Independientemente de lo que se piense de Estados Unidos y de la interacción de Colombia con ese país, la aprobación de US$450 millones para 2017 —$74 millones más que el año pasado— es un aliciente para el gobierno Santos.
Dado el papel sobredimensionado de Washington en la vida política colombiana, el respaldo a la paz transmitido por la ayuda estadounidense es importante, sobre todo después de la misteriosa reunión de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe con Donald Trump, cuyo objetivo central fue sembrar dudas sobre el acuerdo con las Farc.
Si bien la visita de Santos a la Casa Blanca reafirma el buen estado de la relación bilateral, la complejidad de la actual coyuntura no se puede subestimar.
Hay que recordar, primero, que Trump no tiene política exterior, ni de seguridad y defensa. Para la muestra, la enorme mayoría de nombramientos de funcionarios claves en las carteras de Estado y Defensa aún no se han hecho, con lo cual es difícil anticipar sus directrices futuras. A su haber, Colombia goza de una imagen positiva en Estados Unidos como “historia de éxito” y de relaciones estrechas con legisladores de ambos partidos e integrantes de las administraciones nueva y vieja, tales como el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, exjefe del Comando Sur, y el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos, William Brownfield.
Y por más que el “presupuesto flaco” anunciado por Trump plantea recortes profundos en todo lo relacionado con la asistencia extranjera, las reducciones propuestas para Colombia son considerablemente menores que para el resto del Hemisferio Occidental.
Segundo, la agenda bilateral está atravesada por temas sensibles y de difícil manejo, especialmente drogas ilícitas y Venezuela. El disparo en los cultivos de coca ha prendido alarmas aquí y en Washington, en donde se asocia equivocadamente con la suspensión de la fumigación con glifosato y las negociaciones con las Farc.
Sin embargo, ante la falta de una política integral convincente para atender este problema, se arriesga la renarcotización de la relación y la imposición de una versión trumpiana de “guerra antidrogas” que será tan inefectiva como las anteriores y contraproducente para la paz.
El caso de Venezuela es igual de complejo, ya que la triangulación negativa entre esta, Colombia y Estados Unidos —promovida en el pasado por Uribe— ha sido nefasta para los intereses colombianos en el vecino país, que son tan neurálgicos como los que puede tener con el del norte. Aunque Santos ha mantenido separadas las dos relaciones, existe el riesgo de que la administración Trump busque forzar una posición conjunta frente a la crisis venezolana, la cual hay que evitar a toda costa.
No menos problemático, el papel de Cuba en ésta es una papa caliente que, de tocarse, podría arruinar el diálogo con la isla.
En este contexto, en el que Colombia se encuentra entre la espada y la pared, Santos no parece tener alternativa que apelar a la alianza estratégica que se ha construido con Estados Unidos con miras a ganar tiempo y preservar un margen de maniobra, mientras el panorama en Washington se esclarece.
Independientemente de lo que se piense de Estados Unidos y de la interacción de Colombia con ese país, la aprobación de US$450 millones para 2017 —$74 millones más que el año pasado— es un aliciente para el gobierno Santos.
Dado el papel sobredimensionado de Washington en la vida política colombiana, el respaldo a la paz transmitido por la ayuda estadounidense es importante, sobre todo después de la misteriosa reunión de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe con Donald Trump, cuyo objetivo central fue sembrar dudas sobre el acuerdo con las Farc.
Si bien la visita de Santos a la Casa Blanca reafirma el buen estado de la relación bilateral, la complejidad de la actual coyuntura no se puede subestimar.
Hay que recordar, primero, que Trump no tiene política exterior, ni de seguridad y defensa. Para la muestra, la enorme mayoría de nombramientos de funcionarios claves en las carteras de Estado y Defensa aún no se han hecho, con lo cual es difícil anticipar sus directrices futuras. A su haber, Colombia goza de una imagen positiva en Estados Unidos como “historia de éxito” y de relaciones estrechas con legisladores de ambos partidos e integrantes de las administraciones nueva y vieja, tales como el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, exjefe del Comando Sur, y el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos, William Brownfield.
Y por más que el “presupuesto flaco” anunciado por Trump plantea recortes profundos en todo lo relacionado con la asistencia extranjera, las reducciones propuestas para Colombia son considerablemente menores que para el resto del Hemisferio Occidental.
Segundo, la agenda bilateral está atravesada por temas sensibles y de difícil manejo, especialmente drogas ilícitas y Venezuela. El disparo en los cultivos de coca ha prendido alarmas aquí y en Washington, en donde se asocia equivocadamente con la suspensión de la fumigación con glifosato y las negociaciones con las Farc.
Sin embargo, ante la falta de una política integral convincente para atender este problema, se arriesga la renarcotización de la relación y la imposición de una versión trumpiana de “guerra antidrogas” que será tan inefectiva como las anteriores y contraproducente para la paz.
El caso de Venezuela es igual de complejo, ya que la triangulación negativa entre esta, Colombia y Estados Unidos —promovida en el pasado por Uribe— ha sido nefasta para los intereses colombianos en el vecino país, que son tan neurálgicos como los que puede tener con el del norte. Aunque Santos ha mantenido separadas las dos relaciones, existe el riesgo de que la administración Trump busque forzar una posición conjunta frente a la crisis venezolana, la cual hay que evitar a toda costa.
No menos problemático, el papel de Cuba en ésta es una papa caliente que, de tocarse, podría arruinar el diálogo con la isla.
En este contexto, en el que Colombia se encuentra entre la espada y la pared, Santos no parece tener alternativa que apelar a la alianza estratégica que se ha construido con Estados Unidos con miras a ganar tiempo y preservar un margen de maniobra, mientras el panorama en Washington se esclarece.