Como es bien sabido, los asuntos internacionales rara vez ocupan el centro de debate electoral, ni en Colombia ni en el resto del globo. Sin embargo, en un mundo globalizado y crecientemente turbulento en el que los nexos entre lo que pasa dentro y fuera son innegables, la política exterior es un vehículo decisivo de desarrollo y protección de los intereses colectivos y el bienestar de cualquier país. En consecuencia, es importante detallar lo que proponen en esta materia quienes disputan la presidencia colombiana.
El examen de los documentos programáticos y los pronunciamientos públicos de las campañas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández permiten entrever varias posiciones en común. Ambos candidatos prometen restaurar las relaciones consulares y diplomáticas con Venezuela, se oponen al fracking y el uso de glifosato, critican el prohibicionismo frente a las drogas ilícitas y se comprometen a dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de medio ambiente y cambio climático, incluyendo el Acuerdo de Escazú. A su vez, los dos han afirmado que el TLC con Estados Unidos deberá evaluarse y posiblemente renegociarse, dado que ha producido un déficit comercial inmenso, afectado negativamente la producción agrícola nacional, y quedado corto a la hora de promover mayor inversión extranjera y diversificación de las exportaciones colombianas.
Más allá de esas similitudes, la propuesta internacional de Petro está basada en varios ejes centrales, entre ellos la priorización de la integración y la buena vecindad con América Latina y el Caribe, el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento de las normativas internacionales, el cuidado de la vida y el medio ambiente, la política antidrogas basada en evidencia con enfoque diferencial para los distintos eslabones de la cadena, la centralidad de la democracia, la paz y el medio ambiente en las relaciones con Estados Unidos, la migración y la diáspora, y la despolitización del servicio exterior y el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular.
En línea con su campaña general, la agenda externa de Hernández se centra en la supresión del gasto, para la cual promete desmontar parte significativa del aparato diplomático. Además de exigir la renuncia de embajadores y cónsules, bajo la premisa errónea de que todos los cargos en el exterior son utilizados para pagar favores políticos y de que no existen diplomáticos profesionales, propone la supresión de 27 embajadas y de 16 consulados sin balance alguno de su valor estratégico para el país. Para la muestra, al tiempo que el ingeniero insiste en aumentar la actividad empresarial en África, Asia y Oceanía, quiere eliminar o reducir la presencia colombiana en dichas regiones. En el caso específico de Argelia y Marruecos, se tratan de dos de los destinos principales de las exportaciones crecientes de banano del Urabá. No menos absurda es la idea de cerrar la embajada en Australia, un destino educativo clave en donde residen además 19,000 colombianos. Por no hablar de muchos otros destinos neurálgicos incluidos en la lista de clausurados. Considerando que el costo en funcionamiento e inversión del Ministerio de Relaciones Exteriores representa alrededor de 0.3% del presupuesto total del Estado, se trata de un gesto de alto impacto mediático pero de enorme irresponsabilidad política, si no, un salto mundial al vacío.
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