Un día que comenzó con esperanza a raíz del triunfo histórico de un demócrata afroamericano y otro judío en las elecciones de Georgia para el Senado, en buena medida debido a la movilización del voto negro, terminó no sorpresivamente, con la toma del Capitolio por seguidores trumpistas, algunos de quienes portaban la bandera confederada, símbolo del odio racial y la supremacía blanca. Aunque no cabe duda de que el extremismo de derecha encontró en la presidencia de Trump terreno fértil para normalizarse y empoderarse, este y otros hechos recientes de violencia confirman una patología de raíces más hondas.
En años recientes, distintas entidades públicas y privadas vienen advirtiendo que los grupos de extrema derecha han crecido de forma desproporcional en comparación con otras expresiones de radicalismo. Según el Center for Strategic International Studies (CSIS) y el Global Terrorism Database (GTD), por ejemplo, desde 1994 han sido responsables de la mayoría de episodios terroristas, mientras que en 2019 dos tercios fueron atribuidos a ellos y en la primera mitad de 2020 un 90%. Tan así que el año pasado el Departamento de Seguridad Nacional los identificó como la mayor amenaza a Estados Unidos.
Se tratan de actores descentralizados, incluyendo supremacistas blancos, milicias anti-gobierno e incels (celibatos involuntarios) que comparten una serie de agravios ideológicos originados en el racismo, la misoginia, el antisemitismo, la islamofobia y la percepción de intervención estatal excesiva. Aunque son mayoritariamente hombres, la decisión de 55 % de las mujeres blancas de votar por Trump y su participación en distintos amotinamientos como el del Capitolio, sugieren que también tienen atractivo para ciertos segmentos de la población femenina.
La negativa a aceptar los resultados electorales y los llamados de Trump y acólitos como Donald Jr. y Rudy Giuliani de luchar para retomar América fueron la llama que incendió lo que fue bautizado como el Wild Protest. No se trató de un acto inesperado ni espontáneo sino de una insurrección incentivada desde la Casa Blanca y orquestada en redes, en la cual el objetivo no solo fue interrumpir la certificación de las elecciones sino capturar a algunos legisladores, en línea con el intento frustrado de secuestro de la gobernadora de Michigan en octubre pasado. Dada la alta seguridad de la que goza el Capitolio y la dificultad de navegar sus laberínticos pasillos y túneles, igual de inquietante fue la facilidad con la que las hordas entraron y ubicaron oficinas específicas, incluyendo la de Nancy Pelosi. Más allá del reducido pie de fuerza de la Policía del Capitolio y de la negativa a autorizar el envío de la Guardia Nacional ese día -- ambos responsabilidad del gobierno federal -- los testimonios visuales y hablados sugieren que algunos policías, si no también funcionarios legislativos no solo no hicieron nada, sino que colaboraron y hasta se tomaron selfies con los violentos.
Esto, aunado a los llamados cínicos de los mismos republicanos que desconocieron los resultados electorales, de buscar la unidad nacional en lugar de enfocarse en el castigo de los responsables -- comenzando por Trump -- hace pensar que lo que pasó la semana pasada no es el fin, sino el inicio del despliegue de una extrema derecha envalentonada que anuncia que volverá en breve portando sus armas.
Un día que comenzó con esperanza a raíz del triunfo histórico de un demócrata afroamericano y otro judío en las elecciones de Georgia para el Senado, en buena medida debido a la movilización del voto negro, terminó no sorpresivamente, con la toma del Capitolio por seguidores trumpistas, algunos de quienes portaban la bandera confederada, símbolo del odio racial y la supremacía blanca. Aunque no cabe duda de que el extremismo de derecha encontró en la presidencia de Trump terreno fértil para normalizarse y empoderarse, este y otros hechos recientes de violencia confirman una patología de raíces más hondas.
En años recientes, distintas entidades públicas y privadas vienen advirtiendo que los grupos de extrema derecha han crecido de forma desproporcional en comparación con otras expresiones de radicalismo. Según el Center for Strategic International Studies (CSIS) y el Global Terrorism Database (GTD), por ejemplo, desde 1994 han sido responsables de la mayoría de episodios terroristas, mientras que en 2019 dos tercios fueron atribuidos a ellos y en la primera mitad de 2020 un 90%. Tan así que el año pasado el Departamento de Seguridad Nacional los identificó como la mayor amenaza a Estados Unidos.
Se tratan de actores descentralizados, incluyendo supremacistas blancos, milicias anti-gobierno e incels (celibatos involuntarios) que comparten una serie de agravios ideológicos originados en el racismo, la misoginia, el antisemitismo, la islamofobia y la percepción de intervención estatal excesiva. Aunque son mayoritariamente hombres, la decisión de 55 % de las mujeres blancas de votar por Trump y su participación en distintos amotinamientos como el del Capitolio, sugieren que también tienen atractivo para ciertos segmentos de la población femenina.
La negativa a aceptar los resultados electorales y los llamados de Trump y acólitos como Donald Jr. y Rudy Giuliani de luchar para retomar América fueron la llama que incendió lo que fue bautizado como el Wild Protest. No se trató de un acto inesperado ni espontáneo sino de una insurrección incentivada desde la Casa Blanca y orquestada en redes, en la cual el objetivo no solo fue interrumpir la certificación de las elecciones sino capturar a algunos legisladores, en línea con el intento frustrado de secuestro de la gobernadora de Michigan en octubre pasado. Dada la alta seguridad de la que goza el Capitolio y la dificultad de navegar sus laberínticos pasillos y túneles, igual de inquietante fue la facilidad con la que las hordas entraron y ubicaron oficinas específicas, incluyendo la de Nancy Pelosi. Más allá del reducido pie de fuerza de la Policía del Capitolio y de la negativa a autorizar el envío de la Guardia Nacional ese día -- ambos responsabilidad del gobierno federal -- los testimonios visuales y hablados sugieren que algunos policías, si no también funcionarios legislativos no solo no hicieron nada, sino que colaboraron y hasta se tomaron selfies con los violentos.
Esto, aunado a los llamados cínicos de los mismos republicanos que desconocieron los resultados electorales, de buscar la unidad nacional en lugar de enfocarse en el castigo de los responsables -- comenzando por Trump -- hace pensar que lo que pasó la semana pasada no es el fin, sino el inicio del despliegue de una extrema derecha envalentonada que anuncia que volverá en breve portando sus armas.