Han crecido las voces en el exterior que se oponen a la reelección de Álvaro Uribe.
Aunque el Presidente nunca se ha destacado por su interés en los temas del mundo, es improbable que en sus diálogos, tanto con el alma propia como con asesores cercanos, no haya considerado los costos internacionales de un tercer período. ¿Cuál podría ser el raciocinio detrás de la jugada reeleccionista aun sabiendo que en el orden internacional nadie la ve con buenos ojos?
El Gobierno apuesta que su estatus de aliado de Estados Unidos pese más que las diferencias que lo apartan de la administración Obama. Sabe que el Plan Colombia tendrá reducciones graduales y sufrirá cambios —como un mayor equilibrio entre lo militar, económico y social— pero que no se desmontará. Y es consciente de que un acuerdo sobre la base de Palenquero, no sólo para reubicar los operativos antinarcóticos realizados desde Manta sino para aumentar la capacidad operativa estadounidense en el continente, potenciaría aún más el valor estratégico del país.
Por su parte, existe gran confianza de que, independientemente del entorno político, en la medida en que se brinden condiciones favorables para la inversión extranjera, las empresas multinacionales seguirán invirtiendo. Y también, casos cercanos como el de Chávez sugieren al Gobierno que, más allá del alboroto internacional sobre el autoritarismo, su precio real en términos de sanciones y condicionamientos externos es marginal.
Se trata de un razonamiento erróneo. Aunque es bien conocido que Estados Unidos nunca ha priorizado la defensa de la democracia en su política exterior, Colombia se ha vuelto un aliado incómodo. US$6.000 millones y ocho años de estrecha cooperación militar no han reducido el problema del narcotráfico ni “democratizado” la Fuerza Pública —como lo atestiguan los falsos positivos— ni mejorado los niveles de impunidad. Suponer que los intereses económicos y de seguridad en Colombia generarán permisividad frente a un modelo de “autoritarismo competitivo” es subestimar el “mal olor” que está generando el tema colombiano en Washington, así como la influencia que tienen los medios de comunicación y los grupos de lobby en las decisiones públicas. Ni hablar de Canadá y Europa.
Si problemas como la violación de los derechos humanos y la violencia contra sindicalistas ya están obstaculizando la aprobación de los TLC con los tres, no hay duda de que la reelección de Uribe enturbiaría el panorama, poniendo a Colombia en riesgo de un aislamiento internacional sistemático. Incluso podría verse afectada la inversión extranjera, justamente porque un Gobierno dispuesto a cambiar la Constitución para satisfacer su anhelo de poder genera desconfianza y aumenta la percepción de riesgo.
Un país que ha internacionalizado múltiples aspectos de su vida nacional, incluyendo la economía y el conflicto armado, difícilmente puede decirle al mundo —parafraseando al mismo presidente Uribe— que no se meta con “nuestra” democracia. Es hora de que los colombianos oigan lo que opina el mundo sobre el rumbo político que está cogiendo Colombia y que sopesen mejor el precio (interno y externo) que pagará por ello.
* Profesora titular departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes.
Han crecido las voces en el exterior que se oponen a la reelección de Álvaro Uribe.
Aunque el Presidente nunca se ha destacado por su interés en los temas del mundo, es improbable que en sus diálogos, tanto con el alma propia como con asesores cercanos, no haya considerado los costos internacionales de un tercer período. ¿Cuál podría ser el raciocinio detrás de la jugada reeleccionista aun sabiendo que en el orden internacional nadie la ve con buenos ojos?
El Gobierno apuesta que su estatus de aliado de Estados Unidos pese más que las diferencias que lo apartan de la administración Obama. Sabe que el Plan Colombia tendrá reducciones graduales y sufrirá cambios —como un mayor equilibrio entre lo militar, económico y social— pero que no se desmontará. Y es consciente de que un acuerdo sobre la base de Palenquero, no sólo para reubicar los operativos antinarcóticos realizados desde Manta sino para aumentar la capacidad operativa estadounidense en el continente, potenciaría aún más el valor estratégico del país.
Por su parte, existe gran confianza de que, independientemente del entorno político, en la medida en que se brinden condiciones favorables para la inversión extranjera, las empresas multinacionales seguirán invirtiendo. Y también, casos cercanos como el de Chávez sugieren al Gobierno que, más allá del alboroto internacional sobre el autoritarismo, su precio real en términos de sanciones y condicionamientos externos es marginal.
Se trata de un razonamiento erróneo. Aunque es bien conocido que Estados Unidos nunca ha priorizado la defensa de la democracia en su política exterior, Colombia se ha vuelto un aliado incómodo. US$6.000 millones y ocho años de estrecha cooperación militar no han reducido el problema del narcotráfico ni “democratizado” la Fuerza Pública —como lo atestiguan los falsos positivos— ni mejorado los niveles de impunidad. Suponer que los intereses económicos y de seguridad en Colombia generarán permisividad frente a un modelo de “autoritarismo competitivo” es subestimar el “mal olor” que está generando el tema colombiano en Washington, así como la influencia que tienen los medios de comunicación y los grupos de lobby en las decisiones públicas. Ni hablar de Canadá y Europa.
Si problemas como la violación de los derechos humanos y la violencia contra sindicalistas ya están obstaculizando la aprobación de los TLC con los tres, no hay duda de que la reelección de Uribe enturbiaría el panorama, poniendo a Colombia en riesgo de un aislamiento internacional sistemático. Incluso podría verse afectada la inversión extranjera, justamente porque un Gobierno dispuesto a cambiar la Constitución para satisfacer su anhelo de poder genera desconfianza y aumenta la percepción de riesgo.
Un país que ha internacionalizado múltiples aspectos de su vida nacional, incluyendo la economía y el conflicto armado, difícilmente puede decirle al mundo —parafraseando al mismo presidente Uribe— que no se meta con “nuestra” democracia. Es hora de que los colombianos oigan lo que opina el mundo sobre el rumbo político que está cogiendo Colombia y que sopesen mejor el precio (interno y externo) que pagará por ello.
* Profesora titular departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes.