Las condenas recientes de tres colaboradores cercanos de Donald Trump (Michael Flynn, su primer consejero de seguridad nacional; Michael Cohen, su abogado, y Paul Manafort, su director de campaña), todas producto de la investigación del fiscal ad hoc, Robert Mueller, quien se centra en la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, pero que ha expuesto otras conductas criminales, comprometen directamente al presidente estadounidense.
En respuesta al limbo jurídico-político que crece a su alrededor, Trump tuitea casi a diario que los procesos legales que hay en curso contra él y su emporio familiar son una “cacería de brujas” perpetrada por sus enemigos (demócratas). Empero, en la sentencia de Cohen en particular, el juez alude al “banquete” de infracciones cometidas y dictamina que el “individuo 1” —quien, se sobreentiende, es el ocupante de la Casa Blanca— ordenó a su entonces abogado cometer un crimen federal, consistente en pagarle el silencio a una actriz porno y a varias otras mujeres sobre sus relaciones sexuales con él. En consecuencia, se ha comenzado a referir a Trump como a un “coconspirador no acusado”, término aplicado en su momento a Richard Nixon por el escándalo de Watergate y que allanó el camino al juicio político que llevó a su renuncia.
En entrevista con CBS, que poca atención ha recibido en los medios, el excanciller Rex Tillerson confirma que el sistema de valores de su exjefe es problemático y que en reiteradas ocasiones debía frenar los impulsos de este, que llevaban a insistir en acciones que violaban la ley y los tratados suscritos por Estados Unidos. Queda por verse si también hablen otros exfuncionarios que han encontrado imposible trabajar en semejantes circunstancias, como el saliente jefe de gabinete, John Kelly.
Aunque la Constitución no especifica que un presidente en ejercicio no puede ser acusado de cometer un crimen, la opinión vigente del Departamento de Justicia es que ello es imposible. De allí las especulaciones de que si Trump no es reelegido en 2020, le lloverán distintas acusaciones criminales en el momento de dejar la Casa Blanca, incluyendo la violación de las leyes de financiación de campañas, fraude tributario y violación de las reglas que prohíben el lucro (emolumento) en ejercicio, por no mencionar los posibles resultados de la investigación rusa. En caso contrario, habrá vencimiento de términos para la mayoría de estos crímenes.
Además de que el tiempo juega a favor del mandatario, la mitad de los estadounidenses aún no está convencida de que a Trump se le debe abrir un proceso de impeachment, por más creíbles que sean muchas de las acusaciones contra él. Mientras que los demócratas se preparan para tomar el control de la Cámara de Representantes, momento a partir del cual comenzarán a ejercer mayores funciones de veeduría e investigación, comenzando por la exigencia de que el Ejecutivo publique sus declaraciones de renta, los republicanos tendrán que sopesar la defensa de la democracia y los ideales conservadores con la tolerancia de conductas corruptas (y criminales) frente a las que no han mostrado reparo alguno. En ambos casos, las inclinaciones de la opinión pública frente a Trump serán decisivas. Como mínimo, 2019 (cuando volverá a reaparecer esta columna) será un año interesante.
Las condenas recientes de tres colaboradores cercanos de Donald Trump (Michael Flynn, su primer consejero de seguridad nacional; Michael Cohen, su abogado, y Paul Manafort, su director de campaña), todas producto de la investigación del fiscal ad hoc, Robert Mueller, quien se centra en la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, pero que ha expuesto otras conductas criminales, comprometen directamente al presidente estadounidense.
En respuesta al limbo jurídico-político que crece a su alrededor, Trump tuitea casi a diario que los procesos legales que hay en curso contra él y su emporio familiar son una “cacería de brujas” perpetrada por sus enemigos (demócratas). Empero, en la sentencia de Cohen en particular, el juez alude al “banquete” de infracciones cometidas y dictamina que el “individuo 1” —quien, se sobreentiende, es el ocupante de la Casa Blanca— ordenó a su entonces abogado cometer un crimen federal, consistente en pagarle el silencio a una actriz porno y a varias otras mujeres sobre sus relaciones sexuales con él. En consecuencia, se ha comenzado a referir a Trump como a un “coconspirador no acusado”, término aplicado en su momento a Richard Nixon por el escándalo de Watergate y que allanó el camino al juicio político que llevó a su renuncia.
En entrevista con CBS, que poca atención ha recibido en los medios, el excanciller Rex Tillerson confirma que el sistema de valores de su exjefe es problemático y que en reiteradas ocasiones debía frenar los impulsos de este, que llevaban a insistir en acciones que violaban la ley y los tratados suscritos por Estados Unidos. Queda por verse si también hablen otros exfuncionarios que han encontrado imposible trabajar en semejantes circunstancias, como el saliente jefe de gabinete, John Kelly.
Aunque la Constitución no especifica que un presidente en ejercicio no puede ser acusado de cometer un crimen, la opinión vigente del Departamento de Justicia es que ello es imposible. De allí las especulaciones de que si Trump no es reelegido en 2020, le lloverán distintas acusaciones criminales en el momento de dejar la Casa Blanca, incluyendo la violación de las leyes de financiación de campañas, fraude tributario y violación de las reglas que prohíben el lucro (emolumento) en ejercicio, por no mencionar los posibles resultados de la investigación rusa. En caso contrario, habrá vencimiento de términos para la mayoría de estos crímenes.
Además de que el tiempo juega a favor del mandatario, la mitad de los estadounidenses aún no está convencida de que a Trump se le debe abrir un proceso de impeachment, por más creíbles que sean muchas de las acusaciones contra él. Mientras que los demócratas se preparan para tomar el control de la Cámara de Representantes, momento a partir del cual comenzarán a ejercer mayores funciones de veeduría e investigación, comenzando por la exigencia de que el Ejecutivo publique sus declaraciones de renta, los republicanos tendrán que sopesar la defensa de la democracia y los ideales conservadores con la tolerancia de conductas corruptas (y criminales) frente a las que no han mostrado reparo alguno. En ambos casos, las inclinaciones de la opinión pública frente a Trump serán decisivas. Como mínimo, 2019 (cuando volverá a reaparecer esta columna) será un año interesante.