Los insípidos resultados de la cumbre regional sobre las drogas, realizada en Cartagena la semana pasada, se suman a una larga cadena de fracasos en la lucha antidrogas cuyos orígenes se remontan al enfoque represivo, prohibicionista y militarista de los Estados Unidos. Éste no ha sufrido cambios significativos desde comienzos de la década de los ochenta, cuando el país del norte declaró la “guerra” contra este flagelo.
Desde ese entonces los países involucrados en el cultivo, procesamiento, transporte y distribución de las drogas ilícitas no sido capaces de materializar mecanismos concretos y sostenibles para reemplazar el enfoque unilateral de Washington.
La asociación estadounidense de los narcóticos con su propia seguridad nacional ha significado que la forma en que países productores como Colombia, Bolivia, Perú y México han manejado este problema se nutre de la aproximación made in USA. El uso de estrategias diplomáticas coercitivas, entre ellas el mecanismo de la certificación y la aprobación o negación de apoyo económico y militar ha permitido a Washington asegurar el cumplimiento general con sus políticas.
En el caso colombiano, a pesar de que los gobiernos de Belisario Betancourt, Virgilio Barco y César Gaviria buscaron distanciarse de la orientación estadounidense, los de Andrés Pastrana y más aún, Álvaro Uribe, se convirtieron en sus voceros más entusiastas.
Los esfuerzos por diseñar fórmulas multilaterales han sido pasajeros y de impacto limitado. Hace 18 años fue realizada la primera cumbre antidrogas en Cartagena, seguida por otra en San Antonio, Texas en 1992, en donde los conceptos de cooperación, multilateralidad y corresponsabilidad dominaron las declaraciones finales. A pesar de la participación del gobierno estadounidense en ambas y su compromiso de acudir a mecanismos de concertación en la lucha antidrogas, en la práctica fueron sus fórmulas unilaterales las que siguieron orientando el manejo hemisférico del tema.
A pesar del carácter regional de la agenda de seguridad de Washington, la aplicación de su política antidrogas se basa en una estrategia bilateral de negociación que ha fomentado la competencia entre las naciones latinoamericanas. En lugar de ofrecer incentivos para el desarrollo de políticas consensuales que reflejen los intereses comunes de los países productores, la “guerra contra las drogas” los convierte en contrincantes en búsqueda del apoyo financiero, militar y comercial de la potencia.
Así, los altos niveles de interdependencia que subyacen el problema de las drogas ilícitas han dado lugar a formas complejas de antagonismo que obstaculizan la identificación de problemas compartidos y el desarrollo de una estrategia regional distinta a la agenda estadounidense.
Lo que demuestra la más reciente cumbre es cuán lejos están los países de la región de una postura colectiva. En un contexto caracterizado por la imposición de Estados Unidos, la apatía de Europa y la falta de poder de la ONU, la inacción y el silencio de los países involucrados en el problema de las drogas los condena al continuismo en la “guerra contra las drogas” y sus funestos resultados.
Los insípidos resultados de la cumbre regional sobre las drogas, realizada en Cartagena la semana pasada, se suman a una larga cadena de fracasos en la lucha antidrogas cuyos orígenes se remontan al enfoque represivo, prohibicionista y militarista de los Estados Unidos. Éste no ha sufrido cambios significativos desde comienzos de la década de los ochenta, cuando el país del norte declaró la “guerra” contra este flagelo.
Desde ese entonces los países involucrados en el cultivo, procesamiento, transporte y distribución de las drogas ilícitas no sido capaces de materializar mecanismos concretos y sostenibles para reemplazar el enfoque unilateral de Washington.
La asociación estadounidense de los narcóticos con su propia seguridad nacional ha significado que la forma en que países productores como Colombia, Bolivia, Perú y México han manejado este problema se nutre de la aproximación made in USA. El uso de estrategias diplomáticas coercitivas, entre ellas el mecanismo de la certificación y la aprobación o negación de apoyo económico y militar ha permitido a Washington asegurar el cumplimiento general con sus políticas.
En el caso colombiano, a pesar de que los gobiernos de Belisario Betancourt, Virgilio Barco y César Gaviria buscaron distanciarse de la orientación estadounidense, los de Andrés Pastrana y más aún, Álvaro Uribe, se convirtieron en sus voceros más entusiastas.
Los esfuerzos por diseñar fórmulas multilaterales han sido pasajeros y de impacto limitado. Hace 18 años fue realizada la primera cumbre antidrogas en Cartagena, seguida por otra en San Antonio, Texas en 1992, en donde los conceptos de cooperación, multilateralidad y corresponsabilidad dominaron las declaraciones finales. A pesar de la participación del gobierno estadounidense en ambas y su compromiso de acudir a mecanismos de concertación en la lucha antidrogas, en la práctica fueron sus fórmulas unilaterales las que siguieron orientando el manejo hemisférico del tema.
A pesar del carácter regional de la agenda de seguridad de Washington, la aplicación de su política antidrogas se basa en una estrategia bilateral de negociación que ha fomentado la competencia entre las naciones latinoamericanas. En lugar de ofrecer incentivos para el desarrollo de políticas consensuales que reflejen los intereses comunes de los países productores, la “guerra contra las drogas” los convierte en contrincantes en búsqueda del apoyo financiero, militar y comercial de la potencia.
Así, los altos niveles de interdependencia que subyacen el problema de las drogas ilícitas han dado lugar a formas complejas de antagonismo que obstaculizan la identificación de problemas compartidos y el desarrollo de una estrategia regional distinta a la agenda estadounidense.
Lo que demuestra la más reciente cumbre es cuán lejos están los países de la región de una postura colectiva. En un contexto caracterizado por la imposición de Estados Unidos, la apatía de Europa y la falta de poder de la ONU, la inacción y el silencio de los países involucrados en el problema de las drogas los condena al continuismo en la “guerra contra las drogas” y sus funestos resultados.