Aunque suele ocurrir que cada gobierno entrante quiera reinventar la rueda, la política exterior presentada por el canciller Carlos Holmes Trujillo está repleta de ideas trilladas y prácticas viejas, con algunas novedades problemáticas.
Sugerir que la interrelación entre los grandes temas nacionales e internacionales constituye una “nueva” realidad es hasta cómico, toda vez que desde la Constitución de 1991 y la apertura de la economía colombiana, sucesivos gobernantes han planteado exactamente eso, priorizando las mismas estrategias de diversificación geográfica y temática, acción imaginativa y proactiva, y profesionalización de la carrera diplomática que nos sugiere ahora el Ministro de Exteriores.
Afirmar que se fortalecerán las relaciones con Estados Unidos, como si éstas no ocuparan desde hace un siglo el centro de la agenda externa del país, que se combatirán frontalmente los cultivos ilícitos, ignorando la condena histórica a Monsanto-Bayer por el efecto cancerígeno del glifosato, y que se reactivará la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, sin contemplar su reconstitución para incorporar a sectores excluidos históricamente, entre ellos la academia, hacen eco análogo del pasado.
El anuncio del retiro de Unasur tampoco es del todo nuevo, ya que el gobierno Santos junto con la mayoría de miembros suspendió su participación en abril de este año a raíz de la situación venezolana. Si bien es cierto que el organismo ha visto mejores días, echar en saco roto este esfuerzo por crear una entidad subregional que atienda autónomamente los problemas latinoamericanos y que sirva de plataforma para la proyección internacional de sus integrantes líder –entre ellos Colombia– parece un sinsentido. ¿Acaso la OEA ha sido más efectiva en la aplicación de la Carta Democrática frente a Venezuela (o Nicaragua)?
Si bien todo intento por perfeccionar la carrera diplomática y consular, el servicio exterior y la atención a los connacionales en el extranjero es bienvenido, cómo hacerlo sigue siendo el interrogante central que suscita la propuesta de Iván Duque. Entre las medidas de fortalecimiento institucional y acción consular planteadas, no se toca el espinoso tema de nombramientos a dedo de quienes muchas veces no reúnen la idoneidad para ejercer los cargos de los que dependen las mejorías prometidas.
Entre lo poco nuevo, se destaca la actuación de Colombia dentro de una coalición internacional para lograr el retorno a la democracia en Venezuela. ¿Significa esto –como lo ha formulado Álvaro Uribe– que el presidente Duque apoyaría una intervención extranjera o golpe con tal de garantizar una transición política en el país vecino? ¿Qué implicaciones tendría una “solución” militar para la actual crisis migratoria?
¿Las “pretensiones inaceptables de Nicaragua” sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia incluyen aquellas sobre las que la Corte Internacional de Justicia falló y/o va a fallar? ¿Cómo afectaría la negativa a acatar dichos fallos nuestra participación activa y no reactiva –otro eje de la “nueva” política exterior colombiana– en distintos escenarios multilaterales? En línea con el objetivo señalado, ¿la posición defensiva de Colombia frente a los derechos humanos no tendría que cambiar? Finalmente, promover la creación de una Corte Internacional Anti-Corrupción –idea que circula desde hace casi una década– resulta algo irónico en boca de uno de los países más corruptos del continente.
Aunque suele ocurrir que cada gobierno entrante quiera reinventar la rueda, la política exterior presentada por el canciller Carlos Holmes Trujillo está repleta de ideas trilladas y prácticas viejas, con algunas novedades problemáticas.
Sugerir que la interrelación entre los grandes temas nacionales e internacionales constituye una “nueva” realidad es hasta cómico, toda vez que desde la Constitución de 1991 y la apertura de la economía colombiana, sucesivos gobernantes han planteado exactamente eso, priorizando las mismas estrategias de diversificación geográfica y temática, acción imaginativa y proactiva, y profesionalización de la carrera diplomática que nos sugiere ahora el Ministro de Exteriores.
Afirmar que se fortalecerán las relaciones con Estados Unidos, como si éstas no ocuparan desde hace un siglo el centro de la agenda externa del país, que se combatirán frontalmente los cultivos ilícitos, ignorando la condena histórica a Monsanto-Bayer por el efecto cancerígeno del glifosato, y que se reactivará la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, sin contemplar su reconstitución para incorporar a sectores excluidos históricamente, entre ellos la academia, hacen eco análogo del pasado.
El anuncio del retiro de Unasur tampoco es del todo nuevo, ya que el gobierno Santos junto con la mayoría de miembros suspendió su participación en abril de este año a raíz de la situación venezolana. Si bien es cierto que el organismo ha visto mejores días, echar en saco roto este esfuerzo por crear una entidad subregional que atienda autónomamente los problemas latinoamericanos y que sirva de plataforma para la proyección internacional de sus integrantes líder –entre ellos Colombia– parece un sinsentido. ¿Acaso la OEA ha sido más efectiva en la aplicación de la Carta Democrática frente a Venezuela (o Nicaragua)?
Si bien todo intento por perfeccionar la carrera diplomática y consular, el servicio exterior y la atención a los connacionales en el extranjero es bienvenido, cómo hacerlo sigue siendo el interrogante central que suscita la propuesta de Iván Duque. Entre las medidas de fortalecimiento institucional y acción consular planteadas, no se toca el espinoso tema de nombramientos a dedo de quienes muchas veces no reúnen la idoneidad para ejercer los cargos de los que dependen las mejorías prometidas.
Entre lo poco nuevo, se destaca la actuación de Colombia dentro de una coalición internacional para lograr el retorno a la democracia en Venezuela. ¿Significa esto –como lo ha formulado Álvaro Uribe– que el presidente Duque apoyaría una intervención extranjera o golpe con tal de garantizar una transición política en el país vecino? ¿Qué implicaciones tendría una “solución” militar para la actual crisis migratoria?
¿Las “pretensiones inaceptables de Nicaragua” sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia incluyen aquellas sobre las que la Corte Internacional de Justicia falló y/o va a fallar? ¿Cómo afectaría la negativa a acatar dichos fallos nuestra participación activa y no reactiva –otro eje de la “nueva” política exterior colombiana– en distintos escenarios multilaterales? En línea con el objetivo señalado, ¿la posición defensiva de Colombia frente a los derechos humanos no tendría que cambiar? Finalmente, promover la creación de una Corte Internacional Anti-Corrupción –idea que circula desde hace casi una década– resulta algo irónico en boca de uno de los países más corruptos del continente.