El artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos fija la obligación del presidente de informar al Congreso sobre el estado de la Unión (SOTU, por sus siglas en inglés) y someter a su consideración las medidas que considera necesario adoptar.
Desde 1790, y de forma religiosa, cada ejecutivo ha presentado dicho reporte anual, que a partir del siglo XX se ha hecho extensivo a toda la población. Pese a que algunos cuestionan la utilidad del SOTU por considerarlo un gesto protocolario y vacío, como termómetro para tantear las prioridades, preocupaciones y mentalidades de los mandatarios de turno sigue siendo simbólica y políticamente importante.
Aunque escribo estas líneas sin conocer el contenido específico del discurso que dio el presidente Barack Obama anoche, tanto las primicias reveladas por la Casa Blanca con antelación del SOTU como la adopción de varias decisiones controversiales desde las elecciones de mitaca de 2014 —cuando los republicanos ampliaron su mayoría en la Cámara de Representantes y ganaron el control del Senado— anticipan tiempos a la vez difíciles e interesantes en Washington.
Entre noviembre y diciembre del año pasado, y pese a la derrota sufrida por los demócratas en las urnas, Obama actuó para frenar la deportación de hasta 5 millones de inmigrantes ilegales, suscribir un acuerdo climático con China que compromete a los dos países a restringir sus emisiones de gases de invernadero, y normalizar las relaciones con Cuba. Las tres decisiones, todas históricas, tuvieron de común denominador el rechazo por parte de la oposición. A comienzos de 2015, al inaugurar el Congreso 114 —el de más escaños republicanos desde 1947—, los líderes de la mayoría advirtieron que iban a revocar Obamacare (el programa insignia de salud del Gobierno), bloquear el presupuesto para la vigilancia fronteriza con miras a entorpecer la decisión presidencial sobre los “ilegales”, y aprobar la construcción del polémico oleoducto Keystone XL, que Obama se ha negado a respaldar por los daños ambientales.
Como si las anteriores fuentes de antagonismo no fueran suficientes, el plato fuerte del SOTU —una reforma tributaria y otras medidas sociales para beneficiar a la clase media— ha sido tildado de populista y Robin Hood por parte de los republicanos. La polémica vendrá con la propuesta de aumentar el impuesto sobre dividendos (y otros) para parejas de altos ingresos y dar dos años de enseñanza universitaria gratuita (en community college).
Pese a los signos de recuperación de la economía estadounidense, que han incidido en repuntes significativos en los índices de popularidad de Obama, la clase media aún no experimenta sus beneficios. Las tensiones raciales que se viven a raíz de la brutalidad policial contra afroamericanos e hispanos desarmados solamente resaltan el estado de desunión en el que se encuentra el país. La apuesta del presidente durante el corto tiempo que le queda, además de enderezar algunos aspectos de la política exterior, parece ser avanzar en aquellos temas sociales que la crisis económica exigió postergar. Independientemente de si lo logra, no deja de ser llamativa esta jugada, que pone a los republicanos en la difícil situación de explicarle a la población por qué políticas como las propuestas en el discurso de SOTU no son buena idea.
El artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos fija la obligación del presidente de informar al Congreso sobre el estado de la Unión (SOTU, por sus siglas en inglés) y someter a su consideración las medidas que considera necesario adoptar.
Desde 1790, y de forma religiosa, cada ejecutivo ha presentado dicho reporte anual, que a partir del siglo XX se ha hecho extensivo a toda la población. Pese a que algunos cuestionan la utilidad del SOTU por considerarlo un gesto protocolario y vacío, como termómetro para tantear las prioridades, preocupaciones y mentalidades de los mandatarios de turno sigue siendo simbólica y políticamente importante.
Aunque escribo estas líneas sin conocer el contenido específico del discurso que dio el presidente Barack Obama anoche, tanto las primicias reveladas por la Casa Blanca con antelación del SOTU como la adopción de varias decisiones controversiales desde las elecciones de mitaca de 2014 —cuando los republicanos ampliaron su mayoría en la Cámara de Representantes y ganaron el control del Senado— anticipan tiempos a la vez difíciles e interesantes en Washington.
Entre noviembre y diciembre del año pasado, y pese a la derrota sufrida por los demócratas en las urnas, Obama actuó para frenar la deportación de hasta 5 millones de inmigrantes ilegales, suscribir un acuerdo climático con China que compromete a los dos países a restringir sus emisiones de gases de invernadero, y normalizar las relaciones con Cuba. Las tres decisiones, todas históricas, tuvieron de común denominador el rechazo por parte de la oposición. A comienzos de 2015, al inaugurar el Congreso 114 —el de más escaños republicanos desde 1947—, los líderes de la mayoría advirtieron que iban a revocar Obamacare (el programa insignia de salud del Gobierno), bloquear el presupuesto para la vigilancia fronteriza con miras a entorpecer la decisión presidencial sobre los “ilegales”, y aprobar la construcción del polémico oleoducto Keystone XL, que Obama se ha negado a respaldar por los daños ambientales.
Como si las anteriores fuentes de antagonismo no fueran suficientes, el plato fuerte del SOTU —una reforma tributaria y otras medidas sociales para beneficiar a la clase media— ha sido tildado de populista y Robin Hood por parte de los republicanos. La polémica vendrá con la propuesta de aumentar el impuesto sobre dividendos (y otros) para parejas de altos ingresos y dar dos años de enseñanza universitaria gratuita (en community college).
Pese a los signos de recuperación de la economía estadounidense, que han incidido en repuntes significativos en los índices de popularidad de Obama, la clase media aún no experimenta sus beneficios. Las tensiones raciales que se viven a raíz de la brutalidad policial contra afroamericanos e hispanos desarmados solamente resaltan el estado de desunión en el que se encuentra el país. La apuesta del presidente durante el corto tiempo que le queda, además de enderezar algunos aspectos de la política exterior, parece ser avanzar en aquellos temas sociales que la crisis económica exigió postergar. Independientemente de si lo logra, no deja de ser llamativa esta jugada, que pone a los republicanos en la difícil situación de explicarle a la población por qué políticas como las propuestas en el discurso de SOTU no son buena idea.