La Real Academia Española define la demencia como “locura, trastorno de la razón”. No de otra forma pueden caracterizarse las reacciones de algunas figuras públicas ante la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo con Nicaragua y el ambiente enrarecido y enardecido provocado por ellas.
El jefe de la defensa de Colombia en La Haya, Julio Londoño, sugiere que el Gobierno considere retirarse de la CIJ porque, coincidiendo con lo dicho por la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, Nicaragua puede estar preparando otra demanda y “tenemos que actuar”. Advierte además que dicho país “ha desconocido los tratados con todos los vecinos” y que tiene una política “farisaica”.
La canciller, en entrevista con CNN, afirma que Colombia “no ha acatado el fallo” y, en carta al secretario general de la ONU, dice que el país es respetuoso del derecho internacional, pero que con “el inconformismo, la tristeza, la sensación de despojo” puede pasar cualquier cosa. De forma similar, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, aclara que “no vamos a tomar decisiones por vías de hecho, sin embargo, no podemos hacer política con ‘p’ minúscula para lavarnos las manos en la historia”.
En un gesto retorcido y caudillista, el expresidente Álvaro Uribe se autoatribuye la vocería de los habitantes del archipiélago e invita a asumir una actitud firme de rechazo al fallo. El senador Armando Benedetti sugiere “dejar el miedo” y desconocerlo, con el argumento soso de que otros países —¡como Estados Unidos!— lo han hecho. Y el internacionalista Vicente Torrijos —en una lectura vergonzante para quienes ejercemos esa profesión— advierte que “si acatamos el fallo ahora, quedarían anuladas (otras posibilidades) en un acto de entreguismo que sería condenable”.
Dichas palabras, que se suman tristemente a las del presidente Santos, comunican mensajes de alta peligrosidad. Primero, situaciones excepcionales como la actual justifican la violación de las reglas internacionales, pese a que el Estado colombiano las ha reivindicado históricamente. Segundo, la infracción de éstas por parte de otros países legitima y hace menos grave un acto similar por parte de Colombia. Tercero, el sentido de justicia y los intereses de la “nación” —de por sí un concepto cuestionable: para no ir más lejos, es dudoso que los raizales de San Andrés y Providencia se sientan parte de ella— priman sobre los del resto del mundo.
Como lo recuerda la filósofa política Martha Nussbaum, citando al premio Nobel bengalí Rabindranath Tagore, “adorar a mi país como un dios es traer una maldición sobre él”. Además de justificar lo injustificable, la demencia patriotera cultiva una lógica dicotómica “nosotros” versus “ellos” que sataniza al “otro”. Con ello no sólo es imposible cualquier intento por lograr un entendimiento mutuo —que sería lo indicado con Nicaragua para defender los derechos pesqueros del archipiélago, así como la riqueza marítima de la zona—, sino que las mismas actitudes belicosas de los nicaragüenses que han sido criticadas en el pasado terminan validándose en Colombia.
¿Es ésta una imagen deseable de país, después de los esfuerzos por cambiar la forma en que el mundo ve a Colombia? ¿Qué impresión deja a los invitados a acompañar las conversaciones de paz con las Farc? ¿Es el tipo de “amor de patria” que se quiere construir?
La Real Academia Española define la demencia como “locura, trastorno de la razón”. No de otra forma pueden caracterizarse las reacciones de algunas figuras públicas ante la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo con Nicaragua y el ambiente enrarecido y enardecido provocado por ellas.
El jefe de la defensa de Colombia en La Haya, Julio Londoño, sugiere que el Gobierno considere retirarse de la CIJ porque, coincidiendo con lo dicho por la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, Nicaragua puede estar preparando otra demanda y “tenemos que actuar”. Advierte además que dicho país “ha desconocido los tratados con todos los vecinos” y que tiene una política “farisaica”.
La canciller, en entrevista con CNN, afirma que Colombia “no ha acatado el fallo” y, en carta al secretario general de la ONU, dice que el país es respetuoso del derecho internacional, pero que con “el inconformismo, la tristeza, la sensación de despojo” puede pasar cualquier cosa. De forma similar, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, aclara que “no vamos a tomar decisiones por vías de hecho, sin embargo, no podemos hacer política con ‘p’ minúscula para lavarnos las manos en la historia”.
En un gesto retorcido y caudillista, el expresidente Álvaro Uribe se autoatribuye la vocería de los habitantes del archipiélago e invita a asumir una actitud firme de rechazo al fallo. El senador Armando Benedetti sugiere “dejar el miedo” y desconocerlo, con el argumento soso de que otros países —¡como Estados Unidos!— lo han hecho. Y el internacionalista Vicente Torrijos —en una lectura vergonzante para quienes ejercemos esa profesión— advierte que “si acatamos el fallo ahora, quedarían anuladas (otras posibilidades) en un acto de entreguismo que sería condenable”.
Dichas palabras, que se suman tristemente a las del presidente Santos, comunican mensajes de alta peligrosidad. Primero, situaciones excepcionales como la actual justifican la violación de las reglas internacionales, pese a que el Estado colombiano las ha reivindicado históricamente. Segundo, la infracción de éstas por parte de otros países legitima y hace menos grave un acto similar por parte de Colombia. Tercero, el sentido de justicia y los intereses de la “nación” —de por sí un concepto cuestionable: para no ir más lejos, es dudoso que los raizales de San Andrés y Providencia se sientan parte de ella— priman sobre los del resto del mundo.
Como lo recuerda la filósofa política Martha Nussbaum, citando al premio Nobel bengalí Rabindranath Tagore, “adorar a mi país como un dios es traer una maldición sobre él”. Además de justificar lo injustificable, la demencia patriotera cultiva una lógica dicotómica “nosotros” versus “ellos” que sataniza al “otro”. Con ello no sólo es imposible cualquier intento por lograr un entendimiento mutuo —que sería lo indicado con Nicaragua para defender los derechos pesqueros del archipiélago, así como la riqueza marítima de la zona—, sino que las mismas actitudes belicosas de los nicaragüenses que han sido criticadas en el pasado terminan validándose en Colombia.
¿Es ésta una imagen deseable de país, después de los esfuerzos por cambiar la forma en que el mundo ve a Colombia? ¿Qué impresión deja a los invitados a acompañar las conversaciones de paz con las Farc? ¿Es el tipo de “amor de patria” que se quiere construir?