El anuncio de un nuevo ciclo de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y oposición despertó escepticismo, pero también una esperanza reservada.
Luego de cuatro intentos fallidos de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, el anuncio de un nuevo ciclo en México con la mediación de Noruega ha sido motivo de entendible escepticismo, pero también de esperanza reservada.
El reporte “Negociando un retorno a la democracia en Venezuela”, publicado por el Washington Office on Latin America (WOLA) y el United States Institute of Peace (USIP), ofrece una radiografía invaluable de las últimas conversaciones de 2019 en Oslo y Barbados que permite identificar los obstáculos centrales a la solución negociada de la crisis venezolana. Entre los factores destacados por sus autores se incluyen: la existencia de facciones “duras” en el chavismo y de la oposición que dificulta ceder y ofrecer concesiones ante las demandas de la contraparte; la acogida incompleta de ambos lados de la negociación como plan A y la tendencia a revertir hacia alternativas distintas cada vez que fracase un ciclo de diálogo, en el caso de los primeros, fracturar la oposición y en el de los segundos aumentar las presiones externas y el distanciamiento de los militares para forzar la salida de Maduro; y la posición (hasta ahora) inamovible de Estados Unidos en relación con el levantamiento de sanciones.
No obstante, ciertos murmullos sugieren que las condiciones que rodearían las próximas conversaciones son otras. Con el cambio de gobierno en Estados Unidos, el afán de Maduro por normalizar las relaciones bilaterales ha aumentado a la par con la apertura de Biden a negociaciones que redunden en el retorno a la democracia sin que la entrega chavista del poder sea una condición previa. En días pasados, tanto la Casa Blanca como la Unión Europea y Canadá manifestaron su disposición a considerar el retiro escalonado de sanciones en la medida que haya avances comprobables hacia la realización de elecciones justas y competitivas. Para las municipales y regionales de noviembre, se estudia la viabilidad de que la Unión Europea realice una misión de observación electoral, siempre y cuando las condiciones técnicas y políticas estén dadas para una contienda libre y transparente.
No menos diciente, el poder dentro de la fragmentada oposición se ha redistribuido en tiempos recientes, sobre todo después de la fallida “Operación Gedeón”, en la que participaron integrantes de la facción de Juan Guaidó. Tanto el grupo liderado por Henrique Capriles como el Foro Cívico Nacional, una coalición amplia de distintos sectores de la sociedad civil, vienen buscando acuerdos parciales con Maduro en pro de la redemocratización y la atención a la crisis humanitaria del país. Uno de sus logros tangibles ha sido la incorporación de dos representantes opositores al Consejo Nacional Electoral. Asimismo, la visita que realiza actualmente una delegación del Foro a Washington visibiliza la existencia de otra oposición con la que Estados Unidos puede asociarse con miras a apoyar la transición política venezolana.
En este escenario no se vislumbra un rol para Colombia como acompañante u observadora internacional, lo cual sería óptimo, dada nuestra compleja interdependencia con el vecino país. Además de la falta de interlocución alguna con Maduro, la petición del gobierno Duque de que Venezuela sea declarada patrocinadora del terrorismo desentona por completo con el momento político que se observa tanto allí como en Estados Unidos.
El anuncio de un nuevo ciclo de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y oposición despertó escepticismo, pero también una esperanza reservada.
Luego de cuatro intentos fallidos de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, el anuncio de un nuevo ciclo en México con la mediación de Noruega ha sido motivo de entendible escepticismo, pero también de esperanza reservada.
El reporte “Negociando un retorno a la democracia en Venezuela”, publicado por el Washington Office on Latin America (WOLA) y el United States Institute of Peace (USIP), ofrece una radiografía invaluable de las últimas conversaciones de 2019 en Oslo y Barbados que permite identificar los obstáculos centrales a la solución negociada de la crisis venezolana. Entre los factores destacados por sus autores se incluyen: la existencia de facciones “duras” en el chavismo y de la oposición que dificulta ceder y ofrecer concesiones ante las demandas de la contraparte; la acogida incompleta de ambos lados de la negociación como plan A y la tendencia a revertir hacia alternativas distintas cada vez que fracase un ciclo de diálogo, en el caso de los primeros, fracturar la oposición y en el de los segundos aumentar las presiones externas y el distanciamiento de los militares para forzar la salida de Maduro; y la posición (hasta ahora) inamovible de Estados Unidos en relación con el levantamiento de sanciones.
No obstante, ciertos murmullos sugieren que las condiciones que rodearían las próximas conversaciones son otras. Con el cambio de gobierno en Estados Unidos, el afán de Maduro por normalizar las relaciones bilaterales ha aumentado a la par con la apertura de Biden a negociaciones que redunden en el retorno a la democracia sin que la entrega chavista del poder sea una condición previa. En días pasados, tanto la Casa Blanca como la Unión Europea y Canadá manifestaron su disposición a considerar el retiro escalonado de sanciones en la medida que haya avances comprobables hacia la realización de elecciones justas y competitivas. Para las municipales y regionales de noviembre, se estudia la viabilidad de que la Unión Europea realice una misión de observación electoral, siempre y cuando las condiciones técnicas y políticas estén dadas para una contienda libre y transparente.
No menos diciente, el poder dentro de la fragmentada oposición se ha redistribuido en tiempos recientes, sobre todo después de la fallida “Operación Gedeón”, en la que participaron integrantes de la facción de Juan Guaidó. Tanto el grupo liderado por Henrique Capriles como el Foro Cívico Nacional, una coalición amplia de distintos sectores de la sociedad civil, vienen buscando acuerdos parciales con Maduro en pro de la redemocratización y la atención a la crisis humanitaria del país. Uno de sus logros tangibles ha sido la incorporación de dos representantes opositores al Consejo Nacional Electoral. Asimismo, la visita que realiza actualmente una delegación del Foro a Washington visibiliza la existencia de otra oposición con la que Estados Unidos puede asociarse con miras a apoyar la transición política venezolana.
En este escenario no se vislumbra un rol para Colombia como acompañante u observadora internacional, lo cual sería óptimo, dada nuestra compleja interdependencia con el vecino país. Además de la falta de interlocución alguna con Maduro, la petición del gobierno Duque de que Venezuela sea declarada patrocinadora del terrorismo desentona por completo con el momento político que se observa tanto allí como en Estados Unidos.