En medio del desasosiego generado por Donald Trump, algunos países de América Latina podrán refugiarse en el anonimato para sobreaguar los tiempos turbulentos que se avecinan en la región y el mundo.
Sin embargo, Colombia ya está en el radar de la administración entrante, aunque en menor grado que Cuba, México y Venezuela, tanto por el proceso de paz, el crimen organizado y las drogas ilícitas, como por el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Por más que los últimos tres gobiernos nacionales han promovido activamente su rol como tutelados, aliados y emisarios de Estados Unidos, la actual coyuntura plantea la necesidad forzosa de un desvío en la política exterior, so riesgo de pagar cara esa tan añorada visibilidad y amistad.
Como se ha dado a conocer en los medios, en el cuestionario escrito enviado al secretario de Estado, Rex Tillerson como parte de su proceso de confirmación por el Senado, se le preguntó si él se comprometería a mantener el apoyo estadounidense a Colombia, ante lo cual contestó: el Plan Colombia ha sido un éxito; Colombia es uno de los aliados latinoamericanos más cercanos de Washington; haría todo lo posible por preservar una estrecha cooperación con el país; lo obligaría a cumplir con el compromiso de combatir la producción y tráfico de drogas ilícitas; y revisaría los detalles del Acuerdo de Paz para determinar si Estados Unidos debe preservar (o no) su respaldo.
Pese a haber sido aprobados en 2016 por las dos cámaras del Congreso (de mayoría republicana), los US$450 millones de Paz Colombia se someterán nuevamente a debate.
Por su parte, el nominado a secretario de Defensa, el general (r) James Mattis, afirmó, ante una pregunta sobre las prioridades estratégicas de Washington en el hemisferio occidental, que Estados Unidos debe apoyar la implementación exitosa del acuerdo de paz en Colombia, posición compartida por el secretario de Seguridad Interna y exdirector del Comando Sur, general (r) John Kelly. Este ha sostenido que es imperativo preservar el involucramiento estadounidense en el país, que retrata como un caso exitoso en la lucha contra la insurgencia, el narcotráfico y la debilidad estatal que debe replicarse.
Además de esta disonancia dentro del gabinete entrante, mientras que el gobierno Santos intenta vender el Acuerdo de Paz a los nuevos ocupantes de la Casa Blanca y asegurar el respaldo de los amigos de ambos partidos en el Congreso, el expresidente Uribe hace lo suyo entre un puñado de legisladores cubano-americanos —quienes podrán cobrar mayor influencia en la era Trump— para socavar la asistencia y aumentar la presión estadounidense frente a los cultivos ilícitos y los todavía denominados “narcoterroristas” de las Farc.
En suma, la “cuestión colombiana” corre el riesgo de polarizar a Washington, con inesperadas consecuencias para los intereses nacionales. De allí que cobra enorme contrapeso la diversificación de las relaciones internacionales, evidenciada entre otros en las visitas recientes del canciller alemán y el presidente de Francia. Para ello, la construcción de posiciones conjuntas en América Latina frente a temas como las drogas ilícitas y la seguridad también tendrá un valor estratégico cardinal.
Profesora Universidad del Rosario
En medio del desasosiego generado por Donald Trump, algunos países de América Latina podrán refugiarse en el anonimato para sobreaguar los tiempos turbulentos que se avecinan en la región y el mundo.
Sin embargo, Colombia ya está en el radar de la administración entrante, aunque en menor grado que Cuba, México y Venezuela, tanto por el proceso de paz, el crimen organizado y las drogas ilícitas, como por el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Por más que los últimos tres gobiernos nacionales han promovido activamente su rol como tutelados, aliados y emisarios de Estados Unidos, la actual coyuntura plantea la necesidad forzosa de un desvío en la política exterior, so riesgo de pagar cara esa tan añorada visibilidad y amistad.
Como se ha dado a conocer en los medios, en el cuestionario escrito enviado al secretario de Estado, Rex Tillerson como parte de su proceso de confirmación por el Senado, se le preguntó si él se comprometería a mantener el apoyo estadounidense a Colombia, ante lo cual contestó: el Plan Colombia ha sido un éxito; Colombia es uno de los aliados latinoamericanos más cercanos de Washington; haría todo lo posible por preservar una estrecha cooperación con el país; lo obligaría a cumplir con el compromiso de combatir la producción y tráfico de drogas ilícitas; y revisaría los detalles del Acuerdo de Paz para determinar si Estados Unidos debe preservar (o no) su respaldo.
Pese a haber sido aprobados en 2016 por las dos cámaras del Congreso (de mayoría republicana), los US$450 millones de Paz Colombia se someterán nuevamente a debate.
Por su parte, el nominado a secretario de Defensa, el general (r) James Mattis, afirmó, ante una pregunta sobre las prioridades estratégicas de Washington en el hemisferio occidental, que Estados Unidos debe apoyar la implementación exitosa del acuerdo de paz en Colombia, posición compartida por el secretario de Seguridad Interna y exdirector del Comando Sur, general (r) John Kelly. Este ha sostenido que es imperativo preservar el involucramiento estadounidense en el país, que retrata como un caso exitoso en la lucha contra la insurgencia, el narcotráfico y la debilidad estatal que debe replicarse.
Además de esta disonancia dentro del gabinete entrante, mientras que el gobierno Santos intenta vender el Acuerdo de Paz a los nuevos ocupantes de la Casa Blanca y asegurar el respaldo de los amigos de ambos partidos en el Congreso, el expresidente Uribe hace lo suyo entre un puñado de legisladores cubano-americanos —quienes podrán cobrar mayor influencia en la era Trump— para socavar la asistencia y aumentar la presión estadounidense frente a los cultivos ilícitos y los todavía denominados “narcoterroristas” de las Farc.
En suma, la “cuestión colombiana” corre el riesgo de polarizar a Washington, con inesperadas consecuencias para los intereses nacionales. De allí que cobra enorme contrapeso la diversificación de las relaciones internacionales, evidenciada entre otros en las visitas recientes del canciller alemán y el presidente de Francia. Para ello, la construcción de posiciones conjuntas en América Latina frente a temas como las drogas ilícitas y la seguridad también tendrá un valor estratégico cardinal.
Profesora Universidad del Rosario