Ha generado estupor la filtración de un primer borrador del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que revocaría el derecho constitucional de las mujeres al aborto. Sus contenidos reflejan un rechazo frontal de la decisión histórica de 1973, que en opinión de la mayoría ultraconservadora constituye la usurpación de un asunto moral que la Constitución dejó en manos de los representantes (estatales) elegidos del “pueblo”. Más allá de las trágicas consecuencias para las mujeres más vulnerables de la sociedad estadounidense y el mal ejemplo para el resto del mundo, se trata de una decisión que confirma una tendencia general a restringir y desconocer derechos sociales neurálgicos que se han intensificado desde las elecciones presidenciales de 2020.
Ante la alta participación electoral, 19 estados republicanos adoptaron leyes en 2021 que hacen más difícil votar y que afectan desproporcionalmente a electores latinos, afroamericanos, asiáticos, discapacitados y no angloparlantes. Por más que la protección del derecho al voto fue una de las promesas de campaña de Joe Biden, la Casa Blanca fracasó en su intento de aprobar la legislación correspondiente en el Congreso.
Como si ello fuera poco, al menos 36 estados han aprobado o están debatiendo políticas que restringen también la enseñanza en las escuelas públicas sobre el racismo y otras formas de discriminación y opresión, así como las contribuciones de grupos étnicos y raciales específicos a la historia de Estados Unidos. En el centro de estas discusiones está la “teoría crítica de la raza”, que se ha vuelto el “coco” de la extrema derecha que niega el pasado racista y esclavista del país y las formas en las que el racismo estructural sigue engendrando desigualdades en el interior del sistema judicial, la educación, el mercado laboral y de vivienda y la salud, entre otros. A la par con esto, la vigilancia y la prohibición del fomento de discusiones escolares en torno a la orientación sexual y la identidad de género se han intensificado.
Una de las consecuencias más inquietantes de dicho proceso, en el que participan legisladores, activistas y asociaciones de familia en muchos casos con financiación de grandes donantes republicanos, ha sido la censura de números crecientes de libros acusados de diseminar ideologías “radicales” en torno a temas sensibles como raza, racismo, género y sexualidad. Según la entidad PEN America, desde mediados de 2021, más de 1.500 libros han sido prohibidos en 86 distritos escolares de 20 estados, siendo dos de los más recientes la novela gráfica, Maus sobre el Holocausto, en Tennessee, y la de un libro de la nobel de literatura Toni Morrison en múltiples lugares. En su conjunto, las decisiones judiciales y políticas descritas van retrocediendo algunos de los avances más importantes logrados en relación con la equidad de género, la discriminación racial y el reconocimiento de los derechos LBGTQ. Siendo lo que ocurre en Estados Unidos, para bien y para mal, un termómetro para el resto del mundo, las repercusiones globales de este asedio a los derechos y abierta desdemocratización quedan por verse.
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