Una de las herramientas más comunes, pero menos efectivas, de la diplomacia de tipo coercitivo son las sanciones. En el mejor de los escenarios permiten aumentar la conciencia y la presión mundial frente a las prácticas ilícitas de algunos gobiernos. Y en el peor, sus consecuencias resultan más dañinas que sus objetivos, que abarcan desde el cambio de comportamiento internacional hasta la transición política nacional. Esas incluyen el fortalecimiento de los regímenes “parias” y el aumento de la represión, la corrupción y otras artimañas para mantenerse en el poder, además de la afectación de la población civil inocente, y menos discutido, pero igualmente importante, la consolidación de relaciones entre los mismos países sancionados.
En el caso de Irán y Venezuela —dos de los castigados insignia de la Casa Blanca—, la alianza antiimperialista con la que soñaron hace una década Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad ha dado lugar a interacciones más pragmáticas originadas en la necesidad de ambos regímenes de subsistir. Por más turbias que hayan sido algunas de sus negociaciones, vinculadas al envío de alimentos y medicamentos iraníes y la apertura de un supermercado —probablemente una fachada para lavado de activos—, el trueque de las reservas venezolanas de oro por combustible —parte del cual ha sido confiscado por EE. UU. camino a ese país— y la adquisición de armas, en las cuales Álex Saab parece haber jugado un rol protagónico, todas reflejan un mismo instinto de preservación.
Las informaciones de inteligencia de que Maduro estaría intentando comprar misiles tierra-tierra de mediano alcance, recogidas seguramente por la emergente tríada estratégica Estados Unidos-Israel-Colombia, han sido utilizadas por Bogotá y Washington, así como por el ala oficial de la oposición venezolana, para insistir en la tesis de que Maduro es una amenaza no solo para la democracia y la paz, sino también para la seguridad de toda América Latina. De allí que figuras como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el canciller interno, Julio Borges, y el senador Marco Rubio han instado a la movilización continental en contra del flagelo chavista.
Aunque algunos medios colombianos han reconocido que el deseo de Maduro de armarse mejor obedece a su defensa contra cualquier acción militar de Estados Unidos, que factible o remota, permite justificar la necesidad de estar preparado (como Cuba ante el embargo), poco se ha cuestionado la futilidad del teatro político hecho por nuestro Gobierno sobre este episodio. En lugar de la confirmación de un gesto bélico, se trata de una jugada calculada en respuesta a la estrangulación económica, comercial y política liderada por Estados Unidos y secundada por Colombia. Al incursionar en lo que Washington considera su “patio trasero”, el régimen iraní también busca esquivar las duras sanciones impuestas por Trump al salirse del acuerdo nuclear negociado por su antecesor y, de paso, crispar al mandatario estadounidense. Por más que Duque trate de prender las alarmas regionales, el asocio entre Caracas y Teherán sigue el libreto de cualquier manual introductorio de relaciones internacionales. Haría bien el ocupante de la Casa de Nariño en imaginar otra estrategia, sobre todo con miras a unas elecciones estadounidenses que podrían resultar en virajes significativos en la política exterior de ese país.
Una de las herramientas más comunes, pero menos efectivas, de la diplomacia de tipo coercitivo son las sanciones. En el mejor de los escenarios permiten aumentar la conciencia y la presión mundial frente a las prácticas ilícitas de algunos gobiernos. Y en el peor, sus consecuencias resultan más dañinas que sus objetivos, que abarcan desde el cambio de comportamiento internacional hasta la transición política nacional. Esas incluyen el fortalecimiento de los regímenes “parias” y el aumento de la represión, la corrupción y otras artimañas para mantenerse en el poder, además de la afectación de la población civil inocente, y menos discutido, pero igualmente importante, la consolidación de relaciones entre los mismos países sancionados.
En el caso de Irán y Venezuela —dos de los castigados insignia de la Casa Blanca—, la alianza antiimperialista con la que soñaron hace una década Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad ha dado lugar a interacciones más pragmáticas originadas en la necesidad de ambos regímenes de subsistir. Por más turbias que hayan sido algunas de sus negociaciones, vinculadas al envío de alimentos y medicamentos iraníes y la apertura de un supermercado —probablemente una fachada para lavado de activos—, el trueque de las reservas venezolanas de oro por combustible —parte del cual ha sido confiscado por EE. UU. camino a ese país— y la adquisición de armas, en las cuales Álex Saab parece haber jugado un rol protagónico, todas reflejan un mismo instinto de preservación.
Las informaciones de inteligencia de que Maduro estaría intentando comprar misiles tierra-tierra de mediano alcance, recogidas seguramente por la emergente tríada estratégica Estados Unidos-Israel-Colombia, han sido utilizadas por Bogotá y Washington, así como por el ala oficial de la oposición venezolana, para insistir en la tesis de que Maduro es una amenaza no solo para la democracia y la paz, sino también para la seguridad de toda América Latina. De allí que figuras como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el canciller interno, Julio Borges, y el senador Marco Rubio han instado a la movilización continental en contra del flagelo chavista.
Aunque algunos medios colombianos han reconocido que el deseo de Maduro de armarse mejor obedece a su defensa contra cualquier acción militar de Estados Unidos, que factible o remota, permite justificar la necesidad de estar preparado (como Cuba ante el embargo), poco se ha cuestionado la futilidad del teatro político hecho por nuestro Gobierno sobre este episodio. En lugar de la confirmación de un gesto bélico, se trata de una jugada calculada en respuesta a la estrangulación económica, comercial y política liderada por Estados Unidos y secundada por Colombia. Al incursionar en lo que Washington considera su “patio trasero”, el régimen iraní también busca esquivar las duras sanciones impuestas por Trump al salirse del acuerdo nuclear negociado por su antecesor y, de paso, crispar al mandatario estadounidense. Por más que Duque trate de prender las alarmas regionales, el asocio entre Caracas y Teherán sigue el libreto de cualquier manual introductorio de relaciones internacionales. Haría bien el ocupante de la Casa de Nariño en imaginar otra estrategia, sobre todo con miras a unas elecciones estadounidenses que podrían resultar en virajes significativos en la política exterior de ese país.