La defensa propia ha sido uno de los conceptos más polémicos del último siglo. En su nombre, tanto Stalin como Hitler realizaron prácticas de represión y exterminio en contra de sus enemigos.
Desde su creación, en 1948, Israel ha acudido a ella para legitimar su derecho a defenderse de sus vecinos árabes mediante estrategias ofensivas. Y después del 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos justificó las guerras en Afganistán e Irak, la creación de cárceles clandestinas y el uso de la tortura con una retórica similar. Tan tergiversado se ha vuelto, que el gobierno de Sudán –cuyo Presidente fue solicitado en arresto por la Corte Penal Internacional– explicó el genocidio practicado en Darfur como un efecto ineludible de su combate legítimo a la insurgencia armada.
A pesar de que en Colombia se ha dicho que la legítima defensa es cada vez más aceptada por el derecho y la comunidad internacional, algunos hechos recientes sugieren, al contrario, que el mundo va cerrando filas en su contra. La guerra de Israel de 2006 contra Hezbollah en el Líbano y su más reciente enfrentamiento con Hamas en la franja de Gaza, han suscitado serios cuestionamientos sobre el mal uso de este principio. Más revelador aún, en EE.UU. se debate sobre la necesidad de crear una “comisión de la verdad” para esclarecer los abusos al estado de derecho cometidos durante el gobierno Bush –el arquitecto del uso preventivo de la fuerza–- con el pretexto de combatir el terrorismo, entre ellos las tácticas de interrogación y ‘chuzadas’ ilegales.
Si bien el artículo 51 de la carta de la ONU consagra el derecho a la legítima defensa en caso de que ocurra un ataque armado contra un país miembro, éste no tiene un carácter ilimitado: las respuestas de fuerza deben ser necesarias, utilizadas sólo como último recurso y proporcionales a las amenazas. El mensaje de quienes han dicho que Colombia debe agotar los mecanismos diplomáticos existentes ante cualquier evidencia de complicidad u omisión de los países vecinos frente a la presencia de las Farc en sus territorios es precisamente ese.
La obsesión con la lucha antiterrorista como objetivo único de la política de seguridad democrática, y la queja oficial de que Colombia está rodeada por países que no comprenden el carácter “extraordinario” de sus problemas – y hasta simpatizan con sus enemigos– ha reforzado la imagen de nuestro país como una isla geopolítica en relación con la vecindad. El imperativo de la prevención de la amenaza terrorista ha generado una clara tensión en la política exterior colombiana entre el deber de respetar las reglas básicas del juego internacional y de reconstruir la confianza mutua, y la necesidad de defenderse mediante una estrategia de realpolitik que no descarta el uso de la fuerza.
De seguir perdiendo terreno la diplomacia (civil y democrática) ante el discurso y las “soluciones” militares, no será lejano el día en el que Colombia termine identificándose como el Israel de América Latina, y no sólo por Hugo Chávez.
* Profesora Titular Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes.
