Donde más duele

Las consecuencias de que quienes más dinero y poder tienen, sean los mayores evasores de sus responsabilidades tributarias son colosales.

Opinión

Foto: El Espectador

En la investigación Pandora Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), 150 socios mediáticos de todo el globo, incluyendo Le Monde, El País, Washington Post, The Guardian, BBC, Deutsche Welle y El Espectador, participaron en el análisis de casi 12 millones de documentos compartidos por 14 proveedores diferentes de servicios financieros offshore. Se trata de la filtración más grande de la historia sobre el sistema global de paraísos fiscales. Desde acusaciones de sensacionalismo, persecución y distorsión de la información, hasta la trillada insistencia en que no es ilegal tener dinero o bienes en el extranjero y la promesa de algunos gobiernos de investigar a los involucrados —el doble de los revelados por los Panama Papers hace 5 años— la avalancha de reacciones que ha provocado su publicación delata la importancia que ha cobrado la evasión de impuestos para el enriquecimiento sostenido de las personas más privilegiadas y poderosas del mundo.

Entre algunos hallazgos que se destacan en el estudio, llaman la atención varios: al menos 330 políticos y funcionarios públicos y 35 líderes actuales y anteriores, provenientes de 90 países están implicados en actividades offshore, lo cual recalca su carácter global; Estados Unidos se ha convertido en un nodo central de las actividades offshore, en especial estados como Dakota del Sur, Florida, Delaware, Texas y Nevada; y un área creciente del sector financiero se especializa en ayudar a ocultar el patrimonio y minimizar “legalmente” los impuestos que se deberían en circunstancias normales. En últimas, se trata de una práctica sistémica que ha permitido, literalmente, el saqueo de riqueza por parte de las elites mundiales, en condenable emulación de las estrategias coloniales del pasado.

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Las consecuencias de que quienes más dinero y poder tienen, sean los mayores evasores de sus responsabilidades tributarias son colosales. El que los sistemas nacionales y mundial estén desregulados y hechos para hacerles el quite, incluso con “legalidad” significa que en muchos lugares es a los empleados, y las clases medias y bajas a quienes más se les exprime en búsqueda de contribuciones fiscales. Para la muestra, ProPública reveló en junio de 2021 que los estadounidenses más ricos pagan un porcentaje ínfimo de impuestos en comparación con el resto de la población, al tiempo que sus ingresos también han crecido. En un contexto internacional caracterizado por el aumento de la pobreza extrema a niveles similares de hace 20 años y la agudización de la desigualdad —con implicaciones de género críticas— el estancamiento de la inversión pública en servicios vitales como salud, educación, infraestructura y conectividad es casi criminal.

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Por razones obvias, a nadie le gusta pagar impuestos. De ahí que la tributación, para que sea considerada legítima y justa, no solo tiene que basarse en el sacrificio equitativo sino traducirse en resultados públicos tangibles en pro del bienestar colectivo. Estudios como Pandora Papers ponen de presente las profundas injusticias que subyacen el cobro local y global de aportes fiscales. Si bien la propuesta del impuesto mínimo de 15 % a las corporaciones multinacionales, respaldada por unos 140 países, busca combatir las inequidades denunciadas, aún de materializarse no pondrá fin a los paraísos fiscales. Considerando quienes más se benefician de estos, es quimérico pensar que haya voluntad política de hacerlo.

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