanente del Consejo de Seguridad. A su vez, ha compartido el liderazgo iberoamericano de la Iniciativa Democracia Siempre junto con los mandatarios de Brasil, España, México, Uruguay y anteriormente Chile, y a cuyo último encuentro en Barcelona se sumaron más jefes de Estado.

A diferencia de lo anterior, la dependencia estructural que caracteriza lo bilateral en múltiples sectores (económico, comercial, financiero, político, policial-militar) ha impuesto límites a la interlocución “de tú a tú” que se ha pretendido manejar con Washington. Además de la vulnerabilidad del Estado y de las organizaciones de sociedad civil ante la reducción de la cooperación internacional estadounidense, que se hizo palpable con el cierre de USAID, la asociación dependiente —promovida por las élites colombianas por más de un siglo— constriñe las tentativas de cambio, al menos en el corto plazo. También hace altamente costosa la confrontación directa o ruptura de la interlocución bilateral. En reflejo de ello, en temas como drogas, extradición, cooperación triangular en seguridad y hasta comercio y migración, las continuidades en este cuatrienio han sido tan notables como las diferencias discursivas, ya que Petro ha tenido que replegarse ante el garrote de Trump.

Desde la efusiva admiración profesada por Abelardo de la Espriella hacia Trump y la promesa de Paloma Valencia de pedir el ingreso colombiano al Escudo de las Américas y gestionar un nuevo Plan Colombia, es evidente que el triunfo de la derecha en las presidenciales retornaría la relación bilateral a las lógicas de subordinación y alineación que han prevalecido históricamente. Con el agravante de que asociarse estrechamente con esta Casa Blanca supondría sumarse a los esfuerzos más amplios de Washington por acabar con la democracia y el multilateralismo.

En cambio, si el enfrentamiento ha sido demasiado costoso y la creación de una alianza latinoamericana algo implausible, una presidencia “continuista” como la de Iván Cepeda tendría que definir líneas rojas no negociables —como el respeto a la soberanía—, proponer una agenda bilateral (limitada) en la que puede haber ganancia mutua y “pasar de agache” donde toca mientras diseñe una estrategia de autonomización y diversificación real de la política exterior.

Sea cual sea el gobierno que llegue, la cuestión de fondo es cómo capotear a Trump sin desfallecer en el intento.

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