Politización, militarización y democracia

La polémica creada por las declaraciones del comandante del Ejército Nacional en contra del candidato presidencial Gustavo Petro invita a examinar lo que viene ocurriendo en Colombia en clave internacional, en donde la crisis de la democracia, la desconfianza en las instituciones políticas y la polarización, de la mano de la legitimidad de los actores castrenses, han conllevado a la politización de las fuerzas armadas y la militarización de la política. En reflejo de ello, en 2021 se produjeron más intentos de golpe de Estado que en los cinco años anteriores juntos, llevando al secretario general de la ONU a referirse a una “epidemia” golpista. No más en el continente africano, desde 2020 ha habido seis exitosos, mientras que en el Sur y Sudeste de Asia, los militares controlan el Estado en Birmania y Tailandia, y ejercen un rol protagónico en Camboya, Filipinas, Indonesia y Pakistán.

América Latina no ha sido ajena a este resucitar militar. Si bien la supremacía del poder civil y el carácter no deliberante del sector castrense constituyen dos pilares de las democracias de la región, en la mayoría de los países se constatan nuevas formas de injerencia de la fuerza pública no solo en relación con la seguridad interna sino con problemáticas sociales, políticas y ambientales de diversa índole. Además de los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y Brasil, en donde Bolsonaro ha tenido a más militares en su gabinete que durante la dictadura misma, muchos otros mandatorios latinoamericanos también han promovido en distintos grados la (re)politización de la institución. Como es de esperarse, esta no ha perdido la oportunidad para validar su existencia (y presupuesto) más allá de las funciones convencionales de defensa de la soberanía, protección de la integridad territorial y garantía del orden constitucional. De ahí que la diversificación de la misión castrense tanto en lo doméstico como lo internacional se haya tornado fundamental.

Si bien el proceso descrito viene gestándose desde hace rato en Colombia, el uribismo e Iván Duque lo han profundizado al vincular a la fuerza pública a proyectos partidistas ideologizados y al involucrarla en temas sensibles del debate nacional. En línea con el artículo 219 de la Constitución de 1991, que reza que militares y policías no pueden intervenir en actividades políticas, se deduce que tres de las prohibiciones que deben limitar su actuar incluyen la injerencia en elecciones, la expresión de afinidades partidistas y el otorgamiento de avales institucionales a determinados candidatos o grupos. Sin embargo, es justamente lo que hizo el general Zapateiro con su intervención en Twitter, con el beneplácito tanto de Duque como de prácticamente todo el establecimiento político de derecha, por no hablar de los militares en retiro.

En caso de que no gusten los resultados de las elecciones presidenciales, esta situación plantea un escenario alarmante pero plausible de crisis constitucional en el que la fuerza pública colombiana toma la decisión de violar los límites legales a su actuar al desconocer la autoridad del presidente electo o de desacatar la orden del mandatario en ejercicio o de algunos políticos civiles en el momento en que estos deciden lo mismo. Más allá de la ruptura irreparable de nuestra democracia, la escalada de violencia que esto provocaría sería inimaginable.