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La traición del compromiso adquirido por Duque con la sociedad colombiana en materia ambiental confirma una vez más ante ojos propios y ajenos la condición de títere del presidente.
En su intervención ante la 75ª Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2020, el presidente Duque vitrineó los logros de Colombia en materia ambiental, haciendo hincapié en la protección de la biodiversidad, el combate al cambio climático y la firma o ratificación de varios instrumentos multilaterales, entre ellos la Convención de Minimata, el Pacto de Leticia y el Acuerdo de Escazú. Nuevamente en diciembre Duque ratificó en entrevista con El Tiempo que una de sus metas centrales era avanzar en dicha agenda y que, a su modo de ver, nuestro país podría considerarse un líder en América Latina en la transición energética, la forestación y la suscripción de convenios en pro de una política integral medioambiental. Dicho anhelo parecía confirmarse en abril de este año con la invitación a que el mandatario participara en una cumbre selecta de 40 líderes mundiales convocada por John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima.
Para un gobierno asediado por la crítica internacional en múltiples frentes relacionadas con la paz y los derechos humanos, consolidar un protagonismo ambiental como estrategia de legitimación y distracción suena bastante astuta. De allí que resulte inexplicable que, teniendo mayorías en el Congreso, el proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú, firmado por seis ministros y presentado con mensaje de urgencia, haya padecido la dilatación y el archivo a manos del Centro Democrático. Más allá de las críticas, ampliamente desmentidas, de varios legisladores y representantes del sector privado, sus directrices básicas -acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia- han sido avaladas por múltiples organismos, incluyendo Cepal, OCDE, BID, Banco Mundial y CAF, a cuya presidencia aspira actualmente Colombia. Su inclusión de normas de protección para los defensores de derechos humanos ambientales, además de ser una herramienta decisiva, también permite contrarrestar en el extranjero el hecho de ser el país con mayor número de asesinatos contra estos. No menos importante, se trata del único compromiso tangible que resultara del diálogo nacional posterior a las protestas sociales de 2019.
Una estrategia diplomática típica a la que acuden los mandatarios cuando no quieren asumir la responsabilidad por una decisión que puede ser criticada nacional o internacionalmente, es argumentar que tienen las “manos atadas”. La afirmación del ministro del Interior, de que “desafortunadamente no se avanzó, pero nosotros sí teníamos el compromiso para que avanzara”, refleja dicha tentativa de evasión. Si bien el juego consiste en argumentar que el principio democrático de la separación de poderes obliga a respetar la decisión del Congreso de no votar sobre el Acuerdo de Escazú, el escaso lobby hecho en el interior de la Rama Legislativa delata el poco interés gubernamental en lograr su ratificación.
Lo insólito en este caso, además de la traición del compromiso adquirido por Duque con la sociedad colombiana, es que argüir que la decisión se sale de las manos del Gobierno luego de haber hecho gala de su innovación ambiental ante la comunidad internacional no solo suena improvisado y ridículo, sino que confirma una vez más ante ojos propios y ajenos la condición de títere del presidente y el carácter retrógrado de quienes mueven los hilos de sus movimientos políticos.
