Negociar con criminales

Hay decenas de millones de personas en el mundo, especial pero no exclusivamente en América Latina y el Caribe, cuya cotidianidad está afectada por el ejercicio de grados variables de control territorial, administración de la justicia, regulación económica y provisión de la (in)seguridad por parte de grupos criminales de distinta índole. Además de ser una de las fuentes principales de violencia en la región, al acentuar la ausencia y la debilidad institucional de los estados, la gobernanza criminal también ha agudizado la crisis de legitimidad de estos y dificultado la construcción de ciudadanía.

Pese a lo anterior, y a diferencia de los movimientos insurgentes, se trata de un tipo de actor cuya oposición a la autoridad estatal es más sutil y que por lo general convive y hasta coopera con ella. De ahí que la gobernanza criminal rara vez es vista como una amenaza existencial por parte de los estados, por más que atenta contra la vida y el bienestar de muchos habitantes, en especial de los sectores más vulnerables de las poblaciones. Según diversos estudiosos del fenómeno, la imbricación creciente entre organizaciones criminales y estados significa que no se puede entender ni remediar la atrofia estatal en aislamiento de esta forma funesta pero común de gobernanza. A su vez, la dependencia mutua existente permite apreciar por qué las políticas represivas y militarizadas en boga para combatir las drogas ilícitas y otros problemas no solo no han reducido el crimen y la violencia, sino que han agudizado las inseguridades y hasta fortalecido el poder criminal.

Aunque hasta ahora ha habido mayor disposición y aceptación mundial para negociar con actores violentos no estatales considerados “políticos” en lugar de “criminales”, la negociación con pandillas, mafias, carteles y piratas por parte de comunidades locales, fuerzas de seguridad y gobiernos alrededor del globo es más frecuente de lo que se cree. De las diferentes experiencias que han tenido lugar en América Latina y el Caribe, Asia, África y Europa, existe la intuición de que negociar con criminales ha arrojado un balance limitado en términos de la eliminación completa de la violencia y de las actividades ilegales. Si bien puede ser cierto, hace falta una evaluación empírica sistemática de dichas iniciativas.

Por más controversial que suene la idea del sometimiento de grupos multicrimen propuesta por el gobierno Petro como componente neurálgico de la paz total, el hecho de la gobernanza criminal aquí y en buena parte de nuestra región hace de la negociación un vehículo prácticamente inevitable para reducir la violencia, aumentar la seguridad y cimentar los lazos entre el Estado y los “nadies” de Colombia. Para esto, proyectar las lecciones aprendidas de otros diálogos de paz hacia cualquier proceso con actores criminales parece clave para garantizar una óptima preparación, fijación de agenda, objetivos y reglas de juego, participación de víctimas y comunidades más afectadas, comunicación pública oportuna y anticipación de riesgos de reincidencia y reconfiguración criminal. Aunado a ello, la centralidad del narcotráfico, de la mano de otras economías ilícitas, para la gobernanza criminal exige desarrollar en simultánea una nueva política de drogas que para ser exitosa requerirá no solo ingenio y concertación nacional, sino comprometidos aliados regionales e internacionales.

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