La palabra que empieza con “g”

En la diplomacia, si no en la política en general la forma en la que los voceros de los estados nombran a distintos asuntos tiene un significado inmenso, ya que no solo refleja sus posiciones frente a estos, sino que construye el contexto específico dentro del que han de ser discutidos y atendidos. De ahí que el cumplimiento de la promesa de campaña de Joe Biden de reconocer formalmente el genocidio de armenios en el año 106 de su conmemoración no debe entenderse como un simple gesto simbólico vacío de contenido político.

Biden se convirtió en el primer presidente en la historia estadounidense en reconocer el asesinato y deportación masivos de millones de armenios por el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial como un acto genocida, convirtiendo a Estados Unidos en el trigésimo país en hacerlo, junto con Francia, Alemania, Rusia y siete latinoamericanos, entre otros.  Aunque ambas cámaras del Congreso habían aprobado una resolución en la misma línea en 2019, Trump la rechazó con el pretexto de no antagonizar a su homólogo turco, Reccep Tayip Erdogan cuyo acercamiento geopolítico a Rusia, conflictos con varios miembros de la OTAN y violaciones a los derechos humanos han sido motivo para que la actual Casa Blanca tome distancia de quien ha sido un aliado militar, político y comercial crucial por su ubicación estratégica entre Europa Occidental y Medio Oriente.  En reflejo de este enfriamiento, la primera conversación telefónica sostenida entre los mandatarios de los dos países se limitó a un preaviso a Erdogan sobre el pronunciamiento de Biden, el cual fue rechazado aireadamente por Ankara.

Por más que los estados democráticos lamentan y denuncian regularmente los actos atroces ocurridos en diversas partes del mundo, llama la atención su reluctancia de utilizar la palabra que empieza con “g”, en especial dada la vigencia de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio desde 1948 y la creación de la Corte Penal Internacional medio siglo después para investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad.  De hecho, las pocas condenas internacionales por genocidio, en combinación con su escaso nombramiento oficial en el lenguaje estatal llevan a pensar que el compromiso ético-normativo mundial posterior al holocausto con el “nunca más” sigue siendo uno de los menos realizados en la práctica.

Claro está, pronunciamientos como el de Biden frente a los armenios y en general, los derechos humanos contrastan fuertemente con la negativa de Estados Unidos de ratificar el Estatuto de Roma y someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.  También los (pocos) fallos de tribunales internacionales ignoran la posible complicidad de diversos actores de la “comunidad internacional” en actos genocidas.   A su vez, si bien el acto estadounidense puede aligerar en algo las heridas de millones de armenios que viven en el exilio, es de poco consuelo para quienes estén en Armenia y se abocan a un nuevo destierro como consecuencia de su derrota en la más reciente guerra con Azerbaiyán en torno a Nargorno-Karabakh.  Aun así, hay que insistir en el valor innegable que tienen llamar el genocidio por su nombre.