En la campaña presidencial de 1992 el uso del eslogan “Es la economía, estúpido” permitió al entonces candidato Bill Clinton conectarse con el electorado estadounidense en momentos en que la economía nacional entraba en recesión y el gobierno de George Bush padre pretendía ignorarlo. Señalar a la diplomacia como culpable del descalabro que vive nuestro país en su pleito con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia no será nada popular, pero en medio del clamor por defender los “intereses superiores de la patria” es necesario. Toda crítica de los vacíos de la estrategia colombiana será incompleta si no da cuenta de los vicios estructurales de la política exterior y de su usufructo clientelista por parte de las élites políticas y económicas, que han arrojado una diplomacia errática, secretista, ineficaz y poco democrática.
En su intento por explicar las decisiones (desfavorables) de la Corte, algunos han resaltado el hecho de que un solo embajador ha representado los intereses nicaragüenses en La Haya desde 1983, mientras que Colombia ha tenido 14. El problema no es ese —la rotación diplomática es normal—, sino que “nuestros” embajadores son nombrados en su mayoría por razones de “amistad” y no experticia, con lo cual la constancia y la “memoria histórica” de los procesos se trastocan. Además, en lugar de consultar a conocedores verdaderos de los temas antes de tomar decisiones, los pocos “diálogos” que acostumbra realizar la Cancillería tienen lugar a posteriori, a modo de información. Pese a que su normatividad contempla la participación de expertos, la flamante Comisión Asesora de Relaciones Exteriores también está cooptada por expresidentes, congresistas y delegados presidenciales cuya función consultiva es limitada.
Alfonso López Michelsen sostenía que Colombia debía negociar una frontera marítima con Nicaragua so riesgo de perder mar en caso de que el diferendo llegara a la CIJ. Sin embargo, con excepción de Ernesto Samper, se desconocen intentos genuinos por cerrar el problema de manera bilateral. Si bien ahora, y sólo por los golpes recibidos, el presidente Santos ha afirmado que hay que negociar un tratado con Nicaragua, el equilibrio de fuerzas entre Bogotá y Managua ha cambiado dramáticamente, con lo cual el sacrificio para Colombia será más oneroso de lo que habría sido en el pasado. Igualmente incalculable es el costo político de desconocer los fallos de un tribunal internacional —como ocurrió con la absurda fórmula de que “acatamos pero no aplicamos” la decisión de 2012—, y de cuestionar la legitimidad de éstos y acusarla de “enemiga” —como está ocurriendo ahora—, revirtiendo toda una tradición de respeto al derecho internacional.
En un gesto desvergonzado de “indignación patriotera”, los mismos responsables de este fiasco rodean al Gobierno y apoyan su arriesgada decisión de no comparecer más ante la Corte. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que, en nombre de la “patria”, se cometan semejantes desmadres diplomáticos?
En la campaña presidencial de 1992 el uso del eslogan “Es la economía, estúpido” permitió al entonces candidato Bill Clinton conectarse con el electorado estadounidense en momentos en que la economía nacional entraba en recesión y el gobierno de George Bush padre pretendía ignorarlo. Señalar a la diplomacia como culpable del descalabro que vive nuestro país en su pleito con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia no será nada popular, pero en medio del clamor por defender los “intereses superiores de la patria” es necesario. Toda crítica de los vacíos de la estrategia colombiana será incompleta si no da cuenta de los vicios estructurales de la política exterior y de su usufructo clientelista por parte de las élites políticas y económicas, que han arrojado una diplomacia errática, secretista, ineficaz y poco democrática.
En su intento por explicar las decisiones (desfavorables) de la Corte, algunos han resaltado el hecho de que un solo embajador ha representado los intereses nicaragüenses en La Haya desde 1983, mientras que Colombia ha tenido 14. El problema no es ese —la rotación diplomática es normal—, sino que “nuestros” embajadores son nombrados en su mayoría por razones de “amistad” y no experticia, con lo cual la constancia y la “memoria histórica” de los procesos se trastocan. Además, en lugar de consultar a conocedores verdaderos de los temas antes de tomar decisiones, los pocos “diálogos” que acostumbra realizar la Cancillería tienen lugar a posteriori, a modo de información. Pese a que su normatividad contempla la participación de expertos, la flamante Comisión Asesora de Relaciones Exteriores también está cooptada por expresidentes, congresistas y delegados presidenciales cuya función consultiva es limitada.
Alfonso López Michelsen sostenía que Colombia debía negociar una frontera marítima con Nicaragua so riesgo de perder mar en caso de que el diferendo llegara a la CIJ. Sin embargo, con excepción de Ernesto Samper, se desconocen intentos genuinos por cerrar el problema de manera bilateral. Si bien ahora, y sólo por los golpes recibidos, el presidente Santos ha afirmado que hay que negociar un tratado con Nicaragua, el equilibrio de fuerzas entre Bogotá y Managua ha cambiado dramáticamente, con lo cual el sacrificio para Colombia será más oneroso de lo que habría sido en el pasado. Igualmente incalculable es el costo político de desconocer los fallos de un tribunal internacional —como ocurrió con la absurda fórmula de que “acatamos pero no aplicamos” la decisión de 2012—, y de cuestionar la legitimidad de éstos y acusarla de “enemiga” —como está ocurriendo ahora—, revirtiendo toda una tradición de respeto al derecho internacional.
En un gesto desvergonzado de “indignación patriotera”, los mismos responsables de este fiasco rodean al Gobierno y apoyan su arriesgada decisión de no comparecer más ante la Corte. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que, en nombre de la “patria”, se cometan semejantes desmadres diplomáticos?