A pesar de las diferencias entre los dos casos, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de negar la extradición del mercenario israelí Yair Klein, de Rusia a Colombia, y del gobierno de Panamá de otorgarle asilo político a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, constituyen serios reveses para la diplomacia colombiana.
Obstruyen la posibilidad de conocer piezas fundamentales de la historia del paramilitarismo y del escándalo de las intercepciones ilegales, respectivamente. Y ponen en cuestión ante el mundo la idoneidad del sistema judicial para juzgar a los culpables del crimen y la capacidad del Estado para garantizar sus derechos y seguridad, justamente en un momento en el que Juan Manuel Santos busca venderle una imagen de país modelo, estable y líder. Peor aún, se trata de dos episodios que, con mejor planeación, hubieran podido evitarse.
Un trago excesivamente amargo fue el arribo de Yair Klein a Tel Aviv, en medio de aplausos dignos de un héroe y alegatos de que las acusaciones de Colombia en su contra eran “absurdas”. Condenado por armar y entrenar los ejércitos privados del cartel de Medellín y paramilitares del Magdalena Medio, y con un expediente criminal que atraviesa Centroamérica y África occidental, su extradición parecía casi asegurada, no sólo porque Rusia la apoyaba, sino que parecía contar con el beneplácito de Estados Unidos e Israel, que se negó incluso a prestarle a Klein servicios básicos de asistencia judicial en Moscú. El “palo” provino del TEDH, que dictaminó que éste enfrentaba el riesgo de ser maltratado o torturado si se le extraditaba a Colombia. Desgraciadamente, una afirmación del ex vicepresidente Francisco Santos, en el sentido de que Klein debía “pudrirse” en la cárcel, terminó siendo pieza clave de la defensa de éste.
Dada la sensibilidad del tema de los derechos humanos en las relaciones entre Colombia y Europa, se trata de una lectura que fácilmente hubiera podido imaginarse. Sin embargo, en lugar de intentar contrarrestarla antes del fallo del Tribunal mediante un esfuerzo diplomático sistemático, el gobierno colombiano se limitó a pronunciarse después, cuando ya era poco lo que podía hacer para revertirlo.
De forma similar, la solicitud de asilo por parte del ex senador Mario Uribe hace más de dos años en la Embajada de Costa Rica en Bogotá, y los anteriores intentos fallidos de las ex congresistas Rocío Arias y Eleonora Pineda ante la misma sede diplomática, prendieron las alarmas de que otros funcionarios públicos implicados en los escándalos de la parapolítica, la yidispolítica y las chuzadas podían hacer lo mismo. Lo cual debería haber activado esfuerzos diplomáticos específicos para evitarlo. Tal parece no ser el caso que la solicitud y aprobación de asilo de Hurtado en Panamá, así como la existencia de otras posibles peticiones, tomó al país y al propio Gobierno por sorpresa.
Es difícil vislumbrar un desenlace positivo en los casos de Klein y Hurtado, cuyos costos son enormes, tanto para la verdad como para la credibilidad internacional del país. Por ahora, el despliegue de una estrategia astuta, que acude a un lenguaje firme pero diplomático y que explora con creatividad todas las alternativas posibles, parece ser nuestro único camino.
A pesar de las diferencias entre los dos casos, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de negar la extradición del mercenario israelí Yair Klein, de Rusia a Colombia, y del gobierno de Panamá de otorgarle asilo político a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, constituyen serios reveses para la diplomacia colombiana.
Obstruyen la posibilidad de conocer piezas fundamentales de la historia del paramilitarismo y del escándalo de las intercepciones ilegales, respectivamente. Y ponen en cuestión ante el mundo la idoneidad del sistema judicial para juzgar a los culpables del crimen y la capacidad del Estado para garantizar sus derechos y seguridad, justamente en un momento en el que Juan Manuel Santos busca venderle una imagen de país modelo, estable y líder. Peor aún, se trata de dos episodios que, con mejor planeación, hubieran podido evitarse.
Un trago excesivamente amargo fue el arribo de Yair Klein a Tel Aviv, en medio de aplausos dignos de un héroe y alegatos de que las acusaciones de Colombia en su contra eran “absurdas”. Condenado por armar y entrenar los ejércitos privados del cartel de Medellín y paramilitares del Magdalena Medio, y con un expediente criminal que atraviesa Centroamérica y África occidental, su extradición parecía casi asegurada, no sólo porque Rusia la apoyaba, sino que parecía contar con el beneplácito de Estados Unidos e Israel, que se negó incluso a prestarle a Klein servicios básicos de asistencia judicial en Moscú. El “palo” provino del TEDH, que dictaminó que éste enfrentaba el riesgo de ser maltratado o torturado si se le extraditaba a Colombia. Desgraciadamente, una afirmación del ex vicepresidente Francisco Santos, en el sentido de que Klein debía “pudrirse” en la cárcel, terminó siendo pieza clave de la defensa de éste.
Dada la sensibilidad del tema de los derechos humanos en las relaciones entre Colombia y Europa, se trata de una lectura que fácilmente hubiera podido imaginarse. Sin embargo, en lugar de intentar contrarrestarla antes del fallo del Tribunal mediante un esfuerzo diplomático sistemático, el gobierno colombiano se limitó a pronunciarse después, cuando ya era poco lo que podía hacer para revertirlo.
De forma similar, la solicitud de asilo por parte del ex senador Mario Uribe hace más de dos años en la Embajada de Costa Rica en Bogotá, y los anteriores intentos fallidos de las ex congresistas Rocío Arias y Eleonora Pineda ante la misma sede diplomática, prendieron las alarmas de que otros funcionarios públicos implicados en los escándalos de la parapolítica, la yidispolítica y las chuzadas podían hacer lo mismo. Lo cual debería haber activado esfuerzos diplomáticos específicos para evitarlo. Tal parece no ser el caso que la solicitud y aprobación de asilo de Hurtado en Panamá, así como la existencia de otras posibles peticiones, tomó al país y al propio Gobierno por sorpresa.
Es difícil vislumbrar un desenlace positivo en los casos de Klein y Hurtado, cuyos costos son enormes, tanto para la verdad como para la credibilidad internacional del país. Por ahora, el despliegue de una estrategia astuta, que acude a un lenguaje firme pero diplomático y que explora con creatividad todas las alternativas posibles, parece ser nuestro único camino.