En tan solo dos semanas de gestión y aprovechando el shock colectivo provocado por el terremoto, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha puesto en marcha un revolcón en la política exterior de Colombia. En su conjunto, una cadena de anuncios —reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre Sahara Occidental y la de Israel sobre Altos de Golán, apertura de la embajada en Jerusalén, retiro de apoyo a la denuncia interpuesta por Sudáfrica contra Israel por Gaza, salida de la Ruta de la Seda, ingreso al Escudo de las Américas, posibles operaciones militares conjuntas en territorio nacional y acogida “selectiva” de ayuda internacional para el desastre— sugiere no una simple realineación con Washington (e Israel) sino un cambio abrupto en el relacionamiento del país con el mundo.
Históricamente, la relación bilateral con Estados Unidos ha operado como punto de referencia central desde el cual se piensa y se proyecta el actuar internacional colombiano. Dicha condición —tal vez única en América Latina— se conoce en círculos especializados como el respice polum y releja la convicción, en especial de las élites políticas, económicas, mediáticas y hasta militares y policiales de que asociarse con la potencia del norte no solo es inevitable, dada la asimetría de poder que existe entre los dos países, sino deseable debido a los beneficios materiales que supuestamente trae. Es tal el grado de asentamiento de esta “doctrina” que incluso, en coyunturas diversas en las que diferentes gobiernos colombianos —comenzando por el de Gustavo Petro— han buscado diversificar su interlocución externa o tomar distancia de Estados Unidos, desasociarse del todo nunca ha estado sobre la mesa.
Pese a lo anterior, un recorrido corto por nuestra política exterior durante las últimas décadas también demuestra que estar alineado con Washington no equivale a someterse ni estar de acuerdo en todo. En más de una ocasión, como es natural en cualquier interacción entre soberanos Colombia ha contrariado las posturas de Estados Unidos en temas sensibles, sin que eso haya suscitado castigos o sanciones ni mucho menos provocado alguna ruptura. De hecho, un común denominador que se observa entre los gobiernos de Virgilio Barco, César Gaviria, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, por solo nombrar algunos, es que la buena relación de la que gozaban con la Casa Blanca y el Congreso posibilitó el desarrollo de agendas divergentes en asuntos tales como drogas, paz, Cuba y Venezuela. Por su parte, en el ámbito de las Naciones Unidas y en menor medida, la OEA el voto colombiano se ha desviado regularmente del estadounidense, por la simple razón de que los intereses de los dos países en los espacios multilaterales no siempre coinciden.
A diferencia de la tradición internacional propia y del comportamiento actual de otros gobiernos de derecha en América Latina que siguen ejerciendo grados variables de independencia, el de Colombia—cuyo mandatario tiene la peculiaridad adicional de ser ciudadano de los Estados Unidos—ha exhibido un nivel inusitado de alineación con las posiciones de la “estrella polar” que supera las exigencias mismas de la administración Trump y que es además, poco estratégico en un contexto de creciente impopularidad de aquella y de elecciones de medio término que podrán resultar en mayorías demócratas en al menos una de las cámaras y la evaporación de promesas aún gaseosas en materia de asistencia internacional, aranceles e inversión.
Más allá de la falta de beneficios tangibles que compensen la cesión voluntaria de soberanía y de autonomía para tomar, ejecutar y hasta comunicar decisiones propias, la nueva doctrina que se viene cocinando —que podría llamarse respice Trumphius— amenaza con destruir el único otro pilar de la política exterior del Estado colombiano distinto a la asociación con Estados Unidos. Se trata de la defensa del derecho internacional y del multilateralismo, de los cuales Colombia ha sido abanderada desde la creación de la Liga de las Naciones en 1919. Lo comunicado sobre Jerusalén y sobre todo, Altos de Golán, ha suscitado un rechazo público masivo del mundo árabe, mientras que los rumores sobre el retiro eventual de la Corte Penal Internacional han generado desconcierto entre amplios círculos estatales y societales. Caso aparte son las opiniones expresadas en X por quien encabeza ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la ONU, los derechos humanos y la Agenda 2030-Objetivos de Desarrollo Sostenible —en cuya elaboración y negociación nuestro país fue protagonista— que denotan un desdén profundo por el orden mundial liberal, que el canciller Bula tilda de “globalista” y corrosivo de un “Occidente” que el movimiento MAGA con el que también se identifica, asocia con la supremacía cristiana blanca.
Sin lugar a duda, es conveniente y necesario tener relaciones cercanas con Estados Unidos. Sin embargo, una política exterior sometida en absoluto, ideologizada y desconocedora de la normatividad internacional no solo no responde a las necesidades diversas de la sociedad colombiana, sino que acarrea altos costos que pueden ser irreversibles, tanto reputacionales como en términos de la interlocución con potencias ascendentes como China, aliados tradicionales en Europa y contrapartes nuevas del Sur global. No es gratuito que en medio de la crisis del sistema multilateral y de la cruzada antidemocrática de la extrema derecha, liderada por Trump, para desmantelarlo la mayoría global sigue revindicando su importancia para la acción colectiva, la construcción de alianzas y la defensa de los derechos tanto estatales como humanos. En cambio, el respice Trumphius significa, además de una alineación contraproducente con un líder efímero (o, a lo sumo dos si incluimos a Netanyahu), la aceptación de la fuerza bruta por encima de la diplomacia, y el abandono de aquellos espacios deliberativos que Colombia siempre ha defendido, en donde las reglas existentes de juego —por más imperfectas que sean— han permitido nivelar en algo el campo de juego.
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