Desde el ingreso de China en 2001 a la Organización Mundial del Comercio, la confrontación entre esta y EE. UU. ha estado en ciernes. Si bien en su momento Washington estimaba que la inserción china al orden económico liberal abriría su megamercado interno a los productos extranjeros, haría de Pekín un socio-rival responsable y respetuoso de las reglas comerciales, y generaría un efecto contagio en el plano político, dichos cálculos resultaron mayoritariamente errados.
La rápida conversión del país asiático en la segunda economía más grande del globo (además de su considerable poderío militar), la acumulación de un superávit comercial masivo y el desarrollo de un audaz plan, Made in China 2025, para consolidar su competitividad internacional en bienes de alta tecnología, se lograron violando el espíritu de la normatividad comercial —sobre todo mediante la transferencia forzada de tecnologías extranjeras como condición de hacer negocios en China, la falta de protección de la propiedad intelectual y la competencia desleal— y renovando el totalitarismo.
Además de desdoblar al orden liberal para que sirviera sus intereses, Pekín también formuló algunos proyectos nuevos —de forma más notable, la Iniciativa Belt and Road (BRI) y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura—, en función de sus crecientes ambiciones económicas y geoestratégicas. Pese a su renuencia a reconocer cualquier ambición de poder global, tratándose la BRI de uno de los planes de infraestructura más ambiciosos de la historia mundial, que vincula actualmente a 60 países y plantea una extensa conectividad terrestre y marítima, queda la duda de si no se trata de una apuesta por moldear el orden internacional con caracteres chinos.
El caso de Huawei es emblemático de la complejidad e incertidumbre que rodean la coyuntura actual. Mientras algunos atribuyen la captura en diciembre de 2018 en Canadá de su directora financiera (también hija del fundador de la empresa) y solicitud de extradición, y la prohibición reciente de compra de sus productos en Estados Unidos, al simple temor de la competencia feroz de este gigante tecnológico, otros ven en sus vínculos con el Estado chino y su dominio del mercado global de infraestructura 5G —que promete revolucionar la velocidad de descargas y la interconectividad entre distintos aparatos digitales— un grave riesgo de ciberespionaje.
Aunque no es del todo impensable que Donald Trump y Xi Jinping lleguen a un acuerdo cuando se reúnan próximamente en la cumbre del G20 en Osaka, el cual permita superar su guerra arancelaria actual, el contexto interno en ambos países favorece la continuación del conflicto por encima de la búsqueda del consenso. Más allá de si China tiene prácticas comerciales cuestionables o no, mostrarse duro e inamovible frente a Pekín —y muchas otras capitales mundiales, incluyendo la mexicana— le da réditos electorales considerables a Trump, quien solamente piensa ahora en eso. Por su parte, la desaceleración de la economía china hace imposible ceder en algunos puntos controversiales pero neurálgicos del modelo económico, al tiempo que el apoyo estatal al sector de alta tecnología no es negociable. Así, si bien Xi seguirá mostrándose dispuesto al diálogo en reflejo del ánimo gane-gane que supuestamente motiva la conducta internacional del país, evitar cualquier imposición estadounidense que deshonre a la nación china seguirá siendo igualmente importante.
Desde el ingreso de China en 2001 a la Organización Mundial del Comercio, la confrontación entre esta y EE. UU. ha estado en ciernes. Si bien en su momento Washington estimaba que la inserción china al orden económico liberal abriría su megamercado interno a los productos extranjeros, haría de Pekín un socio-rival responsable y respetuoso de las reglas comerciales, y generaría un efecto contagio en el plano político, dichos cálculos resultaron mayoritariamente errados.
La rápida conversión del país asiático en la segunda economía más grande del globo (además de su considerable poderío militar), la acumulación de un superávit comercial masivo y el desarrollo de un audaz plan, Made in China 2025, para consolidar su competitividad internacional en bienes de alta tecnología, se lograron violando el espíritu de la normatividad comercial —sobre todo mediante la transferencia forzada de tecnologías extranjeras como condición de hacer negocios en China, la falta de protección de la propiedad intelectual y la competencia desleal— y renovando el totalitarismo.
Además de desdoblar al orden liberal para que sirviera sus intereses, Pekín también formuló algunos proyectos nuevos —de forma más notable, la Iniciativa Belt and Road (BRI) y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura—, en función de sus crecientes ambiciones económicas y geoestratégicas. Pese a su renuencia a reconocer cualquier ambición de poder global, tratándose la BRI de uno de los planes de infraestructura más ambiciosos de la historia mundial, que vincula actualmente a 60 países y plantea una extensa conectividad terrestre y marítima, queda la duda de si no se trata de una apuesta por moldear el orden internacional con caracteres chinos.
El caso de Huawei es emblemático de la complejidad e incertidumbre que rodean la coyuntura actual. Mientras algunos atribuyen la captura en diciembre de 2018 en Canadá de su directora financiera (también hija del fundador de la empresa) y solicitud de extradición, y la prohibición reciente de compra de sus productos en Estados Unidos, al simple temor de la competencia feroz de este gigante tecnológico, otros ven en sus vínculos con el Estado chino y su dominio del mercado global de infraestructura 5G —que promete revolucionar la velocidad de descargas y la interconectividad entre distintos aparatos digitales— un grave riesgo de ciberespionaje.
Aunque no es del todo impensable que Donald Trump y Xi Jinping lleguen a un acuerdo cuando se reúnan próximamente en la cumbre del G20 en Osaka, el cual permita superar su guerra arancelaria actual, el contexto interno en ambos países favorece la continuación del conflicto por encima de la búsqueda del consenso. Más allá de si China tiene prácticas comerciales cuestionables o no, mostrarse duro e inamovible frente a Pekín —y muchas otras capitales mundiales, incluyendo la mexicana— le da réditos electorales considerables a Trump, quien solamente piensa ahora en eso. Por su parte, la desaceleración de la economía china hace imposible ceder en algunos puntos controversiales pero neurálgicos del modelo económico, al tiempo que el apoyo estatal al sector de alta tecnología no es negociable. Así, si bien Xi seguirá mostrándose dispuesto al diálogo en reflejo del ánimo gane-gane que supuestamente motiva la conducta internacional del país, evitar cualquier imposición estadounidense que deshonre a la nación china seguirá siendo igualmente importante.