Desde la aprobación en 2000 de la Resolución 1325 por el Consejo de Seguridad, el género ha llegado a jugar un rol creciente en la política mundial. Desde entonces, no solo se ha ampliado la agenda de mujeres, paz y seguridad al interior de la ONU, sino que estrategias tales como la transversalización de género han sido adoptadas por la mayoría de los organismos multilaterales y los Estados. En línea con esto, un número creciente de países también se ha adherido a la política exterior feminista (PEF), nombre acuñado originalmente por Suecia y que ha sido acogido oficialmente por Canadá, Francia, México, España, Luxemburgo, Alemania, Chile y tal vez en el futuro próximo, Colombia.
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¿Qué significa proclamar que una política exterior es feminista? En un mundo en el que los hombres ejercen dominio desproporcional en el desarrollo y la ejecución de las políticas nacionales e internacionales y los Estados actúan en función de cánones masculinizados de comportamiento, se trata de un compromiso con la inclusión y el empoderamiento de las mujeres además de la denuncia de fenómenos como la violencia sexual. Para la muestra, las “tres R” (derechos, responsabilidades y recursos) que constituyen la PEF sueca priorizan la participación política, la emancipación económica y los derechos sexuales y reproductivos. Además de ser una cuestión de justicia, la evidencia existente sugiere que la participación de las mujeres en la toma de decisiones tiene un impacto positivo en la sostenibilidad de los acuerdos de paz y en la provisión de protección y seguridad.
Si bien las directrices de los demás países que han acogido la política exterior feminista se derivan de las formuladas por Suecia –cuyo nuevo gobierno acaba de renunciar a ella con el falso argumento de que se ha convertido en simple etiqueta– sus horizontes transformativos no pueden parar allí, sobre todo porque el género está entrelazado con otras formas de discriminación, exclusión y violencia. De ahí que la reivindicación de los derechos y la representación de las mujeres, aunque un paso decisivo, tenga que acompañarse por la desnaturalización de los supuestos generizados, racializados, sexualizados y elitistas en la raíz de las instituciones, prácticas e ideas de la política exterior.
Entendida así, la PEF debe entenderse igualmente como un ethos que no solo pone problemas y metas diferentes en su centro, sino que cuestiona nociones convencionales como el interés nacional y los derechos soberanos, en los que se escudan regularmente los Estados para justificar su (in)acción En lugar de estas, plantea principios rectores como el cuidado y la cooperación empática, consistentes en formas de interrelación paritaria que buscan mantener y reparar el mundo para que podamos vivir en él lo mejor posible. Para ello, el desarrollo de formas innovadoras de escucha que den voz a aquellos grupos sociales más afectados por la injusticia, la violencia y la exclusión se torna esencial.
Más allá de ser percibida como una amenaza al status quo, en especial si se inserta dentro de un marco decolonial, antirracista y anticlasista más amplio, la política exterior feminista enfrenta otros retos, incluyendo su operacionalización y su posible riña con objetivos “duros” vinculados con la seguridad. No por ello debemos desistir de materializar su promesa.
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