Imagínese que usted tiene un hijo necio que se lo pasa metiéndose en problemas. Después de años de esfuerzo y de gastos el muchacho se ajuicia y como cualquier padre orgulloso no resiste presumir de sus logros, hasta que a su hijo lo sorprenden cometiendo un acto tan bestial que borra de un codazo el camino recorrido. Palabras más palabras menos, esto es lo que le pasa a Estados Unidos con Colombia.
Luego de que el Estado colombiano se estimaba al borde del colapso a finales de los noventa, Washington intensificó su ayuda, así como su involucramiento político-militar en la crisis interna en el país. En poco tiempo nos convertimos en vitrina central de la cooperación estadounidense y de “buenas prácticas” en materia de seguridad, incluyendo la asimilación del DIH por parte de las Fuerzas Armadas. Desde entonces, cada vez que se produce un nuevo escándalo nacional que pone en cuestión la obra de nuestro benefactor paterno, este se siente naturalmente traicionado.
En su versión del Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2021, que aún debe conciliarse con la del Senado, la Cámara de Representantes introdujo dos enmiendas sobre Colombia que prohiben el uso de dineros estadounidenses para la fumigación aérea si esta no cumple con los requisitos de la Corte Constitucional y que exigen mayor veeduría sobre las actividades ilegales de inteligencia del Ejército. A esta decisión le antecedió también una carta de 94 legisladores pidiendo mayor presión al Gobierno colombiano para que cumpla con el acuerdo de paz y tome acciones más decisivas para frenar la violencia contra líderes sociales.
En sus respectivas columnas de Semana, María Jimena Duzán y Antonio Caballero describen con acierto a estos requerimientos de Estados Unidos tanto como una vergüenza que pone en evidencia la desidia de nuestras propias instituciones, como una intromisión. En efecto, aunque los condicionamientos estadounidenses asociados al respeto de los derechos humanos, el acuerdo de paz o la legalidad entre las Fuerzas Armadas podrían considerarse más “benévolos” que, por ejemplo, el envío de tropas para la lucha antidrogas, la pretensión de vigilar y disciplinar las conductas del “hijo necio” –como se expresa bien en la afirmación del congresista Jim McGovern de que “no aguantamos más”– corresponden a la misma relación de tipo colonial que existe con Estados Unidos.
Indiscutiblemente, los países poderosos utilizan la asistencia extranjera para moldear el comportamiento de los receptores, y están en todo su derecho de pedir rendición de cuentas y de retirar dicha ayuda cuando sienten que quienes la reciben no retribuyen. Pero una cosa es establecer reglas claras sobre el destino y el uso de los dineros otorgados por Estados Unidos y otra el sabor a tutelaje y paternalismo que –probablemente sin tener ni siquiera conciencia de ello– acompañan advertencias como las de McGovern.
Como es bien sabido, uno de los rasgos más notorios de la política internacional y nacional de Colombia ha sido el peso descomunal ejercido por Estados Unidos. Interesantemente, este episodio más reciente protagonizado por los demócratas desde la Cámara de Representantes, recalca no solo el rol colombiano de súbdito sino la tendencia general que tenemos –sin distingo político-ideológico– de “mirar al polo” en búsqueda de orientación y apoyo.
Imagínese que usted tiene un hijo necio que se lo pasa metiéndose en problemas. Después de años de esfuerzo y de gastos el muchacho se ajuicia y como cualquier padre orgulloso no resiste presumir de sus logros, hasta que a su hijo lo sorprenden cometiendo un acto tan bestial que borra de un codazo el camino recorrido. Palabras más palabras menos, esto es lo que le pasa a Estados Unidos con Colombia.
Luego de que el Estado colombiano se estimaba al borde del colapso a finales de los noventa, Washington intensificó su ayuda, así como su involucramiento político-militar en la crisis interna en el país. En poco tiempo nos convertimos en vitrina central de la cooperación estadounidense y de “buenas prácticas” en materia de seguridad, incluyendo la asimilación del DIH por parte de las Fuerzas Armadas. Desde entonces, cada vez que se produce un nuevo escándalo nacional que pone en cuestión la obra de nuestro benefactor paterno, este se siente naturalmente traicionado.
En su versión del Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2021, que aún debe conciliarse con la del Senado, la Cámara de Representantes introdujo dos enmiendas sobre Colombia que prohiben el uso de dineros estadounidenses para la fumigación aérea si esta no cumple con los requisitos de la Corte Constitucional y que exigen mayor veeduría sobre las actividades ilegales de inteligencia del Ejército. A esta decisión le antecedió también una carta de 94 legisladores pidiendo mayor presión al Gobierno colombiano para que cumpla con el acuerdo de paz y tome acciones más decisivas para frenar la violencia contra líderes sociales.
En sus respectivas columnas de Semana, María Jimena Duzán y Antonio Caballero describen con acierto a estos requerimientos de Estados Unidos tanto como una vergüenza que pone en evidencia la desidia de nuestras propias instituciones, como una intromisión. En efecto, aunque los condicionamientos estadounidenses asociados al respeto de los derechos humanos, el acuerdo de paz o la legalidad entre las Fuerzas Armadas podrían considerarse más “benévolos” que, por ejemplo, el envío de tropas para la lucha antidrogas, la pretensión de vigilar y disciplinar las conductas del “hijo necio” –como se expresa bien en la afirmación del congresista Jim McGovern de que “no aguantamos más”– corresponden a la misma relación de tipo colonial que existe con Estados Unidos.
Indiscutiblemente, los países poderosos utilizan la asistencia extranjera para moldear el comportamiento de los receptores, y están en todo su derecho de pedir rendición de cuentas y de retirar dicha ayuda cuando sienten que quienes la reciben no retribuyen. Pero una cosa es establecer reglas claras sobre el destino y el uso de los dineros otorgados por Estados Unidos y otra el sabor a tutelaje y paternalismo que –probablemente sin tener ni siquiera conciencia de ello– acompañan advertencias como las de McGovern.
Como es bien sabido, uno de los rasgos más notorios de la política internacional y nacional de Colombia ha sido el peso descomunal ejercido por Estados Unidos. Interesantemente, este episodio más reciente protagonizado por los demócratas desde la Cámara de Representantes, recalca no solo el rol colombiano de súbdito sino la tendencia general que tenemos –sin distingo político-ideológico– de “mirar al polo” en búsqueda de orientación y apoyo.